18 de marzo de 2021

En los pasados días la prensa internacional ha circulado la información en torno a la detención de la Sra. Jeanine Áñez. Ésta ocupó la silla de la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia a partir del 12 de noviembre de 2019. En esa ocasión, en medio del proceso electoral y escrutinio de votos efectuado tras las elecciones del 20 de octubre de ese año, se consumó el Golpe de Estado que la colocó en la presidencia de este país sudamericano.

De acuerdo con datos oficiales luego de completado el examen del 100% de los votos emitidos, Evo Morales se posicionaba en aquellas elecciones con el 47.07% de los votos; mientras el candidato opositor neoliberal, Carlos Mesa, se situaba con poco más del 36.51% de los votos. La Constitución de Bolivia requiere, para que un candidato sea certificado como ganador en una primera vuelta electoral, debe obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos, o que con relación al candidato que llegue en segundo lugar, aún cuando no obtenga la mayoría absoluta, mantenga una distancia en votos de al menos el 10%.

Bajo la certificación emitida por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Evo Morales fue proclamado a su vez ganador de las elecciones presidenciales por haber obtenido, en la primera vuelta, una diferencia de 10.56% de los votos respecto a Carlos Mesa. Lo anterior representó 648,180 votos más sobre el número alcanzado por Mesa. Sin embargo, esta aparente pequeña diferencia porcentual en votos que evitaría la segunda vuelta,  unida al hecho de que se hubiera interrumpido en algún momento al conteo de los votos, estimuló la denuncia de Mesa de fraude en las elecciones, de lo que también se hicieron eco algunos países de la región y el Secretario General de la OEA.

Ciertamente, en el proceso que precedió estas elecciones se confrontaron dificultades, tropiezos y errores.

Desde el punto de vista del estricto derecho, entendemos que las constituciones votadas por el pueblo en el ejercicio de sus prerrogativas soberanas donde se dispone los límites a los procesos electorales, deben ser objeto de acatamiento absoluto por sus autoridades de gobierno y la ciudadanía. De ahí la sorpresa que nos causara que el Tribunal Supremo Electoral resolviera la controversia en torno al derecho a la reelección de Morales a partir de normas contenidas en un Tratado o Pacto Internacional y no en la Constitución del país. De la misma manera, en el pasado nos cuestionamos cómo, si la controversia para ampliar los términos a la presidencia fue sometida al escrutinio popular en referéndum y el pueblo le votó en contra a tal ampliación, no se acatara el resultado de la consulta por parte del presidente Morales.

En ese momento pensamos que parte del problema podía estar en que en los pasados 14 años previos a la consulta, no se hubiera atendido adecuadamente el relevo de cuadros dentro del Movimiento al Socialismo, de manera que permitiera la continuidad del proceso aun bajo una dirección personal distinta. Sin embargo, en estos momentos, como indica el refrán, se trata de “agua pasada que ya no mueve molino”, sobre todo a partir de las nuevas elecciones llevadas a cabo en noviembre de 2020.

A raíz del resultado de las elecciones de 2019, los sectores de la oligarquía boliviana, junto con estamentos militares, neofascistas, secesionistas de los Estados de la Media Luna (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija), religiosos fundamentalistas y capitalistas neoliberales, con el apoyo del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), unieron esfuerzos  y voluntades con la complicidad de los grandes medios de comunicación y del gobierno estadounidense, para poner en marcha su plan de un Golpe de Estado en Bolivia.

A pesar del triunfo obtenido por Evo Morales en las elecciones de 2019, los sectores antes mencionados iniciaron un proceso de movilizaciones que incluyó la quema de locales del Movimiento al Socialismo (MAS); agresiones a familiares de Evo Morales, a militantes de su organización y a funcionarios de su gobierno; así como de actos de violencia callejera dirigidos a forzar su renuncia a la presidencia y la dimisión de su gobierno. Luego de Morales aceptar bajo presiones por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), un proceso de recuento de los votos, el mandatario reelecto a la presidencia anunció el 10 de noviembre de 2019 su renuncia.

La decisión del presidente Morales fue tomada dentro de su creencia y confianza de que con ello impediría una guerra civil; o evitar la alternativa tantas veces habida en la historia de su país de una quiebra en la institucionalidad democrática, imponiéndose un gobierno militar. A pesar de que no había una base material de la cual partir para asumir que ese ejercicio de confianza tendría una caja de resonancia en el futuro desarrollo de los sucesos en su país; el vacío creado por su renuncia y la de importantes miembros de su gobierno, se creo la expectativa de que con nuevas elecciones, la paz y la tranquilidad en el país serían restablecidas de inmediato. Esto, sin embargo, no ocurrió.

