15 de septiembre de 2021

El 16 de septiembre de 1810 en horas de la mañana, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto a Ignacio Allende y Juan Aldama, advertidos de que un movimiento conspirativo en Querétaro había sido descubierto por las autoridades españolas, convocaron a los pobladores del pueblo de Dolores, Guanajuato, al levantamiento armado contra España proclamando la independencia. A pesar de que esta es la fecha oficial con la que se conmemora el suceso, hay quienes indican que las acciones que culminan en el discurso ofrecido por Hidalgo se inician desde el día anterior. Luego de dirigirse a los convocados, Hidalgo organizó el contingente de luchadores que darían inicio a la lucha contra el virreinato de España en suelo mexicano. Una de las primeras medidas políticas de Hidalgo fue la proclamación de la abolición de la esclavitud.

Uno de los precipitantes del Grito de Dolores guarda relación histórica con la invasión francesa de la península española, iniciada en el último tercio del año 1807, que se extiende hasta 1814. Ya desde marzo de 1808 Madríd había caído en manos de los franceses y el gobierno español se había traslado a Cádiz, desde donde los liberales, tras la huida del Rey Fernando a Francia, impulsarían la Constitución de 1812.

Fue José María Morelos, uno de los propulsores de la independencia de México y gran estratega militar, quien propuso ante el Congreso de Chilpacingo que en la Constitución que entonces se trabajaba,  se consignara el 16 de septiembre como el Día de la Independencia. Morelos fue capturado y fusilado en 1815. La Constitución de Apatzingán declararó la fecha como fiesta nacional. El Acta de Independencia de México fue suscrita el 28 de septiembre de 1821. La fecha del 16 de septiembre como fecha del inicio de la guerra de independencia se ratificó por los padres de la Constitución en 1822.

En ese año, Agustín de Iturbide, general que luchó contra los ocupantes franceses en México como parte de la guerra de independencia que también se libraba en la península, se proclamó emperador de México. Este acto desató una lucha que culminaría con la proclamación en 1823 de una república y el exilio del emperador. Será en 1824 cuando en un Congreso Constituyente se proclama una nueva Constitución, que al igual que la anterior, se adopta la fecha de 16 de septiembre como fecha nacional del Grito de Independencia.

Como resultado de reclamaciones territoriales de los Estados Unidos en lo que hoy es el estado de Texas, el cual había sido anexado en 1845, se produce un conflicto militar entre México y los Estados Unidos entre 1846 y 1848. Mediante el Tratado Guadalupe-Hidalgo, Estados Unidos se anexa el territorio de los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah, así como porciones de Colorado, Oklahoma, Kansas y Wyoming. Conflictos internos y una segunda intervención francesa llevan al establecimiento de un Segundo Imperio, encabezado esta vez por Maximiliano de Habsburgo, el cual dura hasta su fusilamiento en 1867.

Desde 1857 se había proclamado una nueva Carta Magna. Se introdujeron las llamadas Leyes de Reforma, las cuales afectaron los intereses económicos de la Iglesia Católica. Se estableció un Estado laico, asumiendo la presidencia de la república un masón de nombre Benito Juárez, conocido hoy como el Benemérito de la Patria. Juárez ocupó la presidencia del país por varios términos hasta 1872. Como resultado de lucha internas con su sucesor, en 1876 llega a la presidencia en 1884 el general Porfirio Díaz, héroe de la lucha contra los franceses, quien asumiría la presidencia del país por espacio de  más de tres décadas. La Revolución Mexicana de 1910 sería la respuesta a los años finales de su mandato y la llegada de su sucesor Victoriano Huerta en 1913.

Ediciones Culturales Paidós publicó a comienzos de 2018 un libro titulado Breve Historia de la Revolución Mexicana. Sus autores son Felipe Ávila y Pedro Salmerón. A lo largo de sus 369 páginas el lector puede tener una mirada panorámica a la principal revolución popular desarrollada en América Latina en la primera mitad del Siglo XX. Esta resultó fallida en lo relacionado con las diferentes reivindicaciones que la inspiraron. Sin embargo, transformó el Estado mexicano, produciendo importantes cambios que impactaron la vida de los mexicanos a lo largo del pasado siglo. Tales cambios aún al presente se reflejan en los programas que impulsan los partidos políticos que se disputan cada seis años el poder en las  elecciones.

En efecto, de los vientos sembrados por la Revolución Mexicana en la primera década del Siglo XX, surgen las luchas políticas que especialmente a partir de la década de 1960 se han venido desarrollando hasta el presente en el México del Siglo XXI. Indican los autores del libro, que “existen transformaciones fundamentales producidas por la Revolución que, independientemente de la posición historiográfica que se asuma, tienen que reconocerse”. En ello tienen plena razón.

