9 de septiembre de 2021

Recientemente llegó a nuestras manos un Memorándum, fechado en el mes de agosto de 2021, actualizando los esfuerzos del pueblo saharaui y el Frente Polisario en su lucha por la libre determinación en los territorios ocupados por el Reino de Marruecos en la República Árabe Saharaui Democrática.

Este ex dominio español fue conquistado originalmente por este país europeo a Marruecos en 1860. Donde hoy enclava la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), pasó en 1920 a ser un protectorado, quedando más adelante integrado como una provincia de España en 1957. La RASD cuenta hoy con un territorio que abarca 266 mil kilómetros cuadrados, casi 30 veces el tamaño de Puerto Rico y una población estimada en poco más de medio millón de habitantes.

La RASD ha sido reconocida como representante de la población saharaui por veintenas de países en el mundo, así como desde el 16 de octubre de 1975, por la Organización por la Unidad Africana (OUA).

Existe un dictamen de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, indicando que no ha encontrado “vínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan afectar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General”, aprobada en 1960, “a la descolonización de Sáhara Occidental y, en particular, al principio de autodeterminación a través de la libre y genuina expresión de la voluntad de los pueblos del territorio.”

En 1967 la Organización de las Naciones Unidas le planteó al Estado español la independencia del territorio, entonces disputado por el Reino de Marruecos, Mauritania y Argelia. A partir de 1973, con la fundación del Frente Polisario, se produce una innovadora guerra de liberación, adaptando los principios de la guerra de guerrillas a condiciones en el desierto.

En 1975 se firmaron los llamados “Acuerdos de Madrid”. En virtud de éstos España, sin contar para nada con la voluntad de la población saharaui, cedió el territorio y sus habitantes a Marruecos y Mauritania, algo similar a lo que hizo con sus territorios de ultramar en 1898, incluyendo a Filipinas, Guam y Puerto Rico, luego de los acuerdos del Tratado de París que puso fin a la Guerra Hispano-cubana-americana. Ambos países enfrentaron al Frente Polisario que, con el apoyo de Argelia, proclamó la independencia del territorio el 26 de febrero de 1976, fundando la República Árabe Saharaui Democrática y promulgando una Constitución.

La guerra desarrollada por el Frente Polisario contra Mauritania llevó eventualmente a que dicho país renunciara a sus pretensiones sobre el territorio saharaui que ocupaba. En el caso del Reino de Marruecos, con el apoyo de Estados Unidos, decidió anexarse ilegalmente el territorio y llevar a cabo el traslado de población marroquí hacia el territorio saharaui. Su propósito era evidente. Ante una eventual consulta por parte de las Naciones Unidas a la población del territorio, tal como lo determinó una decisión de la Corte Internacional de Justicia, sería la población marroquí participante de la consulta, la que decidiera por la opción de integrarse a Marruecos en lugar del reclamo de libre determinación de la población saharaui que reclama constituirse en un Estado independiente y soberano.

A pesar de que una parte de la población saharaui la constituyen tribus que aún al presente son nómadas y viven en tiendas en zonas desérticas, otra gran parte de la población vive en campamentos para refugiados localizados en el territorio ocupado por Marruecos. Actualmente el Reino de Marruecos se refiere a los territorios ocupados como sus “Provincias Meridionales”.

En el año 1991 una porción del territorio saharaui pasó a quedar bajo administración de las Naciones Unidas en lo que hoy se denomina como “Sáhara Liberado”.

En 1997, Kofi Annan, siendo Secretario General de las Naciones Unidas, nombró a James Baker III, ex Secretario de Estado de Estados Unidos, como mediador en el conflicto. Mediante los “Acuerdos de Houston” promovidos por Baker, se alcanzó un compromiso fijando una hoja de ruta con un calendario de eventos que culminaría en una consulta el 8 de diciembre de 1998 para que la población del territorio ejerciera, bajo supervisión internacional, su derecho a la libre determinación. Desde esta fecha al presente, Marruecos ha descarrilado todos los esfuerzos para que la consulta se lleve a cabo.

