A raíz de la invasión a Puerto Rico, Washington puso en marcha un proyecto que pondría la economía colonial en función de los intereses de sus empresas y centros de poder. Se apoderaron de las mejores tierras cultivables para convertir a la isla en una inmensa central azucarera y en una formidable instalación militar, dos de sus necesidades básicas en aquel momento.

Luego encontraron lugares más rentables para el cultivo de azúcar. Abandonaron las centrales azucareras y se lanzaron a la industria del petróleo. La CORCO, la Union Carbide y otras empresas fueron los sustitutos de las centrales azucareras. A los pocos años, esta actividad perdió el interés de los inversionistas. Se fueron, dejándonos la contaminación y la chatarra que aun persiste en Peñuelas y Guayanilla.

Ante la presencia de mano de obra barata y recursos acuíferos inmensos en la zona del karso, comenzaron a invertir en la manufactura y la industria farmacéutica, lo que generó una actividad económica importante bajo el código de rentas internas de las corporaciones 936. Desde que se eliminaron los beneficios contributivos de las 936, decayó la industria manufacturera y la farmacéutica. Desde entonces la inversión que se ha visto en Puerto Rico es el establecimiento de grandes cadenas de negocios en centros comerciales a través de toda la isla y los préstamos a las corporaciones públicas y al gobierno central, que se dispararon con la mala práctica gubernamental de coger prestado para pagar deuda y financiar proyectos faraónicos.

La inversión externa no es mala en si; el problema lo plantea la falta de compromiso de esos inversionistas con el País, la fuga de capital y la falta de reinversión en Puerto Rico, amen de los altos subsidios y exenciones contributivas que benefician a esas empresas, mientras al empresario local se le niegan, creando una desventaja competitiva para la economía nacional.

Si a todo lo anterior le sumamos la falta de soberanía para entrar en acuerdos y tratados comerciales con otros países, como Venezuela, para la compra de combustible a PetroCaribe; la falta de acceso a instituciones financieras de nuestra América, como el Banco del Alba o Banco del Sur, la falta de acceso a instituciones financieras internacionales como el Banco de Desarrollo del BRICS; la falta de control de nuestras aduanas y los altos costos del transporte por las Leyes de Cabotaje, entre otras lacras del colonialismo, tendremos la tormenta perfecta para el fracaso.

Ante la debacle económica y social en que nos encontramos, proponemos:

1º. Realizar una auditoria ciudadana de la deuda. No sabemos que es lo que se nos está obligando a pagar, en qué se utilizó, quien asumió la obligación en nuestro nombre y si fue de beneficio para Puerto Rico.  Los auditores deben ser escogidos por el pueblo.

2º. Renegociar los términos de la deuda legítimamente contraída e imponer responsabilidad económica y legal a los culpables del desastre administrativo.

3º. Proteger las empresas locales, como las farmacias de la comunidad y los colmados, contra la competencia injusta de las multinacionales.

4º. Transformar la dependencia en la inversión extranjera por un modelo de incremento de la producción del país, el desarrollo agrícola y el desarrollo de empresas cooperativas.

5º. Exigir el fin de las Leyes de Cabotaje.

6º. Abolir todo tipo de práctica colonial, trabajando junto al pueblo en el proceso de descolonización e independencia, mediante la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Status.


¡Resistiremos y triunfaremos!