Escrito por José E. Rivera Santana / MINH
¿Cuántas veces nos ha pasado o conocemos de alguien que ha sufrido daños materiales, económicos o emocionales por vicios de construcción o por actividades comerciales y de otra índole indeseadas?
Nos enteramos con frecuencia de residencias con paredes que se agrietan o construidas en áreas inundables o susceptibles a deslizamientos. A veces se trata de urbanizaciones completas. También conocemos o nos ha pasado en nuestras comunidades de alguien que obtuvo un permiso para abrir un negocio que puede perturbar la tranquilidad del vecindario en un área residencial o afectar el tránsito y obstruir las aceras. Los ejemplos pueden llenar páginas.
Los permisos que los ciudadanos y empresas tienen que solicitar en las agencias gubernamentales para construir o llevar a cabo alguna actividad comercial o profesional, tienen el propósito de garantizar la seguridad y la tranquilidad de la gente y las comunidades. En ausencia de un sistema de permiso responsable, prevalecería la anarquía en los usos del territorio y se impondría la ley de la selva. Las comunidades y los ciudadanos en general quedarían huérfanos de instrumentos legales para defenderse de aquellas acciones que los afecten o de aportar y mejorar propuestas y proyectos, ya sean del sector privado o del gobierno. (Boletín Trujillo Alto/Carolina)
Columnas
- La elección del Donald Trump
- Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2024 condenando el Bloqueo a Cuba
- Las elecciones presidenciales en Uruguay: el Frente Amplio se enfrenta al Partido Nacional en una segunda vuelta
- La XVI Cumbre del BRICS realizada en la Federación de Rusia
- El “Conflicto” y el “Cambio”: retos y transformaciones de lucha ante la ofensiva neoliberal del capital