Monitoreo de prensa
Sábado, 6 de febrero de 2010
Por Elaine Mulet Hocking y Natalia Rivera Nieves
Biznieto de José de Diego
Defiende nombre de José de Diego
Rosita Marrero / Primera Hora
De “primitivos, incultos y visigodos”, calificó el biznieto de José de Diego a los miembros de la mayoría en la Cámara de Representantes.
El abogado Reinaldo Segurola expresó su indignación, en una misiva que le envió a la presidenta cameral Jenniffer González, por el hecho de que el óleo del prócer José de Diego se exhiba al lado de otros presidentes “despatriados e ignorantes, a quienes el pueblo”, según éste, no les reconoce autoridad moral e intelectual para representarlos.
Segurola menciona en la carta que lo habían invitado a los actos de develación de los óleos de presidentes, pero al pedir tiempo para dirigirse a ellos, la invitación se quedó en el aire, así que les envió por escrito el mensaje.
“Señores y señoras, me dirijo a ustedes, que tienen el estigma de ser parte de la rama de Gobierno más desprestigiada en nuestro país. Quisiera pensar que mis palabras representan el sentir de la inmensa mayoría”, expresó.
Agregó que con su soberbia han sido incapaces de escuchar la voz del pueblo que “está JARTO de su derroche de dinero” y sus privilegios.
“[...] como abogado, me avergüenza que se hayan atrevido a aprobar legislación para destruir nuestro Colegio; y como biznieto de José de Diego, me indigna que su óleo esté cerca de otros, que consideramos políticos despatriados, incultos e ignorantes, con poder político, pero sin autoridad moral e intelectual para representar a nuestro pueblo”, dijo.
Avelino
Se declara culpable de robo Wells Fargo
Por Melissa Correa Velázquez - EL VOCERO
Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal de Connecticut, Avelino González Claudio, presunto miembro del Ejército Popular Boricua, Los Macheteros, se declaró culpable de los cargos que se le imputaron sobre el robo de $7 millones a un camión blindado de la compañía Wells Fargo en 1983, a cambio de cumplir una sentencia menor.
La Fiscalía del Distrito de Connecticut informó en un comunicado de prensa que el juez federal Stefan R. Underhill de Hartford, pautó la vista de sentencia para el 26 de mayo.
Según el escrito, el convicto se exponía a una sentencia estatutaria de 15 años de cárcel y a multas de hasta $20 mil.
El acuerdo con el Ministerio Público Federal -sujeto a ser aprobado por el juez- establece que a González Claudio cumpla siete años de cárcel y que la multa también sea reducida a $10 mil.
González Claudio de 67 años, se declaro culpable de conspiración para robar fondos bancarios asegurados y de transportación foránea del dinero robado.
De acuerdo a documentos y declaraciones hechas en corte entre abril de 1983 a abril de 1984, González Claudio conspiró con otros para robar el dinero para transportarlo a México.
“González Claudio reconoció que el y otros co conspiradores aprobaron y autorizaron el robo, que ocurrió el 12 de septiembre de 1983. En marzo 27 de 1984 González Claudio y otros transportaron el dinero a México”, señala el comunicado de prensa.
El gobierno alega que el propósito del robo era para financiar actividades de Los Macheteros.
González Claudio estuvo prófugo de las autoridades federales durante 22 años y en agosto del 2008 fue arrestado en Manatí.
El convicto era buscado junto a su hermano, Norberto González Claudio –quien aun se encuentra prófugo de las autoridades– y Víctor Manuel Gerena, acusados por estos hechos.
Muere un nacionalista
Muere líder nacionalista que atacó cuartel de la Policía en Arecibo
Inter News Service / Primera Hora
El líder nacionalista Ismael Díaz Matos, quien comandó el ataque a un cuartel de la Policía en la década del cincuenta, falleció en Bayamón, informó el Partido Nacionalista Puertorriqueño.
Díaz Matos dirigió un ataque de un grupo de nacionalistas a un cuartel de la Policía, el 30 de octubre de 1950, por lo que fue encarcelado durante 20 años.
Sus restos son velados en la Funeraria Levittown Memorial y será enterrado mañana, sábado, a las 2:00 de la tarde, en el cementerio La Santa Cruz, de la carretera PR 129, de Arecibo a Lares
Debido a la muerte de Díaz Matos, las banderas que ondean en la Plaza de la Revolución de Lares se encuentran a media asta.
Noticias Nacionales________________
Salud
Confirman dos casos de dengue hemorrágico
El CDC advierte que el País está en el umbral epidémico
Por Marga Parés Arroyo/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla
A punto de caramelo de una epidemia de dengue, hoy el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) confirmó dos casos de dengue hemorrágico, lo que eleva a tres las personas infectadas con la manifestación más severa de este virus.
Según informó la doctora Martha Patricia Cano, directora del Programa de Prevención de Dengue, los dos nuevos casos son un hombre de 29 años de San Juan que inició síntomas de dengue el pasado 3 de enero y otro varón de 46 años del municipio de Añasco cuyos primeros síntomas datan del 12 de enero.
El primer caso era, también, un varón, un infante de cinco meses del pueblo de San Lorenzo que inició síntomas del virus el 4 de enero.
Según el informe más reciente de la Subdivisión de Dengue del CDC, Puerto Rico se encuentra en el umbral epidémico de dengue por segunda semana consecutiva. Además, el CDC declara que el nivel de actividad de dengue es extendido, lo que significa que hay más de cuatro regiones del País con casos positivos al virus.
Los municipios donde ya se ha declarado brotes de dengue son: Camuy, Hatillo, Arecibo, Bayamón, San Juan, Juncos, Yabucoa y Villalba.
“Estamos fumigando con la ayuda de los municipios pero la ciudadanía tiene que cooperar y ayudarnos a identificar y eliminar los criaderos de mosquitos y los ciclos del mosquito en desarrollo”, dijo Cano, quien recalcó que la mayoría de las personas contagiadas con dengue resultaron positivas al serotipo DEN-1.
Por otra parte, el Secretario de Salud, Lorenzo González, informó que del 1 al 4 de febrero se reportaron 24 casos adicionales del virus de Influenza AH1N1.
En lo que va de año, se han reportado 195 casos relacionados con este virus, mientras durante el 2010 ya se han registrado dos muertes. La última, se trata de un infante cuya prueba había sido enviada al CDC para confirmar que, en efecto, se trataba de AH1N1.
Educación
Talleres de redacción de propuestas en PRFAA
Primera Hora
Nicole Guillemard, directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, por sus siglas en inglés) anunció la celebración hoy y mañana de dos talleres de redacción de propuestas que se llevarán a cabo en la oficina regional de su agencia en Nueva York.
Según informó Guillemard, en un comunicado de prensa, el taller de hoy, viernes, ofrecido por la directora de la división de propuestas federales de PRFAA, Elsa Luis, incluye la participación de representantes de decenas de organizaciones comunitarias y de salud de Nueva York, entre ellas la Puerto Rican Family Institute, Partners for Community, Institute for Puerto Rican/Hispanic Elderly, Mount Sinai Medical Center, Montefiore Medical Center y la American Diabetes Association.
"Varias de estas organizaciones ya tienen operaciones u oficinas afiliadas en Puerto Rico" dijo Guillemard.
Manifestó que "mediante esta iniciativa, queremos fomentar mayor cooperación de beneficio mutuo entre organizaciones de la Isla y el continente, y la utilización de las mejoras prácticas en las pertinentes propuestas de fondos que se radican".
Mañana sábado, la señora Luis ofrecerá otro taller a los miembros de la conferencia regional de desfiles y festivales, agrupación que anualmente auspicia más de una decena de desfiles y festivales puertorriqueños en la región noreste de la nación.
"Nos complace poder colaborar con estas organizaciones", declaró la directora ejecutiva de Prfaa al indicar que los asistentes al taller del sábado incluyen representantes del Desfile del Día Puertorriqueño Nacional, la Parada Puertorriqueña de Hartford (CT), la Parada Hispana de Trenton (NJ) y el Festival Cultural Puertorriqueño de Rhode Island, entre otros.
Ambiente
Por caminos distintos la EPA y el Gobierno
Fortuño propone plantas de incineración para quemar basura y generar electricidad, pero la EPA expresa que esta tecnología no es su prioridad
Por Aurora Rivera Arguinzoni / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla
La propuesta de la administración Luis Fortuño de impulsar las plantas de conversión de energía para quemar basura y generar electricidad no coincide con las prioridades de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).
Esa entidad reguladora, que pasará juicio sobre las llamadas plantas “waste to energy”, prefiere enfocarse en la reducción, reúso y reciclaje de los desechos sólidos como estrategia principal para enfrentar ese problema ambiental.
El jueves la administradora de la Región 2 de EPA, Judith Enck, sostuvo reuniones separadas con representantes del gobierno y de la comunidad y, de acuerdo con su portavoz de Prensa, Bonnie Bellow, la funcionaria ha recalcado en que se aumente el reciclaje, se reduzca la generación de basura y se haga énfasis en la composta (convertir desechos orgánicos, como comida y hojarasca, en abono).
Esta versión oficial no dista de las expresiones que la funcionaria federal vertió en una reunión el jueves con líderes ambientalistas del patio.
“Lo dijo claramente: 'No creo que la incineración sea la primera línea. Si me sometes un proyecto lo voy a examinar porque no está prohibida, pero no creo que sea lo primero que se deba hacer, me parece que hay muchas otras cosas que se pueden hacer primero'”, dijo Juan Rosario, de Misión Industrial, citando a Enck.
“Dijo que, a diferencia de la anterior administración, ella no iba a fomentar las 'waste-to-energy' en Puerto Rico”, confirmó por su parte, y en entrevista separada con este diario, Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental. La reunión con los ambientalistas fue solicitada por Enck.
“Independientemente de cual sea la tecnología que se aplica, la EPA no va a estar fomentando el que se este transformando (desperdicios en energía)”, insistió Rivera Herrera. Comentó que según estimados de Enck, el proceso para establecer una planta “waste-to-energy” generalmente toma de siete a ocho años.
La EPA se comprometió con revisar cualquier propuesta que se presente para la instalación de estas tecnologías, las cuales tienen que cumplir con todos los requisitos federales, incluyendo los de emisiones al aire y manejo de cenizas, dijo Bellow a El Nuevo Día.