Para Ávila y Salmerón, los principales logros de la Revolución pueden expresarse, en primer lugar, en su amplia capacidad de movilización y violencia popular; en segundo lugar, por el surgimiento o parto de un nuevo Estado político; y en tercer lugar, por la reforma agraria generada durante su desarrollo y el sustrato final de la misma a partir de 1917.

En el primer renglón los autores del libro destacan que la “Revolución Mexicana fue un gran movimiento de masas”. Se trata de una revolución surgida de la postura del pueblo ante la decadencia que representó el régimen del general Porfirio Díaz. A éste, sin embargo, se le considera por algunos como el gran timonel que impulsó el inicio del proceso de modernización de México durante los años 1876 al 1911.

Tras la renuncia de Díaz y la posterior dictadura militar impuesta por el también general Victoriano Huerta tras un Golpe de Estado, el reclamo de una reforma agraria prontamente se convirtió en la lucha de cientos de miles de campesinos en México que reclamaban profundas transformaciones en la tenencia de la tierra contra un gobierno que les oprimía y les despojaba de estas. Destacan los autores cómo la incapacidad del principal dirigente opositor a Díaz, Francisco I. Madero, quien no logró sus objetivos inmediatos de impulsar un programa democrático burgués que promoviera un Estado constitucionalista. Habiendo logrado inicialmente la renuncia de Díaz, finalmente fracasa en su empeño democratizador ante la tibieza de sus reformas, abriendo el paso a que el principal estratega militar suyo, Victoriano Huerta, tras su muerte, se quedara con el poder dando inicio un nuevo periodo de dictadura.

Madero, indican los autores del libro, “no quiso o no pudo llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias, y se limitó a encabezar una revolución política puesto que creía que la democracia sería la solución a los grandes problemas del país.” El resultado fue que emergiera de la nueva dictadura de Huerta, la fragmentación del Estado nacional y “la emergencia de tres estados regionales” en las zonas dominadas por cada uno de los tres ejércitos populares que se levantaron originalmente en la lucha contra Porfirio Díaz: el villista, el constitucionalista y el zapatista.

En segundo lugar, se señala que a partir de la derrota y destrucción del Estado porfirista, así como el advenimiento de la dictadura de Huerta, con el establecimiento del nuevo Estado revolucionario tras la celebración del Congreso de Querétaro, se exige que el gobierno asuma las principales reivindicaciones de la Revolución. En el debate entre las distintas fuerzas principales de la Revolución en torno a cómo asumir las mismas, comienza a quebrarse el frágil consenso entre los tres grandes bloques militares, dando comienzo a una guerra civil. En ella se enfrentaron, aún con sus diferencias, las tropas de Francisco Villa y Emiliano Zapata a las fuerzas constitucionalistas. La lucha contra Villa y Zapata inicialmente conducida por Venustiano Carranza hasta su fusilamiento, lleva eventualmente al control absoluto de las fuerzas constitucionalistas  por parte de Álvaro Obregón.

El tercer cambio fundamental fue la Reforma Agraria, que trajo como resultado las mayores transformaciones en el campo habidas en México a lo largo de toda su historia. Esta reforma vino de la mano con la pérdida relativa del poder político de la oligarquía surgida tras el porfiriato, las grandes transformaciones impulsadas por zapatismo en el centro y sur; y por el villismo en el norte y el apuntalamiento de un capitalismo con amplia intervención del Estado en los procesos económicos. Sobre el particular indican los autores del libro:

“…la Revolución mexicana influyó y determinó en buena medida la evolución del país a lo largo del Siglo XX, no solo en la configuración del capitalismo con el Estado como pivote de la acumulación y del desarrollo económico, y no solo a través de un Estado corporativo que tuvo la capacidad de organizar, controlar y subordinar a las organizaciones populares a cambio de ofrecerles la solución desde arriba de algunas de sus principales demandas, lo que le permitió ser el Estado con el régimen político más estable y longevo del siglo XX. También la revolución fue utilizada por las organizaciones populares como un referente y símbolo que orientaba sus luchas, su organización y su movilización. La forma predominante de hacer política a lo largo del siglo XX fue la política de masas establecida por la revolución, la de los grandes colectivos, la de la movilización y la lucha callejera, en los centros de trabajo, en los ejidos y escuelas, a través de actores colectivos: sindicatos, centrales campesinas, organizaciones populares y estudiantiles, ya sea estos actores colectivos fueran aliados y subordinados al Estado corporativo y clientelar o fueran organizaciones independientes y  contrarias al control estatal…¨

Tras el triunfo de las fuerzas constitucionalistas, el 5 de febrero de 1917 se promulgó una nueva  Constitución, la cual a pesar de ser obra de los vencedores, incluyó muchas de las reivindicaciones de los perdedores. Indican los autores del libro que algunos historiadores señalan que se trató de la restauración de la Constitución de 1857 con algunas reformas y modificaciones.

