Como parte de los regalos del día del maestro, el Departamento de Educación anunció el cierre de alrededor de 180 escuelas con el fin de buscar ahorros a la institución gubernamental.

Según la secretaria de la entidad, el ahorro por el cierre de los planteles ascendería a 7.7 millones de dólares. Por su parte, en reacción al descontento provocado por el anuncio, el sagaz gobernador Ricardo Rosselló anunció la firma de una Orden Ejecutiva que busca traspasar las escuelas en desuso a entidades sin fines de lucro que brinden servicios “para personas sin hogar, albergues para animales abandonados, centros de rescate y tratamiento para personas drogodependientes, talleres de terapias o tutorías para niños y jóvenes, refugios para mujeres, niños o ancianos víctimas de maltrato, e incubadoras de microempresas comunitarias, entre otros proyectos de apoyo para la comunidad”. El anuncio provocó malestar y espontáneamente cientos de padres/madres y niños/as iniciaron manifestaciones frente a los respectivos planteles.

Según lo que ha trascendido, el ahorro del Departamento de Educación con el cierre de las casi 200 escuelas es de algunos 7 millones anuales. La pregunta que habría que hacerse es: ¿qué significan 7.7 millones de dólares en el presupuesto del Departamento de Educación, el cual ronda en más de dos mil millones de dólares? La respuesta es: NADA. Lo que hay detrás del cierre no es el ahorro, sino el compromiso que hay con un sinnúmero de corporaciones que en virtud de buscar expandir sus ganancias, han hallado en la educación su nuevo mercado. El pasado 21 de abril, el Secretario de Estado; Luis Rivera Marín, anunció con júbilo el aumento de Corporaciones con Fines de Lucro inscritas en el Departamento de Estado. Dicho Departamento detalló que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año se crearon 3,465 nuevas corporaciones con fines de lucro. Esta alza en nuevas corporaciones es cónsona con el Plan para Puerto Rico del gobernador Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista. Este plan plantea la reducción de las instituciones gubernamentales con el fin de traspasar responsabilidades del Estado a empresas privadas. Para esto la legislatura ha minado de herramientas al sector privado con varias legislaciones entre las que se destacan las enmiendas a la ley de las Alianzas Público-Privadas, enmiendas que favorecen las propuestas de privatización de cualquier servicio del gobierno. A su vez, el propio plan del PNP favorece la privatización de escuelas, vendida desde un modelo de supuesta “autonomía”. En las propias palabras del Plan para Puerto Rico:

“Con el fin fortalecer la comunidad escolar, brindar mayor autonomía a las regiones y allegar mayores fondos a las escuelas, introduciremos en Puerto Rico el modelo  Local Education Agency  (LEA).”1

Añada usted que la privatización de los planteles escolares, ya se para educación o cualquier otro asunto social mencionado en la Orden Ejecutiva del Gobernador, tienen algunas herramientas que poco se han mencionado. Ya conocemos los efectos de la deforma laboral, la cual bien podría aplicar para los nuevos senderos que tomen las escuelas cerradas y sus proyectos.  Más para estas instituciones sociales, la legislatura obró en virtud de mostrar mayor claridad. Para el mes de febrero, La Casa de las Leyes discutía cuatro proyectos de enmiendas a la Ley del Voluntariado, instaurada bajo la gobernación de Luis Fortuño. Esta ley fue criticada por la clara intención de favorecer a las mal llamadas “Comunidades de fe”, mas no se hizo un análisis de las implicaciones que traerían al trabajo. A continuación los proyectos y sus implicaciones.

El P del S. 201, buscaba dar carácter institucional a los voluntarios en los centros de trabajo.  El Proyecto buscaba reconocer  la labor del voluntario como experiencia de trabajo. Al buen pensador esto no le parecerá nada mal, más si se analiza bajo la premisa que las organizaciones podrían reconocer a los voluntarios como parte de la estructura laboral, ¿para qué hacen falta trabajadores pagos? Estas nuevas corporaciones o las Organizaciones Sin Fines de Lucro a cargo de las escuelas cerradas, podrían clasificar a su grupo voluntario como parte de la estructura laboral minando la posibilidad de contrataciones a profesionales de la cuestión social.  Otra de las enmiendas que fue presentada en la Cámara bajo la numeración de P de la C 7, hacía referencia directa a los profesionales de la recreación y maestros, donde las instituciones u organizaciones sin fines de lucro podrían dar estipendios a maestros retirados para cubrir dichas áreas. Además, los voluntarios podrían servir de consultores, dejando fuera la posibilidad de contrataciones al sinnúmero de futuros profesionales de las áreas antes señaladas.

El tercer proyecto cae como anillo al dedo para las nuevas instituciones a cargo de las escuelas cerradas.  Este es el P de la C 283, el cual señala que los maestros podrían ser remplazados por maestros retirados, dando algún tipo de remuneración. Este proyecto basa su filosofía en un supuesto peligroso, ya que señala la creciente población de personas de edad avanzadas aptas para el trabajo, los cuales aún mantienen buena salud y pueden reinsertarse a la vida laboral. A todas luces, un maestro retirado costará menos que un joven maestro, lo cual deja sin posibilidad al joven que estudió, poniéndolo en clara pelea con el retirado que analiza su carente pensión y sus ganas de ser productivo. El proyecto hace clara referencia a los docentes, categoría que incluye no solo a los/as maestros, sino que incluye a los trabajadores sociales. El último de los proyectos fue el  P de la S 193. Este busca que las escuelas puedan coordinar con voluntarios la limpieza de los planteles escolares, lo que hace innecesaria la contratación de conserjes. Todas las enmiendas aplican a ONGs, municipios y el gobierno central.

Este asunto hay que verlo en su conjunto. Con los planteles vacíos, vendrán propuestas de privatización de escuelas con fines lucrativos, como también vendrán propuestas de buena voluntad, que buscan llenar espacios y servicios en los cuales el gobierno no ha sido efectivo. El asunto es que no importa cuál de las dos opciones anteriores sea, el andamiaje legal aplicará y forzará más la incapacidad de producir empleos dignos que hagan que nuestro país tenga una salida de la pobreza. Esta lógica está amparada en la reducción del gobierno y en aquella  impulsada por el mal llamado Tercer Sector que en tiempos recientes señaló que las Organizaciones Sin Fines de Lucro hacían con $1.00, lo que el gobierno hacía con $7.00. Es de esta forma, que veremos la desaparición de la responsabilidad del Estado para los asuntos sociales, estos siendo atendidos por voluntarios mal remunerados, carentes de derechos laborales y beneficios marginales. Con esto dicho, bienvenidos a la esclavitud moderna.  (80grados)

1. http://planparapuertorico.com/PLANPARAPUERTORICO.pdf Pp. 107.