En sintonía la ADS
Aunque no dio muestras de que haya planes de renunciar a la idea de establecer una plana de conversión de energía, la directora ejecutiva de la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS), Rebecca Nieves, reconoció que en vista del orden de prioridades de la EPA “definitivamente tenemos que reducir, reciclar y trabajar con la composta”.
Aseguró que la ADS elabora planes con el Departamento de Educación, la Administración de Corrección y la Compañía de Desarrollo Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) para crear proyectos, identificar necesidades y mercados que den paso a la formación de empresas nativas que suplan estas necesidades.
Paradoja en Massachussetts
Las plantas de conversión de energía utilizan procesos termales como la incineración para generar electricidad al tiempo que ayudan a minimizar el problema de la acumulación de basura.
Sin embargo, dependen de que se genere basura para operar. En contraste, los proyectos efectivos de reducción de basura y reciclaje amenazarían la operación, como ocurrió en la zona de North Androver, Massachussets.
Allí, en 1985 se instaló una planta incineradora con capacidad para 1,500 toneladas diarias. La instalación también produciría electricidad. La comunidad firmó un contrato por 20 años con la empresa que los obligaba a llevar su basura al incinerador o, de lo contrario, serían multados. Siete años más tarde la cantidad de desperdicios se redujo por la recesión económica de la década y los programas de reciclaje que habían desarrollado las comunidades. En consecuencia, algunas comunidades se vieron forzadas a pagar hasta $300,000 al año a la empresa como penalidad.
Levantan bandera roja por las cenizas
El caso de AES levanta dudas sobre cómo manejaran las incineradoras
Por Aurora Rivera Arguinzoni / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla
La discusión sobre qué pasaría con las cenizas que producirían las plantas de conversión de energía, tras quemar basura, revivió el dilema que actualmente existe en la Isla en torno a la cogeneratriz privada Applied Energy Systems (AES) en Guayama.
Esta planta produce electricidad usando carbón y una de las condiciones para su establecimiento en la Isla -en la década de 1990- fue lograr la disposición adecuada de sus cenizas. Sus proponentes hasta plantearon usarlas para manufacturar bloques y como agregado para asfalto. Pero ello apenas ha ocurrido y el material se acumula en montañas cerca de comunidades y aledaña a recursos naturales sensitivos, como el gran acuífero del sur.
Este y otros temas, como las emisiones, la contaminación en Vieques y la falta de proyectos de reciclaje, fueron presentados por representantes de la comunidad preocupados por el ambiente en una reunión el jueves con la administradora de la Región 2 de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), Judith Enck.
“Hay más de tres mil millones de libras (de cenizas) regadas encima del acuífero del sur y hay un montón de urbanizaciones construidas sobre las cenizas”, alertó Juan Rosario, especialista de la organización ambientalista Misión Industrial.
Explicó que se intentó depositar las cenizas en República Dominicana y tanto en gobierno como las comunidades se negaron. “Hubo una demanda que transaron con el gobierno y hay una ahora de los residentes en Samaná porque hubo daños graves en una playa por esa ceniza”, aseguró.
La posibilidad de que las comunidades demanden está latente. El licenciado Pedro Saadé, experto en leyes ambientales, explicó que los parámetros para determinar si la ceniza que produce AES es tóxica en gran medida han sido influenciados por la propia industria.
Habría que probar que pese al alegato de que “son seguras” hay un peligro evidente. “Que no se estén clasificando como desperdicios peligrosos bajo una definición de ley no significa que no representen riesgo”, dijo.
En la reunión, se le pidió además a Enck que exija al Gobierno de Puerto Rico el cumplimiento con la meta de reciclar el 35% de la basura, cambiar las pruebas de toxicidad a las cenizas y exigir lo mismo que a jurisdicciones continentales “como no poner cenizas en tierra sin membranas”.
Avistan un pez león en El Escambrón
Un buzo de Scuba Dogs observó la semana pasada un ejemplar del peligroso pez en el área de la pocita
Por Aurora Rivera Arguinzoni/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla
La semana pasada un pez león fue avistado en la posita de la playa de El Escambrón, en San Juan, por personal de ScubaDogs.
Alberto Martí, dueño de Scuba Dogs y buzo con 25 años de experiencia, reveló que la pasada semana uno de sus compañeros tuvo un encuentro con un pez león en la playa de El Escambrón, donde hay una especie de poza natural.
“Buceamos allí casi todos los días y no habíamos visto nada”, aseguró.
Recordó que en el 2009 un colega vio el primer ejemplar identificado en aguas de Puerto Rico, en la playa Crash Boat de Aguadilla.
En ese momento, ya el equipo de trabajo de ScubaDogs estaba más que alerta a la presencia de este pez en aguas del Atlántico, pues meses antes había realizado un viaje escuela a Las Bahamas y fueron testigos de los estragos causados por la gran cantidad de peces leones que allí se estaban reproduciendo.
“Esto es una plaga y hay que eliminarlo”, urgió Martí.
Ayer el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Daniel Galán, alertó sobre un aumento en el número de estos ejemplares, particularmente en las costas de Cabo Rojo, Mayagüez, Rincón, Aguadilla, Dorado y Vieques.
La reproducción de este pez representa un peligro al balance ecológico de los mares locales, puesto que es un depredador natural -sobre todo de ejemplares jóvenes de múltiples especies- y no hay en esta zona peces que se lo coman a él. En cuanto al peligro que representan para los bañistas, aunque es real, no debe provocar alarma, a juicio de Martí.
“Este pez no representa un peligro inminente para los bañistas y las personas que van a las playas”, opinó. La razón es que el pez es muy pasivo y al sentirse amenazado su tendencia es a escapar, como ocurrió en días pasados cuando su colega trató de atrapar al que vio en El Escambrón.
Seguridad, justicia, tribunales
Radiografía del crimen en San Juan
Maribel Hernández Pérez / Primera Hora
La plantilla de oficiales de la Región de San Juan, compuesta por 13 precintos policiacos, fue la primera en enfrentar al superintendente de la Policía, al superintendente asociado y al superintendente auxiliar en Operaciones de Campo, para rendir cuentas sobre el alza en los delitos Tipo I durante el primer mes del 2010.
Desde el director regional, el comandante de la rama investigativa, los comandantes de zona y los jefes de precintos de la Región de San Juan tuvieron que darle explicaciones al panel encabezado por sus superiores sobre el aumento en la incidencia de delitos contra la persona, el alza global en los delitos Tipo I, la tasa de esclarecimientos, sus planes para la desarticulación de los puntos de drogas, de otras organizaciones criminales, el incremento de los recursos y su uso eficiente.
Durante la reunión, denominada “Rindiendo cuentas y fijando responsabilidades”, los supervisores de la región, que hasta el día de ayer muestra un aumento de 14.8% en los delitos contra la persona, detallaron los lugares donde ha incrementado la incidencia criminal, las dificultades que tienen para combatir a los criminales y las estrategias a corto, mediano y largo plazo que van a poner en vigor.
El superintendente, José Figueroa Sancha, informó que las sectores de Barrio Obrero, Calle Loíza, el casco de San Juan, Hato Rey Este y Oeste y Río Piedras son los de mayor incidencia criminal.
El sector número uno en asesinatos es el del destacamento de Lloréns Torres en Santurce, añadió.
“Este nuevo programa se distingue por ser un sistema de rendimiento y seguimiento de cuentas que contempla la utilización de nuevos sistemas de alta tecnología”, declaró Figueroa Sancha.
Al coronel Emiliano Rosario, director de la región policiaca de San Juan, se le asignarían los recursos necesarios para reforzar su área, pero se le hará responsable al mismo tiempo de lograr resultados, según lo explicó el Superintendente.
De acuerdo con las estadísticas diarias de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo (SAOC), en la región de San Juan se refleja un aumento de 1.7% en la incidencia de delitos Tipo I, que incluyen los asesinatos, violaciones, robos, agresiones agravadas, escalamientos, apropiaciones ilegales y hurtos de automóviles.
En lo que va de año han ocurrido 18 asesinatos, dos menos que en el mismo periodo en el 2009, para lo cual el comandante de Investigaciones Criminales, Francisco Rodríguez Ortiz, tuvo que detallar por qué el porcentaje de esclarecimiento de casos al finalizar enero fue de 52%, cuando la meta impuesta por el Superintendente es de un 60%.
Otros planes para bajar la incidencia de robos -que se han incrementado en un 27.8% comparados con el 2009- hasta el día de ayer fueron presentados por cada uno de los comandantes de zona y jefes de precintos donde mayor cantidad de esos delitos se refleja.
De igual manera ocurrió con los casos de hurto de autos, que aumentaron un 14.7% hasta ayer y las apropiaciones ilegales, que incrementaron un 3.4 por ciento.
Tras la reunión de cuatro horas de duración se acordó que la semana próxima la región policiaca de San Juan deberá entregar su plan anticrimen.
“Ya sabemos cuál es el problema y le pedimos que entregue el plan de trabajo la semana que viene, lunes o martes”, dijo Figueroa Sancha.
El funcionario aclaró que los $2.2 millones asignados a la agencia del sobrante del Plan de Estímulo Criollo serán utilizados para suplementar el trabajo de los policías estatales con los efectivos de la Guardia Nacional que integrarán los planes para combatir la incidencia criminal
Dispuestos a ir al Supremo federal por la Ley 7
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora
Consideran apelar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos la decisión del Supremo de Puerto Rico que validó la constitucionalidad de la Ley 7 que permitió el despido de miles de empleados públicos.
Uno de los abogados que impugnaron la constitucionalidad del estatuto, el ex legislador David Noriega, reveló ayer que él está recomendando que la apelación sea el curso de acción.
“El Estado tenía que probar un interés avasallador que justificara las cesantías y no lo hizo. Lo que hizo el Supremo fue aceptar como ciertas todas y cada una de las alegaciones sobre la crisis fiscal que se vierten en la exposición de motivos de la Ley 7. Esa ley menoscaba derechos que se reconocen en la Constitución del ELA y en la federal”, señaló Noriega.
El ex legislador mencionó que los empleados cesanteados deberían prevalecer en la Corte Suprema federal, pero otro abogado laboral, Luis Amaury Suárez, opinó que allí el panorama no se vislumbra tan positivo.
