Julio Muriente

En días pasados la prensa ha prestado atención a la anunciada designación del presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), como si se tratara de una decisión trascendental de la que depende el destino de la Universidad.

La realidad es otra. El presidente de la UPR no pasa de ser un subalterno fiel y leal de la Junta de Gobierno, organismo en cuyas manos recae el control absoluto de la institución. Así lo establece la Ley de la Universidad de Puerto Rico (Ley número 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada). No es exagerado decir que se trata de una figura decorativa, que en su día fue creada para acomodar a don Jaime Benítez. Según la Ley, la Junta de Gobierno nombra al presidente de la Universidad y a los rectores de los recintos, y “Tales funcionarios ocuparán sus cargos a voluntad de la Junta” (Artículo 3, Junta de Gobierno; H, Deberes y atribuciones, 7).

La Junta de Gobierno, mientras tanto, es designada a dedo en su gran mayoría por el gobernador de turno. De sus trece miembros, nueve son nombrados desde La Fortaleza, Dos son estudiantes y otros dos son docentes, por un año cada uno.

A la hora de tomar decisiones prevalece el interés partidista-gubernamental y no el de decenas de miles de estudiantes, docentes y no docentes, que constituyen la verdadera universidad.

Por tratarse de un rol de representación a la manera de un director ejecutivo, o de rostro público de quienes de veras mandan, prácticamente todas las tareas del presidente de la UPR tienen que ser consideradas y aprobadas por la Junta de Gobierno. Así consta en el Artículo 5 de la Ley Universitaria.

Mientras tanto, casi cinco de las diez y ocho páginas que comprende la Ley Universitaria se dedican al Artículo 3, sobre la Junta de Gobierno. (El artículo 5 sobre la Presidencia se limita a una página.) Allí se desgranan las múltiples responsabilidades y prerrogativas que tiene ese minúsculo grupo de personas que representan en su mayoría al gobernador. Todos los reglamentos, los nombramientos más importantes, los presupuestos, distinciones académicas, becas, infraestructura…todo; “…formulará las directrices que regirán la orientación y el desarrollo de la Universidad, examinará y aprobará las normas generales de funcionamiento…supervisará el funcionamiento de la institución”(Artículo  3, H).

Por consiguiente, si algún presidente tiene algún poder en la UPR, es el de la Junta de Gobierno, quien a su vez responde a decisiones “de afuera”.

En todo caso, lo que necesita la UPR es una nueva ley que, a diferencia de la vigente, garantice la participación democrática de todos los sectores universitarios, excluya el control partidista-gubernamental y asegure que la Universidad sea un efectivo agente de cambio para bien de nuestra sociedad. Esto es todavía más cierto y necesario, cuando la UPR enfrenta el azote insensible y abusivo de la Junta de Control Fiscal, los recortes fiscales desmesurados y el intento de desmantelamiento  de esta apreciada institución.

No hacen falta más burócratas en la Universidad. Podemos ahorrarnos los cientos de miles de dólares que, como se ha anticipado, nos costará la importación del flamante presidente para la UPR.

Que ese dinero lo utilicen para fortalecer unidades como la UPR de Utuado, cuya existencia ha sido amenazada por algunos insensatos, cuando se trata de uno de los recintos  más valiosos y prometedores. Lo mejor que se puede hacer con la presidencia de la UPR es, francamente, eliminarla.

(El Nuevo Día)