En medio del vacío de poder surgido, dos días después de la renuncia de Morales, se instaló un gobierno de facto, bajo la presidencia de Jeanine Áñez Chávez, una abogada, presentadora de televisión y diputada por el Movimiento Demócrata Social. Esta asumió la presidencia de Bolivia el día 14 de noviembre de 2019. Tras su instalación en el cargo, su gobierno promovió  y consintió incontables medidas de represión hacia el pueblo boliviano, particularmente hacia los dirigentes de base del Movimiento al Socialismo (MAS). Se emitieron múltiples decretos de detención que incluyeron al propio Evo Morales y otros funcionarios durante su gobierno. Forzado en alguna medida por su falta de legitimidad, el gobierno de Áñez se comprometió a convocar a nuevas elecciones, las cuales se desarrollaron con algún retraso de la fecha inicialmente propuesta, predicado el mismo en los efectos de la pandemia de la COVID-19.

Las elecciones fueron efectuadas para la elección de un nuevo presidente y vicepresidente; 130 diputados y 36 representantes departamentales, se llevaron a cabo el pasado 20 de octubre de 2020. En esta ocasión, tampoco fue necesaria una segunda vuelta para certificar el triunfo del candidato del MAS, Luis Arce Catacora a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y la de su compañero de boleta a la vicepresidencia, David Choquehuanca Céspedes. Con ellos, el Movimiento al Socialismo (MAS) regresó al poder político en este país sudamericano tras obtener el 55.11% de los votos en la primera vuelta.

En las elecciones, el MAS logró obtener 21 de los 36 integrantes de la “Cámara de Representantes Departamentales” (antes senadores) y un total de 75 diputados a la “Cámara de Diputados” de un total de 130; es decir, fue mayoría absoluta en las candidaturas al poder ejecutivo y al poder legislativo. En la Cámara de Representantes Departamentales se seleccionan cuatro (4) parlamentarios por cada uno de los nueve (9) departamentos.

En las elecciones, de un total de 7,332,926 electores habilitados para votar, lo hicieron 6,483,893; es decir, el 88.42 %. De ellos, la combinación Arce-Choquehuanca obtuvo el respaldo de más de 3.5 millones de votos.

Ya en funciones, el nuevo gobierno ha iniciado la formulación de cargos criminales contra Áñez, contra distintos ministros durante su breve gobierno y contra dirigentes policiacos y castrenses. Se les imputa en calidad de conducta delictiva, la adopción de medidas antieconómicas y de endeudamiento público; el uso indebido de influencias; la restricción de libertades a ciudadanos; el impedir que bolivianos en Chile regresaran a su país; la ejecución de masacres contra la población,  como las ocurridas a finales de 2019 en las poblaciones rurales de Senkata y Sacaba; detenciones ilegales y persecución. En resumen, los cargos imputados incluyen actos de terrorismo, sedición y conspiración llevados a cabo a partir del 19 de noviembre de 2019.

A raíz de la radicación de los cargos y del arresto preventivo de la ex presidenta Áñez y sus colaboradores, la Organización de Estados Americanos, por voz del mismo Secretario General, que deslegitimó el resultado de las elecciones donde Evo Morales había resultado electo, Luis Almagro, una vez más, en un claro acto de injerencia en los asuntos internos del Bolivia, emitió una declaración el pasado 15 de marzo. En ella condena los arrestos y la radicación de cargos criminales contra los imputados. Este organismo, que durante el gobierno de Áñez guardó silencio ante los atropellos de su gobierno, ahora levanta sus preocupaciones por la alegada “falta de garantías en las audiencias” seguidas contra funcionarios; por la alegada carencia de “garantías” en los procesos judiciales; por la “cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS” y por alegadas amenazas de persecución judicial “a políticos opositores al gobierno”. La OEA ha invocado, además, el Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana.

La injerencia en los asuntos internos del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia llega al extremo de que el organismo ha solicitado la creación de una comisión internacional para investigar los alegados casos de corrupción en el gobierno de Evo Morales; solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional en los procesos judiciales que se llevan a cabo contra Áñez y sus colaboradores; demandar la excarcelación de las personas detenidas bajo la imputación de haber cometido delitos durante el gobierno de la Sra. Áñez;  y la reformulación del sistema de justicia de Bolivia; todo ello, repetimos, haciendo abstracción de las violaciones de ley y violaciones de derechos humanos cometidos luego del Golpe de Estado de 2019.