“Es altamente improbable que el Supremo federal acoja el caso. Las propias estadísticas demuestran que ese foro acepta considerar muy pocas apelaciones de los estados. A los trabajadores puede que sólo les queda la calle”, lamentó.
“Lo que pasó en el Supremo de Puerto Rico es una crónica de una muerte anunciada”, dijo Suárez, haciéndose eco de otros abogados y de la mayoría del liderato obrero de la Isla.
Tanto Noriega como Suárez y el abogado laboral Alejandro Torres Rivera coincidieron en que la determinación del Supremo “fue partidista”.
Frank Zorrilla, otro de los abogados del caso, aclaró que no es correcto que la opinión del alto foro invalide otros pleitos en curso, dirigidos todos a evitar los despidos.
Según indicó, quedan pendientes otras controversias que impugnan las notificaciones de cesantía o que alegan discrimen político.
A tenor con la decisión del Supremo, los abogados consultados dijeron que la corte erró porque ni siquiera se celebró una vista para que los trabajadores demostraran que había opciones para aliviar la crisis económica.
Tal y como sostuvo en su opinión disidente el juez presidente del Supremo, Federico Hernández Denton, los letrados también subrayaron que la corte eliminó la prohibición constitucional contra el menoscabo de las obligaciones contractuales; en este caso el contrato entre el Gobierno y sus empleados.
Los trabajadores con permanencia, dijo Torres Rivera, se aduce que tienen un derecho propietario sobre su empleo que es análogo al derecho a la propiedad que reconoce la Constitución.
“Para poder privar a un empleado público de su puesto, se tenía también que cumplir con un debido proceso de ley”, manifestó Zorrilla al explicar que los trabajadores tenían que conocer el plan de cesantías y la lista de antigüedad de “todo el mundo” en el Gobierno.
De otra parte, llama la atención que el mismo Supremo que hace unos meses reconoció como derecho adquirido vitalicio de los ex gobernadores el servicio de sus escoltas, ahora descarta el empleo como un derecho adquirido de los trabajadores.
“Cómo es posible que las escoltas sí, y no algo tan importante para vivir, como es el trabajo”, cuestionó Zorrilla.
Jorge de Castro Font podría pedir desestimación de los cargos
Rosita Marrero / Primera Hora
Una declaración jurada de una de las testigos de cargo en el caso que lleva la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OFEI) contra el ex senador Jorge de Castro Font pone en entredicho las actuaciones de los fiscales Ernie Cabán y Guillermo Garau, lo que “de resultar cierto” llevará a la defensa a pedir la desestimación de los cargos.
La declaración jurada sometida por Aileen Mudafort al Panel del FEI, con fecha del 4 de febrero de 2010, contiene alegaciones de que el fiscal Cabán le hizo presuntas expresiones a la testigo en torno a “la admiración que tenía por De Castro Font, que llevaba la pesquisa siguiendo órdenes, porque tenía que mantener su trabajo, y para poder dar comida a sus hijos”.
Mudafort, amiga de De Castro Font y que estuvo sentada junto a él en la vista celebrada el 29 de enero pasado, levanta su preocupación de que los fiscales Cabán y Garau nunca le advirtieron, en las varias entrevistas que le hicieron, que “yo era testigo o ‘tarjeta’ de investigación”.
No fue hasta que la abogada de De Castro Font, Lydia Lizarríbar, le llamó la atención al hecho de que está en el cuerpo de la denuncia, que se percata de que la colocan a ella como coconspiradora en la comisión de un delito.
“...el imputado Jorge de Castro Font, siendo funcionario público electo y candidato a senador por acumulación, en concierto y común acuerdo con Aileen Mudafort, a sabiendas, ilegal y maliciosa y criminalmente, presentó una cuenta falsa de ingresos electorales en el Informe de Ingreso y Gastos, en violación a la Ley Electoral”, reza parte de la denuncia, una de 182 que le fueron radicadas a De Castro.
“Ni el fiscal Cabán, ni el fiscal Garau me indicaron en momento alguno que yo podía ser ‘tarjeta’ de investigación y que cualquier testimonio de mi parte podía ser utilizado en mi contra o que debería buscar asesoramiento legal”, dice la declaración de Mudafort.
Agrega que por lo que ha leído en la prensa, el FEI hizo referidos al Departamento de Justicia y desconoce si ella es una de las referidas.
“Las actuaciones del Fiscal Especial Independiente fueron engañosas y manipuladoras para obtener mi testimonio y violaron mis derechos”, sostiene.
Pediría desestimación
En tanto, Lizarríbar solicitó ayer al Panel del FEI, al secretario interino de Justicia, Guillermo Somoza, y al fiscal federal Timothy Henwood que se investiguen las alegaciones en torno a posibles violaciones a testigos y si este tipo de situación se repite con otros.
¿Por qué al fiscal Timothy Henwood?
Porque de la misma manera que se llevan casos contra policías por violación a los derechos civiles, se puede investigar a funcionarios por violar los derechos de testigos.
¿Cómo afecta a su cliente todo esto?
Si fuera cierto que se obligó a un testigo a declarar de forma engañosa o bajo manipulación para radicar los cargos, la investigación está viciada y los cargos deben ser desestimados por conducta impropia de los fiscales.
Si fuera cierto, agregó que la investigación está viciada por la forma y manera en que se llevó a cabo, se debe destituir a los fiscales y desestimarse los cargos.
“Cabán dice que la investigación no vale nada”, dijo.
Se refiere a que Mudafort alega que Cabán le dijo que “la investigación le parecía demasiado para los hechos ocurridos”.
En torno a las razones que llevaron al Panel del FEI a investigar a Cabán, relacionado con su presencia en una actividad de recaudación de fondos de De Castro, Lizarríbar comentó: “No hay nada ilegal en que haya existido, como existe, una relación profesional entre Cabán y mi representado, porque en Puerto Rico los abogados conocen muchísimas personas por diferentes motivos”.
“Pero cuando se niega un hecho verídico que se puede constatar, ese hecho es el que arroja dudas y sospechas de la situación”, apuntó.
“Él ha ido cambiando su posición. Ha ido admitiendo lo que negó rotundamente al inicio”, aseveró.
Eso es lo que según Lizarríbar levanta sospechas y por lo que solicitará al Panel del FEI que sustituya al fiscal en este particular caso.
La ex fiscal federal y ex FEI señaló que la Ley del FEI establece que el deber del Panel es asegurarse antes de nombrar a un fiscal de que éste cumple con los requisitos y es el “deber ético y moral” del fiscal que se va a designar indicar al Panel cualquier situación que puede salir a la luz pública, que se pueda malinterpretar.
“Debía indicar al Panel que conocía a Jorge. El mero hecho de haber tenido una relación no lo hace impropio. Jorge, por su posición, conocía a muchas personas y se ha relacionado con muchas personas”, acotó.
“Eso no es un hecho indebido. Lo que me da la alerta es que Cabán no hizo un disclosure”, dijo.
Pesquisa sobre fiscal establece un precedente
Irene Garzón Fernández / Primera Hora
Sin precedente.
Desde que se estableció la ley que creó el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), nunca se había dado un caso de impugnación de un fiscal designado a una pesquisa.
“De verdad, no recuerdo que alguien impugnara al (fiscal) designado por el Panel, por cualquier razón: conflictos, que no tenga la competencia...”, expresó el ex secretario de Justicia Héctor Rivera Cruz, promotor de la ley que creó en 1988 el Panel del FEI.
Rivera Cruz precisó que “es la primera vez, que yo sepa, que se traiga a consideración del Panel que algún fiscal puede haber tenido algún conflicto con la tarea que se le asignó”.
Primera Hora abordó a Rivera Cruz en torno al fiscal Ernie Cabán, impugnado por la defensa del ex senador penepé Jorge de Castro Font, lo que provocó que el Panel del FEI, que preside la ex jueza Berta Mainardi, designara a la abogada Josefina Cruz Meléndez como investigadora especial para que rinda para el jueves un informe.
Para Rivera Cruz, el Panel debe investigar e indagar previo que se designe o contrate un FEI, pero, si se proveyó información incompleta y la persona ya fue nombrada, el Panel “siempre está a tiempo para corregir esa situación y designar otro fiscal y evitar que haya un fracaso de la justicia”.
Mainardi informó esta semana que la pesquisa sobre Cabán se inició luego que al Panel llegara información de la supuesta relación.
Rivera Cruz recordó que cuando en 1985, siendo secretario de Justicia, ordenó reabrir la investigación sobre el caso de Luis Vigoreaux, resultó que su jefe de fiscales, Luis Feliciano, era pariente del asesinado animador y productor, por lo que “le ordené que se inhibiera y no participara en ninguna etapa de esa pesquisa”.
Mientras, para el abogado estadista Benny Frankie Cerezo, la controversia con Cabán es “suficiente” para que éste se retire, porque “los intereses del pueblo no pueden estar supeditados a una situación personalista. El caso no es de ninguna persona en específico, cualquier otro fiscal capacitado puede llevarlo”.
Según Cerezo, “el fiscal no puede estar metido en este tipo de controversia como si él fuera la figura importante en esta ecuación”.
Vivienda prevalece en pleito con sindicato por aplicación de la Ley 7
Inter News Service – Primera Hora
El Departamento de la Vivienda anunció hoy que prevaleció en el pleito judicial con la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE), sindicato que buscaba paralizar los despidos en esa agencia por la aplicación de la Ley 7.
"En lo que constituye una ratificación de la legalidad mediante la cual se efectuó el proceso de cesantías contemplado en la Ley 7 en el Departamento de la Vivienda (DV), el Tribunal de Apelaciones revocó hoy la sentencia emitida recientemente por el Tribunal de Primera Instancia que había tenido el efecto de paralizar los despidos", dijo el secretario Yesef Cordero Lebrón.
El funcionario explicó que, “Como hemos manifestado desde el inicio de este proceso, el Departamento de la Vivienda cumplió con lo establecido en la Ley 7 y actuó conforme a derecho, razón por la cual no nos sorprende la determinación tomada en este foro”.
La CUTE, unión que agrupa a alrededor de cien empleados cesanteados de Vivienda, reclamaba que se revocaran las cesantías alegando que no eran validas, ya que no fueron notificadas de forma simultánea a los empleados y a la unión a la que pertenecen.
“Está más que claro que el proceso mediante el cual se hizo cumplir lo establecido en la Ley fue el correcto y estamos seguros que así será demostrado en todos y cada uno de los foros en donde se discutan los planteamientos”, aseguró el Secretario.