En el año 2000, Marruecos propuso la sustitución del Plan Baker por la creación de un estado autónomo bajo la soberanía marroquí. En el plan de Marruecos, los saharauis renunciarían a la consulta bajo la supervisión internacional de la ONU. De esta propuesta surgió una nueva modalidad del Plan Baker, titulada “Acuerdo Marco del Estatuto del Sahara”. En ella se propuso la creación de un Consejo Ejecutivo, con una amplia definición en torno a sus competencias y un Consejo Legislativo, el cual sería designado por los habitantes de los territorios que en ellos residieran hasta el año 2000; es decir, la consulta incluiría la participación de los “no nacionales” residentes en el territorio. Bajo esta propuesta, al cabo de cuatro años, este cuerpo político discutiría con Marruecos un estatus político final que excluiría la independencia como opción política. La propuesta, como era de suponer, fue rechazada por el Frente Polisario.

En el año 2002, Argelia propuso  a las Naciones Unidas la administración directa del territorio. No obstante, Kofi Annan, en su condición de Secretario General de la ONU, propuso cuatro opciones: (a) continuar con el “Plan de Arreglo”, incluyendo el referéndum de libre determinación; (b) continuar con el llamado “Acuerdo Marco”, aunque con ligeras modificaciones; (c) comenzar negociaciones para la partición del territorio; o (d) la entrega a la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental.

En el año 2003 surgió otra variante de Plan Baker. En ella se propuso un estatuto de autonomía por espacio de cuatro años; luego del cual, entre 2007 y 2008, se llevaría a cabo una consulta en la cual los saharauis decidieran su futuro político. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asumió como suya la propuesta, procediendo a prorrogar el mandato de la Misión de la ONU. Desde entonces, sin embargo, no ha habido cambios fundamentales en la situación. Marruecos continúa llevando a cabo acciones para asegurar su control futuro del territorio

El territorio saharaui, si bien en su superficie es un terreno totalmente desértico, posee en su subsuelo yacimientos petroleros que al día de hoy están siendo explotados por Marruecos en su beneficio. Su mayor riqueza, sin embargo, son las abundantes minas de fosfato.

Luego de 28 años en espera de la realización de una consulta mandatada por la Corte Internacional de Justicia sin que se haya efectuado, la tolerancia de la población saharaui se agota.

Durante los días 19 y 20 de diciembre de 2019, bajo el lema Lucha, Perseverancia y Sacrificio por la Íntegra Soberanía del Estado Saharaui, se llevó a cabo el XV Congreso del Frente Polisario en Tifariti, capital provisional de la República Árabe Saharaui Democrática. Este XV Congreso, fue el primero que se efectúa luego de que Brahim Ghali asumiera la dirección del Frente Polisario tras la muerte del líder histórico, Mohamed Abdelaziz. Antiguo dirigente militar, a Ghali se considera parte de la “rama dura” del  Frente.

En su discurso en el XV Congreso, Ghali fue enfático al señalar: “El Frente Polisario no puede continuar tratando de la misma manera con los esfuerzos de las Naciones Unidas, a menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asuma su responsabilidad y compromiso de implementar todas las disposiciones descritas en el Plan de Arreglo ratificado por las dos partes en 1991.”

El 13 de noviembre de 2020, el presidente Brahim Ghali declaró roto el alto al fuego decretado entre su país y el Reino de Marruecos desde el 1991. En su declaración el presidente saharaui indicó que “las fuerzas armadas saharauis asumen el pleno control de la seguridad nacional” por lo que “decreta un estado de guerra.” La ruptura del alto al fuego viene como consecuencia de la penetración del ejército marroquí en la parte sur de la RASD, cercana a Mauritania, lo que se conoce como “zona de amortiguamiento de Guerguerat”, donde Marruecos había levantado barreras de arena ante el bloqueo levantado por militantes saharauis el 21 de octubre entorpeciendo el flujo comercial.

