En la historia surgen periodos llenos de acontecimientos que parecerían condensar en pocos meses lo que en el devenir “normal” tomaría décadas. Desde junio de 2016, los puertorriqueños hemos vivido una avalancha de eventos que no se han detenido, muy intensos y profundamente reveladores, como si el reloj del tiempo hubiera avanzado a velocidades inimaginables.

El 30 de junio de 2016, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la ley mal llamada PROMESA. Días antes el Tribunal Supremo de Estados Unidos había emitido su decisión en el caso de Pueblo vs Sánchez Valle. Ambos eventos, fuera de toda casualidad, propinaban un golpe de muerte al engaño que hasta entonces, para muchos, había representado el estado libre asociado. Engaño y fraude del cual su principal arquitecto fue el propio gobierno estadounidense con la complicidad del Partido Popular Democrático y Luis Muñoz Marín. En el verano de 2016 quedó certificada la defunción del “ela”.

La imposición de la Junta de Control Fiscal, con poderes absolutos y con supremacía por sobre la constitución de 1952 y de las ramas legislativas, judicial y ejecutiva del hasta entonces llamado Gobierno de Puerto Rico, dejó al desnudo y sin capucha el carácter abiertamente colonial de la intervención de Estados Unidos, advenida ahora en su expresión dictatorial. Así las cosas, la decisión del caso Pueblo vs Sánchez Valle, la aprobación en el Congreso de la Ley PROMESA y el nombramiento de los siete integrantes de la Junta selló el debate sobre el carácter colonial de la intervención de Estados Unidos sobre Puerto Rico.

Pero resultan más reveladores los acontecimientos subsiguientes. Al poder imperial, como ha sido la norma a lo largo de la historia, poco le importa las consecuencias que puedan tener sus decisiones y políticas para el pueblo bajo su dominio. En su actitud soberbia, han definido la crisis económica de Puerto Rico como una crisis de deuda, cuyos únicos responsables son los puertorriqueños. Esta postura es contraria a todos los análisis y estudios que se han hecho sobre la economía puertorriqueña, incluyendo los más recientes como el de KPMG y el Informe Krueger, encomendados y financiados por el propio gobierno. Todos coinciden en destacar que las dificultades y la crisis económica de Puerto Rico tienen un carácter estructural, profundo y su atención debe ser el foco principal. Sin embargo, desde la óptica del Congreso, influenciado por el cabildeo de los bonistas y fondos buitres, su principal interés es garantizar que los acreedores, principalmente estadounidenses, cobren sus bonos y préstamos, incluso, aunque hayan sido resultado de procesos fraudulentos e ilegales. Esa es la razón por lo cual la ley PROMESA no contiene ninguna medida de desarrollo económico.

De hecho, conviene recordar que durante el debate en el Congreso, los republicanos fueron consistentes en su desprecio hacia nuestro pueblo. Lo repitieron y lo reiteraron en numerosas ocasiones: no habrá rescate ni desembolso para "atender" la crisis fiscal de Puerto Rico. Incluso, Rob Bishop, el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara, llegó a decir que "ni 10 centavos".

A partir de lo anterior, la Junta de Control Fiscal solo ha actuado imponiendo una agenda de austeridad draconiana. El Plan de Ajuste Fiscal certificado, tiene como meta recortar y cercenar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico para que pueda separarse el dinero con el cual pagar a los bonistas. ¿De dónde saldrán los fondos para los acreedores? Ya se ha dicho. A la Universidad de Puerto Rico se le quitarán $500 millones; al Plan de Salud $800 millones, al menos; a los retirados se le reducirán las pensiones en 10% hasta llegar a la suma de $200 millones, a la clase trabajadora del sector público se le reducirá la jornada laboral, se eliminará la paga doble y se reducirá el bono de navidad; se aumentarán los impuestos a la propiedad, a los peajes y a una larga lista de servicios…La lista es más larga.

Con esa agenda de austeridad, antiobrera y anti pueblo, cuyo resultado apunta a agravar la crisis, como han reconocido economistas de la talla de Stiglitz, habría que plantearse lo siguiente: si como resultado del Plan de Ajuste Fiscal impuesto por la Junta (y aceptado dócilmente por la administración de Ricky Rosselló) la economía tendrá su mayor caída (de sobre 10%) ¿a quién le conviene el maldito Plan? Sencillo, es la garantía de pago a los bonistas. Esto explica, también, la renuencia temeraria del gobernador Rosselló en revelar el presupuesto que le sometió a la Junta, pues, el presupuesto será tan draconiano como el Plan fiscal.

Contrario a lo que algunos puedan pensar, el proceso de quiebra que se iniciará en el tribunal federal, no alterará en esencia el propósito principal de la ley PROMESA. La quiebra solicitada al amparo del Título III, no elimina en lo absoluto las consecuencias de las políticas de austeridad contenidas en el Plan de Ajuste Fiscal impuesto por la Junta. En todo caso, pudieran empeorar, pues, la venta de activos públicos, incluyendo el de las corporaciones públicas, pudiera ser de alcance mayor, al igual que la privatización de servicios y corporaciones públicas. A lo que se añade un elemento de incertidumbre real en el proceso de quiebra: quien representará al Gobierno de Puerto Rico son siete personas que nuestro pueblo no eligió y que tampoco responden a los mejores intereses puertorriqueños. Por el contrario, su récord muestra una total insensibilidad hacia las necesidades y reclamos básicos de nuestra gente, amén de su clara vinculación a los bonistas y acreedores.

El escenario al que nos enfrentamos como pueblo es intenso y duro. Los ataques provienen de distintos flancos y no escapa un solo ámbito bajo asecho: los bienes públicos, el patrimonio natural, los derechos laborales, la educación, la Universidad, la cultura, los derechos humanos, los derechos democráticos, todo, todo.

Afortunadamente, los sectores conscientes de nuestra sociedad no han dejado de actuar y desde un principio iniciaron la denuncia de lo que se fraguaba en el Congreso. Simultáneamente, se lanzaron a crear las condiciones organizativas y de movilización que permitieran encauzar la indignación y la protesta inevitable de nuestra gente. Y el esfuerzo ha comenzado a producir resultados, como se evidenció con la celebración multitudinaria del 1ro. de mayo. Pocas veces un llamado a la justicia, a la protesta y a la movilización ha logrado el alcance y la adhesión mayoritaria de nuestra gente. Pero tan solo es el comienzo. Ahí está, también, como campanazo y propuesta, la acción ejemplar de la juventud universitaria. Su huelga no sólo persigue mantener abierta la Universidad sino, y lo más importante, mantener la esperanza de Patria.

En adelante debe brotar, como en otros momentos de nuestra historia, la creatividad y la diversidad de acciones para derrotar a la Junta Imperial y al Congreso que la impuso. Lo lograremos, ¡que no quepa duda!