A raíz del triunfo de Arce, se indicaba que la presidenta golpista Jeanine Áñez Chávez había solicitado del Departamento del Estado de Estados Unidos visados para al menos 250 funcionarios de su gobierno y familiares.

Entre las primeras medidas adoptadas por el nuevo parlamento boliviano se encuentra la autorización para seis procesos penales contra Áñez Chávez, once de sus ministros y siete altos oficiales de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Los cargos contra la expresidenta golpista incluyen la adopción de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; el incumplimiento de los deberes de su cargo; genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa; lesiones graves y lesión seguida de muerte; asociación delictiva; privación de libertad; y desaparición forzada de personas por sucesos acaecidos en Sacaba, Cochabamba, Senkata y El Alto.

A la ex presidenta Áñez se le imputa, además, haber emitido el 12 de noviembre de 2019 un Decreto eximiendo de responsabilidad a los militares bolivianos por actos contra la población civil con la secuela de más de 20 muertos, 861 heridos y más de 1,831 detenidos.

Cuando el ex presidente Evo Morales regresó a su país el día 7 de noviembre de 2020, fue recibido por miles de bolivianos en medio de cánticos, bailes y diversas expresiones de solidaridad y afecto.  Fue un verdadero arcoíris de colores la manera en que el pueblo boliviano demostró su solidaridad y aprecio por su presidente depuesto mediante un Golpe de Estado.

El nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, fue vicepresidente en el gobierno de Evo Morales. Como tal, fue responsable de las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Morales. Choquehuanca, quien le acompañó en las pasadas elecciones como candidato a la vicepresidencia, es un prestigioso dirigente indígena. Arce es un candidato relativamente joven, el cual cuenta con menos de 60 años. Es egresado de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, capital del Estado Plurinacional de Bolivia y de la Universidad británica de Warwick. Mientras fungió como Ministro de Finanzas bajo el gobierno de Evo Morales, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia aumentó de $9,500 millones a más de $40,000 millones, a la vez que se redujo la pobreza de 60% a 37%. Pilares en este esfuerzo fueron los programas de industrialización del gas llevados a cabo y la explotación del litio.

Ya instalado el nuevo gobierno, le corresponde ahora atender asuntos tan urgentes como la pandemia de la COVID-19 y sus efectos en Bolivia; el desempleo, los estragos causados por el gobierno golpista; la atención a problemas tales como la marginación, la violencia, el discrimen y el incremento  del costo en los niveles de vida; así como la reconciliación entre los distintos sectores componentes del pueblo boliviano.

Luis Arce ha indicado que Evo Morales no formará parte de su gobierno aunque también señaló que si Morales quería prestar su ayuda al mismo, era bienvenido. En fin, sus palabras textuales fueron: “Si Evo Morales quiere ayudarnos será bienvenido pero eso no quiere decir que él estará en el gobierno.” De otra parte, también ha señalado tras su toma de posesión en referencia a la presidencia de Morales, que lo que se ha hecho bien se profundizará y lo que no se haya hecho bien, se corregirá.

En sus pronunciamientos iniciales Arce ha abogado por el regreso a la doctrina de la integración latinoamericana, la reconstitución de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); como también, ya ha tomado la decisión en torno al restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela e intercambio de embajadores.

Como indicamos a raíz del triunfo electoral de Arce, las cartas están echadas. El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con un nuevo presidente y un nuevo parlamento favorable al proyecto impulsado desde el MAS. Cuenta también con la confianza de todo un pueblo que apoya la ruta iniciada en el año 2006 de construcción del socialismo con las características particulares bolivianas. La oligarquía, sin embargo, no está derrotada, ni ha desistido en sus intenciones de volver a controlar el país y desplazar del poder al pueblo.

Es la esperanza de la mayoría de los bolivianos y de los pueblos solidarios con su proceso de construcción del Socialismo del Siglo XXI, que los años venideros sean un espacio de tiempo importante en la reconstrucción del Estado boliviano, en la ampliación del ejercicio democrático de su pueblo donde, a través del ejercicio de una democracia real y participativa, se afiancen aun más las nuevas bases para el desarrollo de mayores conquistas para los sectores populares en Bolivia.