Si bien la Constitución aprobada fue un documento más moderado en lo que atañe a su contenido reivindicativo que lo que fue el programa impulsado por Emiliano Zapata en el Plan de Ayala y más tarde impulsado en la Convención de Aguas Calientes el 10 de octubre de 1914, como también del Programa de Reformas Económicas, Políticas y Sociales de la Convención, que contó con el apoyo de Francisco Villa; ésta, en su artículo 27, consignó la principal demanda que había surgido del proceso revolucionario, que era el tema de la reforma agraria y el problema del acaparamiento de la tierra en manos de grandes latifundistas. El Artículo se ocupó, además, de atender los reclamos ancestrales de titularidad de las comunidades originarias sobre sus recursos naturales. Este artículo colocó en manos del presidente de la República la determinación en cuando a “decidir cómo, cuándo y a quiénes y en qué  proporción debía repartirse la tierra, así como las modalidades para la explotación del subsuelo”.

El Artículo 123 de la Constitución, por su parte, recogió las principales demandas laborales, adoptando la política del Estado benefactor, dando paso al establecimiento de una profunda legislación protectora del trabajo y amplia legislación social. A diferencia de las reivindicaciones del zapatismo y el villismo, que reivindicaban estas transformaciones desde abajo, con la Constitución, aunque sin la profundidad inicial, se imponían las reformas desde arriba.

La Constitución estableció también, de manera fulminante, una total separación de Iglesia y Estado eliminando importantes privilegios que ostentaba la Iglesia Católica. La Constitución prohibió la posesión por parte de la Iglesia de propiedades y les prohibió desarrollar su culto fuera de las iglesias. A la vez, la Constitución delegó en el Estado la responsabilidad absoluta en la educación de los niños y jóvenes. La actividad política de la Iglesia también fue suprimida.

Indican los autores del libro que el resultado de la Constitución fue la creación de un Estado benefactor “interventor, regulador y conductor de la economía, con la capacidad de controlar, subordinar y movilizar a los sectores populares gracias a la enorme legitimidad que le dio su origen revolucionario y a su facultad para llevar a cabo la reforma agraria, ofrecer educación y velar por los derechos de los trabajadores.”

Con la llegada al poder de Álvaro Obregón, varios de los artículos de la Constitución de 1917 finalmente fueron puestos en vigor.

Fue durante el mandato de Lázaro Cárdenas del Río que se llevó a cabo el 18 de marzo de 1938 la expropiación petrolera y la entrega de los ferrocarriles a la administración obrera, creándose el Instituto Politécnico Nacional. Cárdenas dio un impulso a la educación con un perfil socialdemócrata y promovió la distribución de tierras entre los campesinos. Fue también bajo su mandato que se organizó el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), formado por cuatro sectores: popular, obrero, campesino y militar. Este partido, más adelante se transformó durante la década de 1940 en Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es este partido, el que desde entonces, junto con el Partido de Acción Nacional (PAN), durante décadas mantuvieron la alternancia PRI-PAN.

Desde el siglo XIX, en la lucha contra la el gobierno de Porfirio Díaz, en México se impulsó por parte de las fuerzas políticas emergentes dentro del Estado burgués, que sus dirigentes no gobernaran por más de un término consecutivo. Al pesar de que en más de veinticinco años la alternacia PRI-PAN repartieron el poder político, para las elecciones de 2000 surgió como fuerza electoral considerable un tercer partido, el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Este partido surgió de una escisión dentro del PRI. La división llevó a que en ese año, por primera vez luego de 71 años de gobiernos del PRI, la Alianza por el Cambio, integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, obteniendo el 43.5% de los votos, derrotara al PRI y a su candidato Francisco Labastida. En estas elecciones participó también la Alianza por México, encabezada por su candidato Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Ese año, Vicente Fox fue electo presidente. Para entonces, a diferencia de hoy, el PRD se proyectaba como un partido de izquierda.

En las elecciones de 2006 el correligionario de Fox, Felipe Calderón Hinojosa, fue electo presidente de México. El entonces candidato por la izquierda del PRD, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no reconoció los resultados y acusó de fraude al presidente Vicente Fox. Sin embargo, su protesta y denuncia no alteró el resultado oficial de las elecciones a favor de Calderón.

En las elecciones de julio de 2012, la presidencia de la República, como balón de futbol, cambio una vez más de equipo, obteniendo el triunfo el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. En las elecciones efectuadas el 1 de julio de 2018 partició nuevamente por tercera ocación Andrés Manuel López Obrador, esta vez como candidato del Movimiento de Regenaración Nacional (MORENA). Con la participación del 63.42% de los electores inscritos, López Obrador obtuvo el 53.1% de los votos.