Departamento de Justicia avala el Código Cibernético
Inter News Service / Primera Hora
El Departamento de Justicia (DJ) avaló hoy el proyecto de la Cámara 2408, que busca establecer un Código Cibernético en el que se establecerá la política pública del Estado en torno a los delitos cibernéticos, y recomendó enmiendas para que las penas sean mayores en los delitos que amenazan la vida y seguridad de los ciudadanos.
También apoyó una medida, ambas de la autoría de la presidenta de la Cámara, Jenniffer González Colón, para evitar las comunicaciones no autorizadas entre las personas ingresadas en instituciones penales y el exterior así como penalizar el uso de sistemas de comunicación y la introducción de celulares y aparatos similares a las cárceles.
En una audiencia pública de la comisión de lo Jurídico y Ética, que preside la representante Liza Fernández, el secretario interino de la agencia, Guillermo Somoza Colombani, enfatizó que en delitos como la corrupción sexual de un niño en línea, la difusión de material privado y de material pornográfico o erótico íntimo, deben ser delitos graves de cuarto grado y no menos graves.
"Otros delitos como la pornografía infantil en su primera modalidad, deberían ser tipificados como delitos graves de segundo grado y no de tercer grado. Mientras que delitos como la seducción de un menor utilizando equipos electrónicos o cibernéticos o la difusión de material pornográfico o erótico íntimo, modalidad grave y la transmisión de este tipo de material, deberían ser tipificados como delitos graves de tercer grado y no como delitos graves de cuarto grado", dijo.
Gobierno y política
Satisface a Pierluisi designación de Fortuño en Consejo de Gobernadores de EE.UU.
Inter News Service - Primera Hora
El comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, se mostró hoy jubiloso por la designación del gobernador Luís Fortuño, al Consejo de Gobernadores de Estados Unidos, por parte del presidente Barack Obama.
Obama designó a Fortuño y a nueve gobernadores a un consejo asesor que buscará intercambiar puntos de vista sobre asuntos referentes a la Guardia Nacional, seguridad nacional y la integración de actividades militares.
"El voto de confianza que ha recibido nuestro Gobernador de parte del presidente Obama debe ser motivo de celebración para todos los puertorriqueños", opinó Pierluisi.
Agregó que está seguro de que el resultado de su designación será positivo para todos.
Fortuño reasigna $144 millones del Plan de Estímulo Criollo
Cambio se realizó mediante orden ejecutiva
Por Inter News Service – El Nuevo Día
El gobernador Luis Fortuño, mediante orden ejecutiva, reasignó el dinero sobrante del Plan de Estímulo Criollo, que supera los 144 millones de dólares, según el Banco Gubernamental de Fomento, de los 500 millones que fueron destinados para el Fondo.
El dinero será destinado a proyectos de infraestructura y obras de Gobierno, no relacionados a todos los fines que en principio abordaba el Plan, creado mediante la Ley 9 de 2009, que busca estimular la economía de Puerto Rico al conceder un bono a ciudadanos pensionados del Gobierno con ingresos de menos de 20.000 dólares anuales, alivios hipotecarios a consumidores, estímulos para la compra de viviendas, para la construcción de viviendas de interés social, alivios y estímulos a pequeñas y medianas empresas; programas de readiestramiento laboral, estímulos a proyectos de infraestructura, la agilización de los endosos y permisos para proyectos pendientes de aprobación, entre otras cosas.
Según la orden ejecutiva el dinero se dividirá entre la Policía de Puerto Rico, para utilizar 2,5 millones de dólares para desarrollar y establecer medidas de seguridad, en medio de la activación de la Guardia Nacional y el desconocimiento gubernamental de cómo se sufragarán los gastos del cuerpo militar.
El pre desarrollo de proyectos de las Alianzas Público Privadas será respaldado por 20 millones de dólares.
Mientras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas recibirá 5 millones de dólares para el proyecto "Bus Rapid Transport" en varios municipios del norte de Puerto Rico y 5,5 millones para la habilitación y construcción de la carretera 177 en Bayamón.
El Banco de Desarrollo Económico y Comercio recibirá una inyección de 41,250 millones de dólares para desarrollar y establecer un programa de asistencia a pequeñas y medianas empresas que estimule su capacidad económica, establece la orden. También 9,5 millones de dólares para el desarrollo de un programa interagencial de estímulo e inversión en empresas locales.
Un programa de agilización gubernamental para otorgar permisos, no especificados en la orden ejecutiva, recibirá cuatro millones de dólares, mientas que al proyecto Triángulo Dorado le fueron asignados más de veinte millones de dólares.
El fondo de desarrollo de tusimo será capitalizado con 15 millones de dólares que ayudará, además, para desarrollar la industria del turismo.
Igualmente, la Administración de Desperdicios Sólidos cerrará vertederos en cumplimiento con la política pública ambiental con un presupuesto de 8 millones de dólares.
La compra y venta de viviendas, que era parte del plan inicial del Estímulo, recibirá 5 millones para poner en marcha y desarrollar un programa a esos fines.
El aeropuerto de Aguadilla recibirá 3 millones de dólares para mejoras en sus facilidades mediante la Autoridad de los Puertos.
Objetan fusión de procuradurías
Antonio R. Gómez / Primera Hora
La propuesta de fusionar las procuradurías del país en un solo organismo fue objetada hoy por los tres procuradores que comparecieron a las audiencias públicas que celebran la Cámara de Representantes sobre esta propuesta del Ejecutivo.
El procurador del ciudadano interino, Kevin Rivera se opuso a que dicha dependencia sea incluida en una nueva entidad que las agrupe a todas y señaló que esa propuesta puede ir en contra de la imparcialidad e independencia de criterio que debe mantener esa oficina.
“El Ombudsman moderno, ya no es un representante del gobierno. Tampoco es un representante legal del pueblo, sino que representa el respeto de los derechos ciudadanos de los constituyentes, el derecho a un buen gobierno, a la observancia de la Ley y los reglamentos y acceso a la justicia en lo que a los servicios públicos y a las determinaciones administrativas se refiere”, sostuvo.
“Si el Ombudsman pierde imparcialidad e independencia de criterio, se socava la base de una columna en nuestro sistema democrático, el acceso a la justicia”, abundó.
También objetó el plan el procurador del veterano, Jorge Más Marrero, que advirtió que la propuesta puede crea más burocracia que la existente.
“Sabemos que la intención de este Plan es buscar ahorros operacionales, pero éstos no debe ir en detrimento de unos sectores que han sido discriminados tradicionalmente”, dijo.
Deponiendo también en las audiencias que realiza la Comisión de Gobierno de la Cámara, el procurador de personas con impedimentos, José Raúl Ocasio, negó su endoso a la propuesta.
Coincidió con el procurador del ciudadano que con esta medida se afectará la independencia de criterio de la procuraduría que dirige.
Advirtió además que la propuesta ante la Legislatura no toma en cuenta legislación federal que provee alrededor $2 millones 339 mil anuales, en fondos federales, los cuales se corre el riesgo de perder con la estructura que se propone.
“No podemos obviar el hecho que la certezas de cumplimiento firmadas con las entidades federales suponen el garantizar que nuestros programas operarán a tono con los requerimientos de la Ley administrada”, recalcó.
Se opone a que se incluya al Ombudsman en la consolidación de Procuradurías
Inter News Service - Primera Hora
El Procurador del Ciudadano interino, Kevin Rivera Medina, mostró hoy su rechazo a que esa dependencia gubernamental sea incluida en la consolidación de las Procuradurías.
Rivera participó en una audiencia pública de la Comisión de Gobierno, que valúa la posible fusión incluida en el Plan de Reorganización de las Procuradurías que impulsa el Gobierno.
El funcionario señaló que "el Ombudsman moderno, ya no es un representante del gobierno. Tampoco es un representante legal del pueblo, sino que representa el respeto de los derechos ciudadanos de los constituyentes, el derecho a un buen gobierno, a la observancia de la Ley y los reglamentos".
Añadió que "si el Ombudsman pierde imparcialidad e independencia de criterio, se socava la base de una columna en nuestro sistema democrático, el acceso a la justicia".
Asimismo, dejó establecido que si la Procuraduría es devuelta a la Rama Ejecutiva "puede significar un retroceso a su desarrollo histórico en Puerto Rico y una limitación auto impuesta de la Asamblea Legislativa, de investigar y mantenerse informada sobre los pormenores administrativos que afectan a sus constituyentes".
No obstante, el Procurador del Ciudadano aclaró que algunas de las propuestas incluidas en el plan, aunque bien intencionas, parecen alejar los objetivos de celeridad y eficiencias hacia una dirección de mayor burocracia, mayor gasto y mayor dilación en la prestación de servicios.
"El legislador deberá sopesar si la cantidad de ahorros que propone el plan es real y si la misma puede lograrse tanto a corto, como largo tiempo. Es decir, si las medidas de control de gastos y de reorganización propuestas llevan a un ahorro real", acotó.
Mientras, el procurador del veterano, Jorge Más Marrero, expuso que "puede haber más burocracia con la creación de la Oficina de Administración de las Procuradurías", por lo que sugirió que debe revisarse el orden jerárquico.
También, manifestó su preocupación ante el hecho que los procuradores no tengan injerencia en la designación del administrador, por lo que sugirió que éste sea nombrado en consulta con ellos, con la aprobación del Gobernador y por un período fijo.
“Es una práctica nefasta”
Critican contratación de familiares y de ex políticos en la Legislatura
Por Frances Rosario / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla
Aunque es legal que los legisladores contraten a familiares y ex políticos para trabajar en la Casa de las Leyes, dos expertos en administración pública señalaron ayer que ésta no es una práctica saludable.
Pero, personas relacionadas al ambiente legal y legislativo insistieron en que más allá de las capacidades de un empleado, la confianza es esencial a la hora contratar al personal del Capitolio.
Sus expresiones fueron en reacción a una investigación realizada por El Nuevo Día, en la que se dio a conocer los familiares de los legisladores y de funcionarios del Gobierno que laboran en la Legislatura. También se revelaron los jugosos contratos otorgados a políticos retirados o derrotados.
Según manifestó el catedrático en administración pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Leonardo Santana Rabell, “aunque esto es legal, es una práctica nefasta para el servicio público. Yo considero que todo empleado debe lograr el puesto por sus calificaciones, no por afiliación política o lazos de consanguinidad”.
