El 16 de marzo del año en curso, el Grupo de Trabajo de Casa Blanca produjo su anunciado Informe. Del mismo han surgido varias lecturas, la mayor parte de ellas enfocadas en el tema del status, si prestar atención a la relación del referido tema con las medidas económicas que propone.

Me parece que no es posible entender la dimensión real  de este Informe sin vincular un tema con el otro. Procuraré explicar mi parecer en este breve artículo.

Puerto Rico ha sido reconocido desde hace prácticamente un siglo como un territorio no incorporado de los Estados Unidos. En el decir del Tribunal Supremo de este país en los llamados “Casos Insulares”, Puerto Rico pertenece a pero no forma parte de Estados Unidos. La extensión de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños no fue una promesa de estadidad ni ha sido la intención de Estados Unidos hasta el presente encaminarnos hacia ese objetivo decidiendo incorporar el territorio. Es esta característica la que nos distingue, en gran medida, de lo que constituye un territorio incorporado a Estados Unidos; es decir, aquel que forma parte de Estados Unidos.

Si esto es así, ¿cuál importancia tiene para nosotros la propuesta incluida en el Informe de Casa Blanca al proponer dos consultas? La primera, sería que los puertorriqueños decidamos no si queremos mantener la actual relación con Estados Unidos, sino que los puertorriqueños nos expresemos en torno a si queremos “ser parte de Estados Unidos o deseamos ser independientes”? A mi juicio, la contestación a esta pregunta será que sí, que los puertorriqueños  deseamos ser parte de Estados Unidos y no ser independientes (ya sea bajo un modelo de libre asociación o bajo un modelo de independencia).

De acuerdo con el Informe, si los puertorriqueños optamos por decidir que queremos ser independientes, las opciones de relación política futura con Estados Unidos estarían basadas en la condición de país independiente o de país independiente asociado a Estados Unidos. Si escogemos la opción de formar parte de Estados Unidos, las opciones bajo las cuales podría Puerto Rico establecer su relación futura con Estados Unidos sería como ELA o como estado. Sin embargo, de ahí concluir que estaríamos hablando del ELA actual, podría ser equivocado si no medimos el impacto que traerán las medidas económicas que propone el Informe para Puerto Rico y mucho peor las posiciones políticas a seguir en adelante.

A mi juicio, las medidas económicas según han sido propuestas, no hacen sino anexarnos más a Estados Unidos que lo que estamos en estos momentos. Claro está, estaríamos ante un nuevo modelo de anexión, más organizado, más controlado y más dirigido por el Gobierno Federal a través de sus agencias. Eso es precisamente lo que abonan las medidas propuestas bajo las cuales las áreas de educación, salud, seguridad, sistema de justicia, comunicaciones, energía, etc. estarían bajo una supervisión directa, bajo estrechos acuerdos de colaboración según han sido definidos en el Informe, de parte de las agencias federales en Puerto Rico.

Sin que nos lo digan abiertamente, nos están organizando como territorio para eventualmente, colocarnos en condiciones de incorporarnos.

El diseño de la consulta contenido en el Informe es claramente injerencista por parte de Estados Unidos en los asuntos nacionales de los puertorriqueños. No es un modelo de ejercicio de libre determinación como indica el Informe de Casa Blanca, o como indica el Presidente Obama en la carta de presentación del Informe suscrita el 11 de marzo de 2011. Su diseño está dirigido a descartar las opciones de independencia y libre asociación en tanto en cuanto la primera consulta es si queremos o no formar parte de Estados Unidos. Nadie en su sano juicio puede apostar que en estos momentos, sin una previa adopción de una política descolonizadora hacia Puerto Rico, los puertorriqueños tengamos bajo ese tipo de proceso realmente posibilidades de ejercer un voto independiente y no condicionado por la situación colonial. En ese sentido, no sería nada extraño que tanto los sectores anexionistas dentro del Partido Nuevo Progresista y dentro del Partido Popular, junto a no afiliados anexionistas, estuvieran prevaleciendo en este tipo de consulta. Si así ocurriera, como indicamos, las opciones de libre asociación e independencia no estarían disponibles en una segunda consulta. Este escenario,  de paso, le resuelve el problema interno de estos sectores del Partido Popular con su militancia soberanista.

Me parece que en una segunda consulta, ya sea mediante los que voten por la estadidad como los que voten por el ELA propuesto en el Informe, se adelantarían objetivos propios para estos dos partidos, es decir, objetivos no contradictorios con los intereses de  Estados Unidos en Puerto Rico y en consecuencia, con una relación con la cual ellos podrían vivir en el futuro con Puerto Rico.

El PNP, aún prevaleciendo en la consulta, sabe que la estadidad, aun cuando fuera ofrecida por Estados Unidos no es autoejecutable sin un periodo de incorporación del territorio. El territorio incorporado, sin embargo, sería un paso de avance para ellos. En el caso de los sectores anexionistas dentro del Partido Popular Democrático, un ELA “nuevo”, intervenido y condicionado por Estados Unidos representa un estrechamiento de la llamada “unión permanente” y en consecuencia, una alternativa de desarrollo o llamado crecimiento del ELA dentro de la relación con Estados Unidos.

De hecho, las indicaciones contenidas en el Informe de que con la estadidad no estaría en juego  su propia identidad cultural y lingüística no es sino avalar el discurso de la estadidad jíbara; el planteamiento sobre la prolongación de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños que al momento de la opción de separación de Estados Unidos así lo decidan (libre asociación como independencia) atiende también los posibles miedos sobre este tema para algunos de estos sectores. Después de todo, recordemos que tampoco a Estados Unidos le es ajeno el hecho de que la ciudadanía se transmite por nacimiento o por vía de la “sangre”. La afirmación de no permitir la participación de los nacionales puertorriqueños en las consultas, es otra manifestación de rechazo al ordenamiento internacional en materia de descolonización, lo que afianza su perspectiva imperial en este tema.

Nadie duda de la realidad económica de Puerto Rico. Las alternativas a esta realidad sólo pueden comenzar a corregirse si rescatamos los poderes políticos hoy conculcados por Estados Unidos. Un afianzamiento de la anexión de Puerto Rico no puede ser la alternativa que nos planteemos. En Puerto Rico el reforzamiento de la opción anexionista solo conduce a una mayor dependencia y a una renuncia a nuestros derechos soberanos como pueblo.

El Informe de Casa Blanca hay que rechazarlo como también es necesario rechazar cualquier medida que nos lleve hacia la opción de territorio incorporado. Ése debe ser el llamado que desde el independentismo formulemos.

17 de marzo de 2011