El pasado lunes 5 de agosto, a las 9:00a.m. entró en vigor la Orden Ejecutiva suscrita por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobando nuevas sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la República Bolivariana de Venezuela. Se trata del séptimo documento aprobado por Estados Unidos contra este hermano país. El documento es un incremento en la política injerencista de Estados Unidos que ya ha incluido movimientos de desestabilización violenta; intentos de golpe de Estado; la adopción de medidas extraterritoriales dirigidas a asfixiar económicamente al país; y la congelación de importantes activos, materiales y monetarios, de Venezuela en bancos extranjeros e inversiones en Estados Unidos. En esta ocasión, como ha indicado el gobierno estadounidense a través de uno de sus principales voceros, se pretende bloquear el acceso de Venezuela al sistema financiero internacional.

El proceso de adopción de medidas económicas contra Venezuela no empezó, sin embargo, con Trump. En diciembre de 2014, bajo la Administración Obama, el gobierno de Estados Unidos, dentro del marco de su política injerencista, aprobó la ley titulada Ley en Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela. Su origen se encuentra en un proyecto de ley sometido en el mes de marzo de ese mismo año por parte del Senador demócrata de origen cubano-estadounidense por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, señalado por corrupción y enemigo de la Revolución Cubana y Bolivariana.

Ya desde entonces, la Ley facultaba al presidente de Estados Unidos a sancionar las personas que él determinara habían sido responsables o causantes de alegados actos de violencia contra elementos de la oposición política en Venezuela. La Ley le autorizaba a imponerle, a los responsables por tales actos, sanciones que incluían, entre otras medidas, el bloqueo de sus activos, establecer prohibiciones sobre transacciones con sus propiedades en Estados Unidos y la revocación de sus visados y otros documentos emitidos conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Durante al año fiscal transcurrido a partir de la aprobación de dicha Ley, se asignaron fondos millonarios para ser utilizados con los siguientes propósitos: (a) defender los derechos humanos en Venezuela; (b) aumentar la capacidad de la sociedad civil en dicho país; (c) apoyar los medios de comunicación independientes y procurar el acceso de éstos, sin restricciones, a la internet; (d) mejorar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas; y finalmente, (e) ayudar a la sociedad civil venezolana, a periodistas y a manifestantes que el presidente de Estados Unidos determine hayan sido víctimas de la represión por parte del actual gobierno venezolano.

El 12 de febrero de 2015 el gobierno venezolano hizo público la manera en que los organismos de seguridad del Estado habían logrado frustrar una nueva intentona golpista contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los intentos de Golpe de Estado en Venezuela, como sabemos, ni son un planteamiento teórico, ni constituyen un elemento discursivo, ni son cosa nueva. Recordemos que ya en febrero de 2002 se desarrolló un frustrado Golpe de Estado contra el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Igualmente, durante los años 2014 y 2015 la oposición política venezolana, tras su derrota en diversos procesos electorales, promovió un clima de inseguridad y violencia en el país con el objeto de establecer condiciones que propiciaran otro Golpe de Estado y más adelante, un intento por asesinar en un acto público al presidente Maduro.

El 9 de marzo de 2015 el presidente Obama promulgó una Orden Ejecutiva titulada Contributing to the situation in Venezuela (“Contribuyendo a la situación en Venezuela”). En ella incluyó a siete funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano vinculados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la fiscalía, los cuales desempeñaron desde sus respectivas responsabilidades públicas un rol activo en el proceso de desbaratar, en forma anticipada, el intento de Golpe de Estado fraguado para el 12 de febrero de 2015. La Orden Ejecutiva no cumplía otro propósito que pretender deslegitimar precisamente a funcionarios que, como indicamos, jugaron un papel clave en desarticular la intentona golpista. Con tal proceder, Estados Unidos procuraba estigmatizar cualquier gestión que dichos funcionarios llevaran a cabo en el futuro contra la oposición política golpista y en la defensa y protección de los intereses del Estado venezolano.

En el año 2015 la Casa Blanca hizo público una versión editada de un estudio titulado Estrategia Nacional de Seguridad (2015). En él, la Rama Ejecutiva de Estados Unidos de América delinea cada quinquenio, lo que serán los énfasis de su gobierno en materia de seguridad. Al momento en que se aprobó este documento, Estados Unidos estaba sirviendo de apoyo a una nueva patraña golpista contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Contrario a lo que Estados Unidos afirma como parte de esta Estrategia Nacional de Seguridad, no era el gobierno de Nicolás Maduro el que en Venezuela contribuía a la destrucción de la democracia, sino que era el propio Gobierno de Estados Unidos el responsable de apoyar la política de un Golpe de Estado. A lo largo de los años que lleva la Revolución Bolivariana, Estados Unidos no ha cesado en promover la desestabilización del gobierno bolivariano mediante el respaldo a grupos de pandilleros y delincuentes que promueven la violencia.