El profesor universitario llegó a solicitar que en la Reforma Legislativa prometida se derogue la Ley 99 de 1941, que regula la contratación de empleados hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los legisladores, y que se prohíba la contratación de ex políticos.
“Eso es una práctica incorrecta y no es sana para la administración pública”, precisó Santana.
De igual forma opinó la directora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR, la doctora Palmira Ríos. Ésta llamó a ser más rigurosos en la contratación de familiares para mantener la pulcritud del servicio público. En cuanto a la contratación de ex políticos, sostuvo que “es como si no valiera la pena la decisión del electorado”.
“Estas son acciones que no abonan a la buena imagen y a la buena administración de recursos humanos en los cuerpos legislativos. Hay medidas que ellos deberían adoptar a ‘motu proprio’ para fortalecer la imagen que ya está maltrecha”, puntualizó la administradora pública.
Cuestión de confianza
Sin embargo, el ex presidente cameral, José Ronaldo Jarabo, y el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Hernández, coincidieron en que la Legislatura es un ente político, por lo que la confianza entre el legislador y su empleado es primordial.
“Esto es un cuerpo político y tiene su esencia política, así que no debe extrañar que algunos legisladores tengan a este tipo de empleados”, sostuvo Jarabo, quien en el pasado tuvo contratos en el Capitolio.
Defendió, de paso, que muchos de sus compañeros ex políticos se mantengan en la Legislatura. Dijo que descalificarlos sería como “echar a la basura toda la experiencia que han cosechado al trabajar con el Gobierno”.
Mientras, Hernández sólo criticó la contratación de los familiares de los políticos. “El hecho de que un legislador contrate a los hijos, esposos y vecinos de otro legislador y viceversa, eso da una mala impresión. Aunque pudiera ser legal, evidentemente es inmoral”, dijo.
Por otro lado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, salió en defensa de los familiares de legisladores y los ex políticos que laboran en ese cuerpo. Dijo que éstos poseen las capacidades para ocupar esos puestos.
Además, comparó la contratación de familiares de los legisladores con la elección de los hijos de reconocidos políticos como lo son Melinda Romero y Juan Eugenio Hernández Mayoral.
“Las posiciones de confianza son posiciones de confianza. El pueblo los trajo y confían en el ejercicio de la selección de su personal”, afirmó Rivera Schatz.
La presidenta cameral, Jenniffer González, no se expresó sobre el particular. Sin embargo, proveyó la información reseñada sobre los salarios y puestos de los familiares de legisladores y ex políticos contratados en la Cámara.
“Él no viene aquí como resultado de ser mi primo”
La presidenta de la Junta de Síndicos de la UPR defiende el nombramiento de Alexis Rivera
La abogada señaló que Rivera Gandulla y el presidente José Ramón de la Torre se conocen porque colaboraron juntos en el ICP.
Por Cynthia López Cabán / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla
El abogado Alexis J. Rivera Gandulla llegó a su puesto en la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por sus propios méritos y no por sus vínculos familiares, aseguró ayer su prima segunda y presidenta de la Junta de Síndicos de la institución, Ygrí Rivera.
“Él no viene aquí como resultado de ser mi primo”, indicó la abogada en entrevista con El Nuevo Día.
Señaló que Rivera Gandulla y el presidente José Ramón de la Torre se conocen porque colaboraron juntos en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).
El abogado se desempeñó como subdirector del ICP, pero tras la salida de la dirección de Carmen T. Ruiz de Fischler, en diciembre pasado, ocupa el puesto de director ejecutivo interino. Mientras De la Torre, ocupa el cargo de presidente de la Junta de Directores del ICP. Todavía no ha renunciado al cargo.
Ellos dos trabajaban mano a mano. Ellos forman un buen equipo y tienen mucha confianza el uno en el otro. Ante esta situación, el doctor de la Torre tiene el derecho a traérselo y que forme parte de su equipo de trabajo, si quiere”, señaló Rivera.
Esta semana Rivera Gandulla se estrenó como ayudante de De la Torre, quien el lunes asumió las riendas del primer centro docente País, confirmó ayer el secretario de la gobernación, Marcos Rodríguez Ema.
Explicó que Rivera Gandulla solicitó tiempo para colaborar con el nuevo presidente. Aseguró, sin embargo, que no había renunciado a su posición en el ICP.
“A mi escritorio no ha llegado una carta de renuncia”, indicó Rodríguez Ema.
La presidenta de la Junta de Síndicos, por su parte, recalcó que no existe ilegalidad en el asunto.
“Yo no sé en qué calidad lo van a nombrar. Ni sé hasta cuándo va a estar en el Instituto de Cultura, pero si viene para acá, no hay nada malo en esto”, afirmó.
“Ninguna ley, ni reglamento prohíbe que mi primo, mi hermano, mi papá o mi mamá, trabajé en la universidad. Es más la universidad goza de montones de padres, hijos y hermanos que trabajan aquí”, agregó Rivera.
Insistió además que su primo segundo alcanzó esta posición por sus propios credenciales y su hoja de trabajo, que incluye posiciones en el Banco Gubernamental de Fomento y un título de la Universidad de Georgetown.
Anticipa que audiencias públicas sobre Reforma Contributiva serán "proforma" y a la "trágala"
Por Inter News Service El Vocero
San Juan - El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado Rivera, portavoz en la Comisión de Hacienda del Senado, anticipó hoy que las audiencias públicas que se llevarán a cabo para abordar la futura Reforma Contributiva serán "proforma" y a la "trágala", considerando cómo el Gobierno y legisladores oficialistas han gestionado otras iniciativas.
Tirado censuró que el creado Comité de la Rama Ejecutiva, que tendrá la participación de los presidentes de la comisiones legislativas de Cámara y Senado, para redactar la legislación que viabilizará la propuesta de reforma contributiva, no cuente con legisladores de oposición.
"Las vistas públicas legislativas parecerán proforma y a la trágala como la Ley 7, utilizando como excusa la participación de estos legisladores del PNP", señaló.
"Vemos que excluyen a las minorías de este Comité y anticipamos que cuando llegue la medida a la Asamblea Legislativa la mayoría parlamentaria hará lo mismo que hizo con el apresurado y antidemocrático proceso de la nefasta Ley 7, que fue aprobada luego de un solo día de vista pública conjunta de Cámara y Senado", aseguró.
Para el legislador, la Reforma Contributiva es un asunto "serio y delicado, que es fundamental para la estabilidad financiera de nuestro gobierno a la vez que busca otorgar un verdadero alivio al bolsillo de la ya agobiada clase trabajadora, que no se puede despachar sin un análisis serio y ponderado".
Hernández Gregorat rehúsa comentar si renunciará a la secretaría de Obras Públicas
Inter News Service / Primera Hora
El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Rubén Hernández Gregorat, rehusó hoy contestar si renunciará a la posición, como se informó ayer.
"Yo no voy a reaccionar a rumores. Yo si voy a hablar de hechos. Arrancamos una fuente (inauguración de un fuente en la avenida Baldorioty de Castro)", expresó Hernández Gregorat a una pregunta de Inter News Service
Añadió que "el puente Dos Hermanos lo vamos a terminar en el 2011".
Hernández Gregorat comentó además que "continuará trabajando con los alcaldes y las agencias hermanas".
El jueves el senador Eder Ortiz informó que Hernández Gregorat renunciará al cargo de Secretario de Obras Públicas.
Retira proyecto de crianza de animales
Por Maricarmen Rivera Sánchez - EL VOCERO
El senador penepé Carmelo Ríos retiró el proyecto que daba luz verde a la crianza de animales para experimentos en laboratorios, pero advirtió que la medida podría ser radicada nuevamente, aunque con otras disposiciones.
Aseguró además que el gobernador Luis Fortuño y su administración -a través de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, en inglés)- tienen interés particular en la medida.
"Debe de haber otro proyecto, pero no se puede centrar en si son los monos o no son los monos. Es un proceso en el que queremos que estén involucradas las universidades", expresó Ríos. "Este proyecto, y es quizá lo que no han entendido, es un proyecto de administración. Es un proyecto que PRIDCO está trabajando".
La medida fue radicada en octubre del año pasado y retirada a principios de esta semana. Buscaba establecer como "política pública" la crianza y uso de animales para experimentos en laboratorios y centros de investigación científica. Planteaba que esto sería "importante para desarrollar una economía del conocimiento" y agregaba que este tipo de experimentación no constituye maltrato de animales.
La discusión de este proyecto en vistas públicas levantó polémica por la posibilidad de que la compañía Bioculture estableciera en Guayama una planta para la crianza de monos.
En diciembre, el Tribunal Superior de Guayama detuvo el desarrollo de la planta, a la cual también se oponen los vecinos de la comunidad.
Una de las opositoras a este proyecto, la senadora penepé Melinda Romero, dijo por su parte que el proyecto no tiene el respaldo en la delegación de mayoría.
"La realidad es que el Senador no tenía respaldo en la Comisión de Recursos Naturales. No va a tener futuro ningún proyecto como ése", dijo Romero. "En Puerto Rico nos hemos dado cuenta que esto es un error porque se convierten en una plaga y es un maltrato".
García Padilla pide al Gobernador asigne recursos a Guardia Nacional para maximizar experiencia
Inter News Service - Primera Hora
El senador Alejandro García Padilla pidió al gobernador Luis Fortuño que asigne los recursos de la Guardia Nacional que serán activados como medida de prevención, ante el alza en la criminalidad, a los fines de maximizar la experiencia, entrenamiento y destrezas de esos recursos.
García Padilla manifestó que aunque el Gobierno no ha podido precisar el costo de la activación de la Guardia Nacional, usar los militares para prevenir la entrada de materiales ilegales a la Isla, resulta más efectivo, ya que se ha reconocido que el trasiego de drogas y armas es un elemento medular de la actividad criminal en Puerto Rico.
"El Gobernador tiene que procurar que los recursos del Estado se utilicen de la mejor manera posible. Esa es su responsabilidad. Si se va a hacer el desembolso para mantener a la Guardia Nacional activa, tiene que hacerse de manera responsable y garantizando que el gasto del erario tendrá resultados positivos para el país", indicó el senador popular.