En el Memorándum de agosto de 2021 al que hemos hecho referencia, se señala lo siguiente:

“…la inacción y la complacencia demostradas por las Naciones Unidas y su fracaso para impedir que Marruecos sabotee el proceso de paz acaban de envalentonar al Estado ocupante para que persista, con total impunidad, en sus políticas anexionistas e intentos de imponer un hecho consumado por la fuerza en los territorios ocupados de la República Saharaui. Las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad marroquíes, el saqueo masivo de recursos saharauis y los intentos de Marruecos de involucrar a terceros en los territorios ocupados son solo algunos ejemplos.

Como resultado de la actitud obstruccionista y desafiante de Marruecos el proceso de paz de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental está siendo testigo de acontecimientos extremadamente peligrosos tras la violación por parte de Marruecos del alto al fuego de 1991 y su ataque militar contra el territorio de la República Saharaui el 13 de noviembre de 2020. Ante el acto de agresión en curso de Marruecos, junto con la lamentable inacción de las Naciones Unidas, al pueblo saharaui no le ha quedado otra opción que ejercer su derecho legítimo a la legítima defensa para defender su soberanía e independencia.”

A pesar de que las Naciones Unidas no ha cumplido su obligación de actuar en conformidad con la Resolución 1514 (XV) y lo resuelto por la Corte Internacional de Justicia, la Organización por la Unión Africana, de la cual forman parte tanto Marruecos como la República Saharaui, sí se ha expresado preocupada por la violación del alto al fuego de 1991 y la reanudación de la guerra, solicitando la intervención de su Consejo de Paz y Seguridad (CPS). Dicho organismo adoptó el 9 de marzo de 2021 una resolución solicitando a las partes en el conflicto el cese inmediato de hostilidades así como del inicio de conversaciones directas y francas, ello en conformidad con el Artículo 4 de la Carta Constitutiva de la Organización por la Unión Africana.

La República Saharaui ha manifestado su disposición a buscar una solución pacífica y duradera al conflicto a partir de la adhesión a los principios y objetivos de dicha Carta, incluyendo el respeto a las fronteras existentes para el logro de la independencia, la soberanía y el  respeto a la integridad territorial de los Estados miembros de la OUA.

La lucha del pueblo saharaui no podemos verla desvinculada de la lucha del pueblo palestino y de otros pueblos en Europa que, como aquí en Puerto Rico, reclamamos el fin de la sujeción colonial y proclamamos la intervención de la comunidad internacional en el reclamo por el respeto a la libre determinación e independencia.

El Memorando nos recuerda que la lógica del expansionismo y el uso de la fuerza no tiene cabida en el caso del Sahara Occidental, advirtiendo el mismo con toda razón, que el orden internacional vigente consagra “el derecho de los pueblos a la libre determinación y a la independencia y prohíben la adquisición de territorios por la fuerza.” De lo anterior, indica el Memorándum, se deduce que “la única opción es defender los preceptos de la legalidad internacional, y dar al pueblo saharaui la oportunidad de ejercer libre y democráticamente su derecho inalienable e innegociable a la libre determinación e independencia.”

Mas claro no puede cantar un gallo. Urge de las Naciones Unidas actuar a tiempo para evitar la profundización de un conflicto que, en definitiva, regará una vez más con sangre las arenas del desierto como resultado de nuevos enfrentamientos bélicos que, a la larga, deberá asumir el  pueblo saharaui en la defensa de ese derecho irrenunciable a la libre determinación e independencia.

Como indica finalmente el Memorándum: “Sólo la paz basada en la plena adhesión a los principios del derecho internacional y en la libertad y la igualdad de derechos de las naciones pequeñas  y grandes puede ser viable y duradera.”