El proceso de desestabilización contra Venezuela en los pasados años con la llegada de Donald Trump a la presidencia tampoco ha tenido pausa. La nueva Orden Ejecutiva de Trump ciertamente es un incremento en las agresiones de Estados Unidos contra el gobierno venezolano. Si como muestra un botón basta, en el mes de mayo pasado su administración estableció sanciones relacionadas con el transporte de petróleo a Cuba; durante los días 19 y 22 de julio aviones espías volaron en las inmediaciones del espacio aéreo venezolano; y el 1 de agosto se amenazó con establecer una “cuarentena” que, si se toma como base la experiencia cubana en los años sesenta, hablamos de un bloqueo naval contra dicho país. De hecho, no pasa desapercibido las expresiones del Asesor en Seguridad Nacional del presidente estadounidense, John Bolton, a los efectos de indicar que ahora era el momento de actuar indicándole a la Federación Rusa que no hiciera una mala apuesta en dos ocasiones.

De acuerdo con la Sección 1 de la Orden Ejecutiva, “todas las propiedades e intereses” propiedad del gobierno venezolano en Estados Unidos; o de aquellos que en adelante ingresen en su país; o pasen a la posesión o control de estadounidenses, serán “bloqueadas y no podrán ser transferidos, pagados, exportados, retirados o intercambiados de ninguna manera”.

Señala también que lo anterior incluye a cualquier persona que el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, determine que “ha ayudado materialmente, patrocinado o provisto apoyo material o tecnológico, o bienes o servicios”; o que haya apoyado a persona designadas como “bloqueadas” en la lista que lleva la Oficina de Control de Activos Extranjeros cuyas propiedades están bloqueadas.

En su Sección 2 indica que las sanciones prohíben el “ingreso irrestricto como inmigrantes y no inmigrantes a Estados Unidos de extranjeros de quienes se determine que reúnan uno o más de los criterios en la sección 1 (b) que serían perjudiciales a los intereses de Estados Unidos, salvo que el “Secretario de Estado determine que la entrada de la persona no sería contraria a los intereses de Estados Unidos”; o cuando, mediante una “recomendación del Secretario de Justicia, la persona promovería objetivos importantes de seguridad de Estados Unidos”.

La Orden Ejecutiva contempla que se emite “sin perjuicio de cualquier contrato celebrado o cualquier licencia o permiso otorgado antes de entrada en vigencia de esta Orden.”

Queda exceptuada del alcance de la Orden Ejecutiva que, en situaciones en que el gobierno de Estados Unidos esté involucrado en una operación, transacción o se plantee acordar asistencia en temas como alimentos, vestimenta y medicamentos para atender o amortiguar una crisis humanitaria, pueda desarrollarse alguna actividad comercial con el gobierno venezolano.

Al día siguiente de emitirse la Orden, el gobierno de Estados Unidos enmendó una disposición sobre las prohibiciones de viajes a Venezuela, emitidas mediante la Orden Ejecutiva, estableciendo 13 excepciones.

Al referirse la Orden al término “gobierno de Venezuela”, se incluye toda subdivisión política, agencia o entidades del gobierno, incluyendo al Banco Central de Venezuela, y a la empresa venezolana Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA)

De acuerdo con Marino de Alba, en su artículo publicado el 7 de agosto en http://www.prodavinci.com:

“La Orden Ejecutiva no limita las actividades de las empresas privadas venezolanas o extranjeras siempre y cuando no quede duda que esas empresas privadas no están asistiendo, patrocinando o proporcionando asistencia financiera, material o tecnológica al gobierno de Venezuela. Por consiguiente, si una empresa privada venezolana o extranjera tiene algún tipo de relación con el gobierno venezolano que pudiese llevar al gobierno estadounidense a entender que hay una relación de asistencia o patrocinio, ahora existe un riesgo alto para esas empresas en Estados Unidos. Especialmente si cuentan con activos o presencia bajo la jurisdicción estadounidense, incluyendo sus cuentas bancarias, o sus directivos o accionistas suelen viajar a Estados Unidos. En definitiva, los riesgos de sostener relaciones comerciales con el gobierno venezolano han aumentado significativamente.”