García Padilla dijo que "definitivamente en labores de prevención para combatir la entrada de drogas y armas, rinde un mejor servicio al país.
Querella ética contra representante penepé
Empresarios piden que se investigue a Iván Rodríguez Traverzo
Por Alba Y. Muñiz Gracia / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla
La controversia por una asignación de casi $2 millones a la corporación Impulso Desarrollo Económico del Oeste (IDEO) “cambió de cancha” con la radicación de una querella ética contra el representante novoprogresista Iván Rodríguez Traverzo.
Recientemente, el legislador alegó que la referida asignación otorgada por la Compañía de Turismo para incentivar la llegada de vuelos fletados al aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla debería destinarse a Porta del Sol, la zona turística que agrupa a 17 municipios del oeste. No obstante, ésta no es una organización con la capacidad de recibir fondos.
Ayer, a eso de las 4:00 p.m., un mensajero llegó a la oficina de la Comisión cameral de lo Jurídico y Ética para entregar, en un sobre sellado, la querella de varios comerciantes del oeste contra Rodríguez Traverzo.
Aun cuando no fue posible obtener copia del documento legal, la licenciada Ana Paulina Cruz, quien tomó las declaraciones juradas, explicó que en la querella se hace referencia a supuestas expresiones difamatorias de parte del legislador, a un posible conflicto de intereses y se pide su destitución de la presidencia de la Comisión cameral de la Industria Turística.
La presidenta de la Comisión cameral de lo Jurídico y Ética, Liza Fernández, dijo que evaluará la información y que, de resultar cierta, el legislador podría enfrentar desde una disculpa pública hasta una suspensión.
Por su parte, el empresario Enrique “Kike” Cruz, presidente de IDEO, rompió su silencio y rechazó que vaya a lucrarse de los fondos asignados a la corporación que dirige, como ha expresado Rodríguez Traverzo.
Aunque rehusó dar detalles sobre las declaraciones suyas contenidas en la querella, indicó que el representante podría estar incurriendo en un conflicto de intereses al supuestamente intentar favorecer a una compañía de excursiones turísticas en el oeste.
“Él está siendo el portavoz de un ‘tour operator’ específico en Puerto Rico que no tiene ningún interés en que Porta del Sol arranque con sus vuelos y tengo la prueba y los testigos”, puntualizó.
Al pedirle que identificara la compañía, dijo que ofrecerá toda la información cuando el legislador lo cite a una vista pública sobre la asignación hecha por Turismo.
No obstante, Cruz indicó que todo se resume en “una razón de competitividad, que esto le afectaría el negocio a esa persona”. Además, alegó que el representante le ha hecho llegar amenazas a través de terceras personas.
Pero, Rodríguez Traverzo negó las denuncias y adelantó que llevará el proceso “hasta las últimas consecuencias, tanto legislativas como en el aspecto personal”.
Auditoría halla varias irregularidades en la Autoridad de Desperdicios Sólidos
Inter News Service Primera Hora
Una auditoría en la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) encontró el uso de computadoras y la instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública.
El examen del uso de 15 computadoras, realizado del 11 de diciembre de 2007 al 12 de febrero de 2008, reveló que una computadora localizada en la Oficina de Reciclaje y Educación contenía documentos ajenos a la gestión pública; seis se utilizaron para examinar páginas en Internet cuyo contenido era ajeno a la gestión pública, nueve se utilizaron para enviar o recibir mensajes de correo electrónico cuyo contenido era ajeno a la gestión pública y dos tenían instalados programas no autorizados y de libre distribución (freeware) que no guardaban relación con los trabajos que se realizaban en la ADS.
Además, hubo falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados, y la remoción de programas instalados.
La auditoría, que cubrió del 1 de junio de 2007 al 30 de abril de 2008, determinó que tampoco había controles relacionados con los equipos computadorizados de la Autoridad de Desperdicios Sólidos.
Igualmente, normas y procedimientos importantes no fueron incluidos en la reglamentación aprobada para la seguridad y el uso de los sistemas de información computadorizados, y falta de normas y de procedimientos escritos para la instalación y la configuración de la red.
En la auditoría también se hallaron deficiencias relacionadas con la Certificación de Recibo, Aceptación y Conocimiento de Medidas Disciplinarias, y faltas de control de la misma.
Asimismo, deficiencias en los cuartos de distribución del cableado (wiring closets) de la red y en el área de los servidores del Centro de Cómputos, y falta de adiestramientos periódicos al Administrador de la Red de la Autoridad y otras relacionadas con la documentación de la configuración de las instalaciones de la red.
Economía, negocios
El Mesón invierte $2.5 millones en expansión
Su éxito es objeto de estudio en Babson College
Felipe Pérez-Grajales presidente de El Mesón, reveló que abrirá seis locales nuevos, tres de ellos durante el año en curso y los otros en el 2011.
Por Marian Díaz / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla
La cadena local de restaurantes El Mesón Sandwiches, anunció la apertura de tres tiendas este año y otras tres en el 2011.
La inversión en las primeras tres localidades asciende a $2.5 millones y ubicarán en Montehiedra Town Center (al lado de Marshalls) en Río Piedras, una frente al Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce, y la otra en la carretera 102 en Cayey, dijo Felipe Pérez-Grajales, presidente de El Mesón.
Las primeras dos abrirán en verano y la tercera en octubre.
El éxito de esta cadena familiar es, actualmente, objeto de estudio por la reconocida escuela de Negocios Babson College en Massachusetts.
Luz Vega, catedrática de la Universidad Interamericana en San Germán, dijo a El Nuevo Día, que la universidad estadounidense conduce la investigación “Succesful Transgenerational Entrepreneurship Practices” (STEP), que busca identificar las mejores prácticas en las empresas familiares. La investigación se realiza en más de una veintena de países con la colaboración de 35 instituciones académicas.
Puerto Rico, representado a través de la Inter, participa hace dos años en el proyecto. Juan Orlando Rivera Algarín, catedrático asociado de la Inter en Bayamón es el otro investigador del caso.
Entre los requisitos que deben tener las empresas familiares objeto del estudio, figuran el que la segunda generación trabaje en la empresa; que los activos sobrepasen los $6 millones; y que emplee a más de 50 personas.
“Yo admiro mucho a El Mesón, no sólo porque es del área oeste, sino porque sobrepasa por mucho los requisitos que impone Babson”, expresó Vega.
Los hallazgos de la investigación STEP ya se presentaron en Colombia en una Cumbre sobre Empresas familiares latinoamericanas.
Aunque los resultados del estudio son confidenciales, Vega indicó que El Mesón sobresalió en distintas áreas de estudio, entre ellas en el liderazgo de su gerencia, en la política de reinversión y en la cultura organizacional. Esta última se relaciona con que los empleados se sienten parte de la familia, sin serlo.
“Fue motivo de orgullo que escogieran nuestra empresa. Tenemos un sentido de pertenencia con Puerto Rico y queremos dar el ejemplo de una familia que empezó trabajando duro y que ha tenido éxito en una industria en la que predominan las cadenas de restaurantes del exterior”, dijo el empresario.
Pérez-Grajales indicó que la cadena no tiene deudas. “La cadena cree en el autofinanciamiento”, señaló al explicar que las ganancias las reinvierten en mejoras y en el plan de expansión.
Añadió que la educación empresarial es la base para el crecimiento de su negocio.
Bayamón inaugura nueva plaza de mercado ‘compacta’
“El Mercado” fue construido con una inversión combinada de fondos federales y estatales de $6.3 millones
La mayoría de los comerciantes de El Mercado son personas que fueron cesanteadas en la empresa privada.
Por Aura N. Alfaro / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla
Después de cuatro años de espera el municipio de Bayamón al fin tiene plaza de mercado, que esta vez se conocerá como “El Mercado”.
Construido con una inversión combinada de fondos federales y estatales de $6.3 millones, El Mercado está ubicado en el lugar donde estuvo la antigua plaza del mercado por más de más de 50 años.
En la actividad de inauguración ayer, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, explicó que la nueva plaza fue ajustada a los tiempos.
“La gente ahora compra en los supermercados, donde tiene de todo, por eso hicimos El Mercado de acuerdo al plan para el casco urbano, que fuera un poco más compacto, pero que tuviera un poco de todo, y está orientado a servir a la comunidad de la periferia.
La estructura de 30,000 pies cuadrados tiene 11 establecimientos comerciales entre ellos una heladería, quioscos de frutas, vegetales, dulces típicos, especias, y tabaco, además de puestos de billetes de la Lotería y de revistas.
También alberga dos restaurantes, uno de ellos el conocido “Café Doña Ana”, que antes estaba en la parte posterior de la antigua plaza del mercado.
Rivera destacó que el municipio le dio la oportunidad de “estrenarse como comerciantes” en la nueva plaza del mercado a personas cesanteadas en la empresa privada.
Entre los comerciantes y sus empleados suman 50 nuevos empleos, señaló el alcalde.
El Mercado también tiene estacionamiento soterrado para 80 vehículos, y un jardín y huerto en la azotea, siguiendo el concepto de techos verdes.
Rivera agregó que el plan de desarrollo del casco urbano incluye la remodelación del cercano edificio de apartamentos para adultos mayores. Detrás de El Mercado, el municipio construirá un proyecto de 240 viviendas. “El Mercado es uno de los lugares que los residentes podrán venir a comprar algunas cosas, y comer o tomarse un café y compartir”, dijo Rivera.
Comunidad
A la calle el lunes 200 trabajadores de Vivienda y JP
Apelativo revoca la paralización de sus despidos
Cordero sostuvo que el Departamento de la Vivienda actuó conforme a derecho en el manejo de los despidos de empleados públicos.
Por Yanira Hernández Cabiya / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla
Unos 200 empleados del Departamento de la Vivienda y de la Junta de Planificación (JP) quedarán en la calle a partir del lunes luego de que el Tribunal de Apelaciones revocara ayer una sentencia anterior que paralizó las cesantías.
La sentencia ocurre a sólo días de que el Tribunal Supremo declarara que el derecho propietario de los trabajadores públicos a sus puestos de trabajo no podía ir por encima del bien común de reducir los gastos del Estado.
“El Tribunal de Apelaciones respondió al mensaje que envió el Tribunal Supremo esta semana al avalar la posición del Gobierno de despedir empleados públicos”, indicó Federico Torres Montalvo, presidente de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE).