En un artículo publicado en ALAI-America Latina de 9 de enero de 2018, titulado La izquierda puede ganar en México, Emir Sader anticipaba:

“Ya son como ocho veces que la izquierda llega al final de la campaña electoral con posibilidades de ganar en México y, casi gana, le han quitado varias veces el triunfo. El Estado-partido del PRI ha sobrevivido a dos mandatos fuera de la presidencia, pero ha retornado y, aunque ha fracasado como gobierno, se ha debilitado con ello, mantiene el poder de imponer resultados a la fuerza como ha demostrado la elección del gobierno del estado de México.”

Describiendo las estructuras electorales del PRI y el PAN, señalaba que son dos máquinas políticas “listos para accionar todo ese poder de aparato para disputar entre sí quién tiene mejores condiciones para enfrentarse al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador”.

De acuerdo con Sader, López Obrador se ubicaba “primero en las encuestas”. Las posibilidades electorales frente a las maquinarias, conjuntas o separadas de estos dos partidos encontraban a un López Obrador que había venido ganando la base de sectores de empresarios y políticos vinculados tanto al PRI como al PAN. No obstante, señalaba la importancia que revestía para el proceso electoral el debilitamiento de estos dos partidos tradicionales.

Un factor adicional que podía incidir en el resultado de las elecciones, indicaba, era la participación de las poblaciones originarias. En México, de acuerdo con Marcos Matías Alonso, en su escrito publicado por ALAI- América Latina de 9 de enero de 2018, titulado México y la pluriculturalidad en el Poder Legislativo, el 21.5% de la población se consideraba a sí misma como parte de las comunidades originarias, también llamadas “indígenas”. Este porciento totalizaba 25,694,928 ciudadanos, divididos éstos en 48.7% hombres y 51.3% mujeres. Esta cantidad, sin embargo, no comparaba con el número de legisladores electos por este segmento poblacional a la Cámara de Diputados, donde tan solo un 1% de sus integrantes eran entonces indígenas.

Un programa político que se acercara a las propuestas concretas que impulsa este importante sector de la población mexicana, que reivindicara la solución de sus problemáticas, indicaba Matías Alonso, tendría un mayor potencial de allegar a la población indígena al proceso electoral. Un resultaro plausible sería el voto a favor de una organización que no impulsara un programa neoliberal como el que había llevado a cabo el binomio PRI-PAN, que es lo que se había insertado en la vida mexicana durante las pasadas décadas y que en ese momento se profundizaba más.

No obstante no debía perderse la perspectiva de lo que nos indicaba Sader en su escrito, al describir cuál había sido el tendón de Aquiles de la izquiera electoral de México. A tales efectos recordaba que, aunque en el plano de los partidos, los principales peligros para López Obrador aparentemente lo representaban el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, realmente “el principal adversario de López Obrador es el fraude, que varias veces impidió la victoria de la izquierda en las últimas décadas.” El otro gran peligro para López Obrador que advertía era la “postura de Trump en contra de México y del Tratado de Libre Comercio”, a lo que además añadía, el tema del Muro y la expulsión de inmigrantes.

El gobierno de López Obrador ha debido enfrentar grandes retos. Entre ellos cabe destacar problemas heredados de gobiernos anteriores como son los temas de la seguridad ciudadana, el narcotráfico, la corrupción y la situación migratoria. A partir de su primer año, donde más de 36 mil personas fueron asesinadas, ante las estrategias de los gobiernos anteriores de mano dura y militarización de la justicia,  reforzando los elementos de seguridad ciudadana, el gobierno de López Obrador puso en marcha programas para el empleo de jóvenes, programas de becas educativas y programas contra la adicción. En materia económica, a pesar de las críticas en torno a su enfoque administrativo, donde se indica van dirigidas a romper con años de políticas neoliberales,  lo cierto es que se han llevado a cabo también programas para implantar políticas de austeridad en el gasto público, medidas contra la corrupción, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y el incremento en el salario mínimo de los trabajadores.

El gobierno de López Obrador también ha procedido a la revisión de la política interna migratoria de México hacia los Estados Unidos y otros países de la región. En política internacional, México ha iniciado un mayor acercamiento hacia América Latina, promoviendo el diálogo entre actores nacionales para conflictos internos envarios países, e internacionales para la conducción de procesos de paz. Igualmente, México ha dado pasos de avance en la promoción de los derechos humanos, los reproductivos de las mujeres y en el manejo de la protección de los derechos de la niñez.

Apenas han transcurrido menos de dos años de gobierno en un término constitucional de seis años de mandato. Habrá que esperar el cierre de este ciclo de gobierno para, confrontando los resultados de  los gobiernos anteriores del PRI o del PAN, pasar juicio histórico sobre el mandato de AMLO.