En los pasados meses el gobierno de Estados Unidos ya ha impuesto sanciones a más de un centenar de individuos y entidades venezolanas. Se indica que la “Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela”, organizada por el denominado “Grupo de Lima”, y de la cual participan 59 países y tres organismos internacionales, a saber, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Banco de Desarrollo de América Latina; y la Unión Europea, también se proponen establecer sanciones económicas contra la República Bolivariana de Venezuela.

Sin que hayan impuesto aún estas nuevas sanciones, lo cierto es que sobre el gobierno venezolano pesan las medidas que se han venido adoptando en los pasados meses. Al presente se estima en 16.3 millones de venezolanos, los que necesitan el apoyo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP’s) para atender sus necesidades inmediatas. Algunas fuentes indican que, al presente, el 90% de los venezolanos no cuentan con ingresos suficientes para atender plenamente sus necesidades alimentarias y que el 51% de los hogares vive en condiciones de pobreza.

A pesar de la desgracia que representa para el país y para su población estas sanciones, las anteriores y las nuevas, el presidente de encargo, el pretendido usurpador de la constitucionalidad venezolana, Juan Guaidó, está que baila en un solo pie, señalando que las medidas benefician al pueblo venezolano e ilusionado por los efectos que estas nuevas medidas tengan en su empeño por derrocar la fuerte alianza cívico-militar que apoya al gobierno bolivariano.

A juicio del periódico El Nuevo Herald, las medidas adoptadas contra Venezuela colocan a este país en igualdad de condiciones que en el pasado a Cuba, la República Popular Democrática de Corea y la República Islámica de Irán; o como hemos visto, además, a la República Árabe Siria. Señala este periódico con razón que, de acuerdo con el Derecho Internacional, quien único está facultado para imponer sanciones contra otro Estado es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por esas razones se han emitido múltiples resoluciones, al menos una cada año, de condena por parte de la comunidad internacional rechazando el Bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

De acuerdo con el escrito publicado en ALAI América Latina en Movimiento el pasado 6 de agosto, la prestación “de servicios públicos esenciales, como electricidad y agua, que dependen de tecnologías (en gran parte) estadounidenses y que son suministradas por empresas ligadas a ese país, podrían verse más comprometidas dada la imposibilidad de que estos proveedores puedan efectuar acuerdos directos o indirectos con el Estado venezolano.” De acuerdo con el periódico The Wall Street Journal, es la primera vez en más de 30 años que Estados Unidos aplica este tipo de sanciones contra un gobierno en este Hemisferio. Evidentemente, el periódico olvida el caso de Cuba y los efectos de la Ley Helms-Burton, entre otras.

Las sanciones se producen a pesar del desarrollo de conversaciones entre las partes afectadas por el conflicto en Venezuela, desarrolladas en Oslo, Noruega y que continúan en Barbados con el apoyo y auspicio del gobierno noruego. Sin embargo, es precisamente la imposición de estas nuevas sanciones y la convocatoria a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela hecha por el “Grupo de Lima”, lo que ha llevado al gobierno venezolano, al menos de manera inmediata, a retirarse de tales conversaciones con la oposición venezolana.

La solidaridad internacional hacia Venezuela no se ha hecho esperar. Recientemente se produjo el pronunciamiento del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, donde el organismo “condena el endurecimiento del bloqueo contra Venezuela anunciado por el presidente Donald Trump”. Señala el comunicado que las nuevas medidas, que afectan al pueblo, tienen como objeto “continuar un plan golpista de desestabilización que pretende llevar al país a una guerra civil.” En referencia a la Conferencia por la Democracia, reunida en Lima, señala que quienes promueven la actividad, y que “alegan la potestad de querer decidir el destino de una nación hermana soberana se autoerigen en fiscales de una supuesta necesidad de democratización para Venezuela.” En su mayoría, sostiene el Foro, “los países latinoamericanos asistentes no son precisamente un modelo de respeto a la voluntad popular ni a los derechos humanos en sus propios territorios. Mucho menos de civismo, ética, prosperidad o justicia social, por lo que sostenemos que es precisamente esta incoherencia la que se pretende oculta buscando colocar como chivo expiatorio al gobierno de Venezuela, al tiempo de intentar lograr réditos políticos”.

El pronunciamiento deja claro que “ninguna sanción ni bloqueo, sino el diálogo entre los contendores políticos en el marco del irrestricto respeto a la autodeterminación de los pueblos, es el camino para consolidar la Paz en la región y fomentar el bienestar del pueblo venezolano”.

Alguien dijo con sobrada razón en relación a Venezuela, que para cada agresión siempre habrá una forma de resistencia, por ello, contra este nuevo incremento en la agresión contra el gobierno y el pueblo venezolano, es necesario incrementar generosamente nuestra solidaridad.