El planteamiento de los empleados era que las notificaciones de cesantías eran nulas porque no se siguió el debido proceso de ley, al no haber sido remitidas de forma simultánea tanto a los empleados como al sindicato.
Además, planteaban que las notificaciones no incluían el detalle de las razones para el despido, lo que afectaba la posibilidad de que los sindicatos representaran de forma apropiada a estos trabajadores.
En un documento de 33 páginas, el panel de jueces determinó que si bien las notificaciones no fueron simultáneas, eso no era requerido por la Ley 7.
El requisito, según el Apelativo, era que fueran notificadas con 30 días de anticipación, lo que ocurrió tanto con los empleados despedidos de Vivienda como los de Planificación, quienes también estaban incluidos en el pleito.
En su decisión, la corte apelativa planteó además que tampoco la agencia estaba obligada a incluir en las notificaciones al sindicato las razones para el despido, puesto que éstas iban acompañadas de las cartas de cesantías, en las que se explicaban las mismas.
Satisfecho Cordero
El Apelativo si acogió el planteamiento del Tribunal de Primera Instancia en el sentido de que la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (CRTSP) no tenía jurisdicción primaria y exclusiva para atender las controversias de los despedidos en Vivienda, por lo que correspondía a los tribunales atender la controversia.
Ante la decisión el secretario del Departamento de la Vivienda, Yesef Y. Cordero Lebrón, indicó mediante un comunicado de prensa que el tribunal validó su posición de que la agencia “actuó conforme a derecho”.
“No nos sorprende la determinación tomada en este foro”, expresó, al insistir en que la controversia en cuestión nunca tuvo fundamentos válidos, en ninguna de las etapas del caso.
La falta de un proceso adecuado para notificar las cesantías provocó que el pasado noviembre la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF) revocara miles de despidos para empezar nuevamente.
Hasta el momento cerca de 9,000 empleados públicos han sido despedidos y otros 6,000 deben ser notificados en las próximas semanas.
"Genocidio" de la Marina contra el pueblo de Vieques
Rosita Marrero / Primera Hora
Abandonados y aislados.
La crítica de que, después de la salida de la Marina de la isla municipio de Vieques en el 2003, la Isla Nena se volvió invisible es la realidad que enfrentan los residentes, que no ven la luz al final del túnel.
Denuncian el desempleo que, aseguran, es de 60 por ciento. Señalan la falta de ayuda para echar los cimientos de su desarrollo económico.
Y su cruz... la alta incidencia de enfermedades mórbidas y de un cáncer que se los traga, parece no importarle a nadie.
Son miles los que reclaman, inclusive, una reparación por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, por los estragos causados a la población, por las maniobras militares y bombardeos llevados a cabo durante 60 años.
Zaida Torres, codemandante en el pleito que más de siete mil viequenses llevan contra el Departamento de Defensa, califica como genocidio lo que la Marina hizo contra el pueblo de Vieques, al exponerlos inmisericordemente durante tanto tiempo a experimentos y prácticas con agente naranja, con uranio y con metales pesados, afectando la salud de tres generaciones.
“Este reclamo es más que justicia y creo que mucho ha tardado el Gobierno de Estados Unidos para que haga lo que tenga que hacer”, dijo a Primera Hora, al hacer un recuento de todas las calamidades que asolan a su pueblo.
El es el mismo problema, indica Torres, que existe en Guam, en Hawai, Corea y en el mismo Texas, donde tienen una base que ha afectado a todos los vecinos que viven alrededor.
“Con nosotros se cometió un genocidio que después de 60 años no han pagado. Si se abre el caso de Vieques al mundo, se abre una caja de Pandora. Sería demasiado extremo para ellos. A Estados Unidos no le conviene que el issue de lo sucedido en Vieques trascienda. Le afectaría a nivel mundial”, sostuvo.
Torres, quien es enfermera, ha vivido toda su vida en Vieques, al igual que sus padres, abuelos y tatarabuelos. Como gran parte de la población viequense, sufre de diabetes e hipertensión.
Su hija, Liza Rosa Torres, quien sufría leucemia, murió de una embolia pulmonar a los 17 años.
“Vieques es uno de los pueblos con más incidencia de problemas respiratorios, del corazón, de todas las enfermedades mórbidas”, dijo.
Relató que a su hija se le diagnosticó la leucemia a los 15 años.
“Ella es uno de los casos que no entiendo. Era una diabética juvenil. Se cuidaba mucho. Un día se levantó con dolor epigástrico. Le hago muestras de azúcar. No sé lo que pasa. La llevo al CDT, las plaquetas bajando, los glóbulos blancos subiendo. El diagnóstico fue leucemia”, señaló.
“A la semana ya estaba en quimioterapia. La quimio le creó problemas de coagulación y le dio una trombo. El 14 de marzo le dio una embolia masiva”, abundó.
¿Se relaciona con la contaminación?
Entiendo que sí. Entiendo que genéticamente estaba marcada. Mi esposo trabajaba en la base. No sé cuánta contaminación traía.
Su esposo trabajó 27 años con la Marina, pero se niega, según ésta, a hacerse las pruebas de metales pesados.
Recientemente, dijo, murió una vecina de 40 años, de cáncer.
“ Vivía frente a la base. Su hija de 26 años murió de lupus. Está muriendo gente joven, productiva. La mayoría de los niños no han sobrevivido. Mi hija tenía un compañero, Edwin Meléndez, que tenía cáncer de los testículos y metástasis del pulmón. Es sobreviviente”, apuntó.
Recientemente, agregó, le amputaron una pierna al joven Edgardo Santiago Osorio, quien tenía cáncer en los huesos y está en remisión.
Contra la reclasificación de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico
San Juan - El Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico denunció y censuró la nueva reclasificación de sus colegiados del Programa de Head Start, de Profesionales de la Enfermería a Técnicos de Servicio de Salud durante una marcha - protesta realizada ayer viernes 5 de febrero, que comenzó frente a las facilidades de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN.) y terminó ante los portones de Fortaleza.
Allí se reunieron el Profesor Edwin Curbelo, Director de la Oficina Estatal de Head Start, en representación del Gobernador de Puerto Rico, con a Prof Luz Virginia Camacho, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería y el Sr. Ariel Rivera Zayas, Enfermero del Programa de Head Start.
En esta reunión el Curbelo pidió un plazo de dos semanas para hacer un análisis exhaustivo y solicitó que el colegio elabore una propuesta de las funciones de las/los enfermeros de Head Start, para evaluar y luego reunirse para discutir el asunto
La profesora Camacho afirmó que la implantación de la propuesta medida de reclasificación y nuevos nombramientos pondría en riesgo la vida y el porvenir de los niños, a quienes se les privaría de los cuidados y servicios de excelencia, brindados por un personal altamente cualificado como son nuestros profesionales de la enfermería,
AEE revisó los autos de empleados de la UTIER en la Central Aguirre
Darisabel Texidor Guadalupe / Para Primera Hora
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, informó que los empleados unionados de la Central Aguirre, en Salinas, entraron a su turno de trabajo a las 8:15 de la mañana, luego de que la gerencia les permitiera la entrada.
"La UTIER le demostró a la gerencia la disposición de entrar a trabajar y así se dio", dijo el líder sindical.
Éste explicó que, tras permitir el acceso a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), guardias de seguridad realizaron una inspección en los baúles de todos los autos que entraron a la planta.
"El director de la AEE, Miguel Cordero, dijo que no hubo ningún cierre, pero no dejar pasar a los empleados a las 7:30 a.m., ¿qué es?", cuestionó Figueroa Jaramillo.
El ingeniero Miguel Cordero negó hoy en entrevista radial que haya decretado un cierre patronal en la Central Aguirre, como había dicho temprano en la mañana Figueroa Jaramillo, y aseguró que los empleados, incluyendo los unionados, trabajaban con normalidad.
"Allí están trabajando los empleados tranquilamente", le expresó Cordero a la emisora Boricua 740.
De esa manera, Cordero desmintió las denuncias de Figueroa Jaramillo, de que no se les permitía la entrada a los empleados de la Central Aguirre desde anoche.
Cordero también indicó que, tras el paro de labores realizado ayer por los integrantes de la Utier, se acordó con éstos un proceso de revisión para garantizar una entrada ordenada a la planta en el día de hoy.
"Ayer se acordó un proceso para trabajar hoy. Queríamos asegurarnos de que entraran ordenadamente y no hicieran un picnic como ayer. Hubo un proceso donde se estableció un control de hacer acceso en los vehículos, pero todo el mundo entró", explicó Cordero.
Figueroa Jaramillo adelantó que evalúan la situación y continuarán luchando por rescatar sus trabajos.
"No vamos a dejar que nos quiten nuestros empleos", aseguró el presidente de la UTIER
Advierten contra fraudes en concursos y premios que regalan estadías y viajes
Antonio R. Gómez / Primera Hora
La Asociación Puertorriqueña de Agencias de Viajes (APAV) y la Compañía de Turismo de Puerto Rico advirtieron hoy sobre los esquemas engañosos que, disfrazados de concursos, otorgan alegados viajes y estadías en hoteles en y fuera de Puerto Rico, y anunciaron la emisión de una orden de cese y desista contra una de las compañías señaladas como partícipe de esos fraudes.
La presidenta de APAV, Josie Lopategui, alertó a los consumidores que en esta época se intensifican los esquemas de fraudes en la industria de viajes, por lo que les pidió estar vigilantes y utilizar agencias de viajes registradas y en ley.
La orden de Turismo fue contra la empresa Go Relax, que mantuvo por meses una campaña radial con un supuesto concurso en que los consumidores que acertaran una fácil pregunta se ganaban estadías en varios hoteles dentro y fuera de Puerto Rico.
La orden, explicó la abogada de Turismo, Marisol Diepa, se emitió tras detectarse que esa compañía estaba registrada en el Departamento de Estado como empresa para la venta de paquetes de viaje, pero no estaba registrada en Turismo como agencia de viaje, por lo que su actividad era ilegal.
Gilberto Arvelo, mejor conocido como Dr. Shopper, presentó el caso de una consumidora que estuvo dispuesta a querellarse y publicar su experiencia, a la que se le cobró cerca de $735, luego de "ganarse" uno de estos "premios".
Esta aceptó el "premio" por lo que en ese momento se le cargaron $264 a su tarjeta. Cuando llamó para reservar le cargaron otros $24.90. Escogió pasar el fin de semana en el hotel Sol Meliá en Río Grande, donde al registrarse le cobraron $244.33 adicionales.
El último cargo, y el más sorpresivo, fue de $199.99, cuando la clienta asistió a la reunión que se le requiere participar como parte de las condiciones para el "premio" y decir que ganaba menos de $50,000 al año.
La mencionada reunión es para promover la compra de unas propiedades que operan bajo el concepto de "time share" y uno de los requisitos que se establece en la "oferta" es ganar $50,000 anuales o más.
Arvelo reveló que Go Relax es parte de la misma empresa contra la cual, durante el pasado cuatrienio, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitió una orden de cese y desista por un esquema similar.
Señaló que logró identificar ocho corporaciones con distintos nombres que pertenecen a los mismos dueños y que se dedican todas a este "negocio".
Criticó al DACO por su inacción en este asunto, a pesar de que tienen conocimiento de que hay un anuncio engañoso en estas ofertas y que se viola además la ley al obligar a un consumidor a pagar por un premio obtenido en un concurso.
Tanto Arvelo como Lopategui y Diepa advirtieron a los consumidores que se cuiden de las ofertas y premios que le notifiquen por teléfono, y que se rehúsen a dar información y números de tarjetas de crédito durante estas llamadas.
La presidenta de APAV recalcó que toda transacción de viajes debe realizarse a través de una agencia de viajes debidamente registrada y que cumpla con todos los requisitos legales y garantías al consumidor, lo que evitará ser víctima de uno de estos fraudes.
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Opinión __________________________
Editoriales
El Nuevo Día
El Vocero
Justicia contributiva
El tema de una reforma contributiva que eliminase la radicación de planillas de contribución sobre ingresos para un sector de la clase trabajadora del País fue objeto de amplia discusión pública durante la campaña electoral de 2008. Tanto en Partido Nuevo Progresista (PNP) como el Partido Popular Democrático (PPD) se enfrascaron en una intensa discusión pública para definir la marca del grupo que debía recibir el beneficio discutido, y hasta se formó un comité de contadores públicos autorizados que trabajó con el tema.
Finalmente el programa de gobierno del PNP prometió una reforma contributiva que eximiría a los individuos que ganen $20 mil o menos de pagar contribuciones. A más de un año de las elecciones generales, en las que el PNP dominó ampliamente la jornada electoral, se comienzan a dar los primeros pasos para delinear e implantar una reforma contributiva que represente un alivio al bolsillo de los puertorriqueños y que represente dinero que las personas puedan poner a correr en la maltrecha economía local.
El gobernador Luis Fortuño ha dicho que la propuesta esbozada en el programa de gobierno de su colectividad política se utilizará como un punto de partida en el diseño de la reforma, pero que su aspiración es que se reduzca la carga contributiva a todos los puertorriqueños. El Primer Ejecutivo también habló de que buscarán los mecanismos para premiar el trabajo. Este es un proceso que apenas inicia y que requiere tiempo y análisis profundo porque se trata de un tema extremadamente técnico que también debe pasar por el cedazo legislativo. Ya el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz reclamó que en la reforma se elimine el pago de contribuciones para los menos afortunados económicamente, el reto estará en identificar dónde se tirará la raya para otorgar los beneficios. La ex secretaria de Hacienda, Xenia Vélez, quien está a cargo de la dirección del comité de reforma contributiva dijo que la prioridad es cuánto necesita una persona promedio en Puerto Rico para vivir “porque con eso se tiene que quedar en el bolsillo”.
Es importante que –aun con la complejidad del tema- se trabaje una reforma lo más pronto posible, de manera que los puertorriqueños puedan comenzar a sentir alivios que les permitan cumplir con sus obligaciones, al tiempo que tienen calidad de vida. Los pasados años han sido de mucha presión económica que se refleja en la contracción de la economía en Puerto Rico. Es momento de comenzar a implantar alternativas que atiendan el difícil cuadro fiscal que enfrentan cientos de miles de familias puertorriqueñas.
Noticias Internacionales_____________________
Una de las noticias princípiales de CNN durante ayer viernes
CNN) -- About 1,000 National Guard soldiers will report for duty Saturday in Puerto Rico, activated by the governor this week to help fight a drug-fueled crime tsunami that has flooded the Caribbean island.
The military personnel will repair police cruisers and join local authorities on patrols in the most crime-ridden areas of Puerto Rico, mainly in poor parts of the commonwealth's largest cities. One soldier will accompany a police officer on each patrol, said the National Guard chief, Maj. Gen. Antonio Vicens.
"The problem that exists now is that the police are short of personnel," Vicens said. "What we are going to do solely is to help them. First, we are going to help them with mechanics, provide them with more than 100 mechanics so that their fleet of patrol cars can go out on the street. Once we have that, we are going to have joint preventive patrols.
"You won't see military vehicles on the street. What you'll see are police patrols on the street."
The soldiers will be deployed in San Juan, the territory's capital, and the cities of Carolina, Bayamon and Ponce.
Gov. Luis Fortuno announced the call-up in his annual state of Puerto Rico speech Monday night, saying the help is needed until more officers can be trained. He did not set a timetable.
In a separate development, Fortuno announced Tuesday that U.S. Attorney Rosa Emilia Rodriguez Velez had reached an agreement with the U.S. Justice Department and the Puerto Rican Police Department for the federal agency to have jurisdiction over a series of major crimes. Puerto Rico is an unincorporated territory of the United States and more stringent federal U.S. laws can apply.
"To those who commit carjackings," Fortuno said, "to those who provoke shootouts on our roads ... to sexual offenders who rob our children of our innocence, our message is clear: We're going to impose on them the full weight of the federal law. We're going to look for them, and we're going to bring them to justice."
Rodriguez said the agreement will streamline the prosecution of cases and allow federal agents immediate access to some crime scenes.
"We feel very strongly about fighting crime," she said Thursday. "It's much better to fight crime together. This is an additional crime-fighting measure."
By all measures, there's much crime to fight.
A 2010 threat assessment by a 15-agency task force notes there were 68,738 violent crimes reported in 2008, a 9.3 percent increase over the previous year. Of the 13 major police areas in Puerto Rico, the municipality of Bayamon was the worst, with 16,590 violent crimes.
Homicides also showed a significant increase, with 807 killings reported in 2008, the latest year for which statistics were available. That was a 10.5 percent increase over the previous year. Homicides had already increased by 9.2 percent in 2007.
San Juan had the highest homicide rate in 2008, with 177 slayings. Bayamon was second-highest, with 154 killings.
As in many other parts of the world, authorities tie the crime jump to drugs.
"It's strong. It's very strong," Rodriguez told CNN.
A recent Puerto Rico Police Department report documented that more than 60 percent of the slayings on the island were directly related to drug trafficking.
"Drug-related violence is endemic in Puerto Rico," said a 2009 analysis by the Justice Department's National Drug Intelligence Center. "Homicide rates typically rank among the highest in the United States, and law enforcement officials report that most of these homicides are related to drug trafficking. [Drug-trafficking organizations] and gangs frequently use intimidation, violence and murder to gain and retain control of retail drug markets in the region."
The largest gangs predominantly operate in public housing projects scattered throughout San Juan, Aguadilla, Fajardo and Ponce, the 15-agency threat assessment said. Drug gangs also operate in lower-income neighborhoods where they feel less vulnerable to law enforcement.
Cocaine, crack-cocaine, marijuana, heroin and Ecstasy are the drugs most widely trafficked, officials say.
Puerto Rico is particularly vulnerable because of its location.
"The Caribbean region remains a major transshipment area for cocaine and heroin shipments originating from Colombia, transiting through Venezuela and destined to the United States, Europe and Canada," the multiagency report said.
The criminals are well-financed and well-armed.
"Large-caliber assault type rifles such as AK-47s, M-16s and various types of military carbines are the weapons of choice," the report said. "In some instances, rifles recovered in the streets have been converted to fire in the fully automatic mode. The handguns of choice are Glocks and Smith & Wesson pistols converted to fire in the fully automatic mode, thus providing added fire power."
The National Drug Intelligence Center also notes that Puerto Rico "is a major money-laundering center for drug traffickers operating in the region."
Although Puerto Rican officials did not mention it this week, there's another reason for the National Guard deployment.
"Public confidence in the [Puerto Rico Police Department's] ability to protect the citizenry remains low because of continued corruption within the department," the National Drug Intelligence Center analysis said. "This situation has resulted in decreased cooperation between the public and the police department and has made it more difficult for police officers to deter crime and enforce the law.
"Consequently, it is likely that the crime rate in Puerto Rico will remain high and the drug situation will worsen in the next year as traffickers take advantage of a perceived law enforcement weakness."
Vicens, the National Guard general in charge, believes the military can help change that.
"We are the beneficiaries of a [good] reputation and confidence on the part of the public," he said in a published interview this week. "When we act, we act professionally. That will help us accomplish our objectives."
Some Puerto Ricans wonder whether the military can solve the problem.
"It might help," said Tony Santiago, owner of Rent the Bike in Old San Juan.
He questioned whether some of the Guard members are up to the task.
"What do they do for a living," he asked. "Maybe they don't have the knowledge to handle the situation like a policeman would."
No one seems to question that there's a problem and that something needs to be done about it.
Gwenn Bentz and her husband own Coqui's Hideaway, a vacation rental cottage 45 minutes east of San Juan.
"It doesn't affect us personally because we live up in the mountains," she said. "It's mostly in the cities."
Nonetheless, she and some neighbors are starting a crime-watch group.
"Is there crime? Yes, sure. That's gone up," Bentz said.
And the governor feels he has to act, she said.
"I think Fortuno realizes that something has to get done about the violent crime, drug problems, and the police don't seem to be able to get the problem under control," said Bentz, a New Jersey native who has lived in Puerto Rico for six years. "So if the National Guard can help, I am happy he is trying something."
A few minutes later, she was not so sure.
"I don't think the National Guard troops activation is the answer to the problem, but I guess it can't hurt," she said
U.S. Attorney Rodriguez, a 32-year veteran of the justice system, believes her office's new powers will make a difference.
"I have much hope," she said.
And if anything can make the situation better, she said, it's intervention by federal authorities.
"I am rich in satisfaction," the prosecutor said. "The United States has always taken care of Puerto Rico. It's a good father."
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