El 27 de agosto de 2012 el canal de televisión Telesur anunció que entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se había firmado un acuerdo en la capital cubana que permitiría el inicio de un diálogo entre ambas partes, [...]

enfrascadas en un conflicto armado que se ha prolongado por espacio de más de cincuenta años. El anuncio vino precedido de una declaración unilateral hecha por las FARC el 26 de febrero de ese año renunciando a la utilización del secuestro como instrumento de lucha política y el anuncio de la liberación de los últimos diez militares y policías capturados. La noticia también estuvo acompañada del anuncio de la aprobación por parte del Congreso colombiano el 14 de junio del llamado ‘‘Marco Jurídico para la Paz’’. Mediante éste se proveyó al Estado de los instrumentos necesarios para negociar con los grupos armados en Colombia.

La realidad es que los acercamientos entre las FARC y el gobierno habían tenido como escenario previo, conversaciones desarrolladas en La Habana a partir del 23 de febrero de 2012. El anuncio hecho por Telesur tan solo vino a confirmar de manera pública las iniciativas que ya se encontraban en pleno desarrollo por parte del gobierno cubano y del gobierno de Noruega, con la participación adicional del gobierno chileno como garante de las negociaciones y acuerdos entre las partes.

No se trata, sin embargo, del primer esfuerzo negociador entre las FARC y el gobierno colombiano. Ya previamente, en el año 1984, luego de una reunión de los diferentes frentes de guerra de las FARC, se acordó un alto al fuego como parte de los acuerdos suscritos con el gobierno de Belisario Betancourt, que abrieron paso a la formación política conocida como Unión Patriótica. Esta organización de carácter legal, sin embargo, eventualmente fue liquidada por escuadrones compuestos por militares, elementos oligárquicos vinculados al gobierno y los carteles del narcotráfico colombiano. En el proceso, miles de militantes y candidatos electorales de la UP a nivel nacional, departamental y municipal fueron literalmente arrasados, secuestrados, torturados y ejecutados.

En 1987, diversas fuerzas insurgentes en Colombia se reagruparon en lo que se denominó como ‘‘Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar’’, reiniciaron a partir del 3 de junio de 1991 los diálogos con el gobierno de Colombia con miras a poner fin al conflicto armado. Estos diálogos fueron efectuados en Venezuela y México. Este nuevo proceso, sin embargo, quedó inconcluso en 1993 luego de no llegarse a un acuerdo. Una vez más en 1998, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, otra iniciativa fue llevada a cabo creándose una zona desmilitarizada de aproximadamente 40 mil kilómetros cuadrados, una superficie aproximada al tamaño de Dinamarca. Este territorio, también conocido como ‘‘Zona de Despeje’’, permaneció bajo el control de las FARC hasta el año 2002 cuando, una vez, más fracasaran las negociaciones. Para entonces, el gobierno estimaba las cifras de combatientes de las FARC en 18 mil efectivos.

Las FARC es la agrupación guerrillera activa más antigua de América Latina. Fue fundada en 1964 a pesar de que desde mucho antes, en Colombia, ya existían agrupaciones guerrilleras en armas. Surge el día 30 de mayo de 1964 como ‘‘Bloque Sur’’, brazo armado del Partido Comunista de Colombia (PCC), hasta que más adelante, el 5 de mayo de 1996, adopta su nombre actual. En su Séptima Conferencia, efectuada en mayo de 1982, se denominarán Fuerzas Armadas de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP). Actualmente, su máximo responsable es Rodrigo Lodoño Echeverri, conocido como Timochenko o Timoleón, quien sustituye su anterior responsable principal Guillermo León Cano, conocido también como Alfonso Cano, caído en combate el 4 de noviembre de 2011.

A través de los años, lo que en su origen en los años de la Guerra Fría era denominada por sus detractores como ‘‘guerrilla comunista’’ o como, ‘‘agrupación guerrillera marxista–leninista’’, pasó a ser calificada por esos mismos detractores, primero como ‘‘grupo terrorista’’, y más adelante, como ‘‘narcoguerrilla’’. La realidad es que dentro de las fuerzas militares irregulares en Colombia, la denominación de ‘‘narcoguerrilla’’ a quien mejor le cuadra es a las llamadas ‘‘fuerzas de autodefensa’’, creadas y financiadas por narcotraficantes, elementos vinculados a la oligarquía colombiana y a sectores derechistas y anticomunistas dentro de las fuerzas armadas.

Las acusaciones contra las FARC de terrorismo están vinculadas con las formas de ejercicio de la lucha armada que esta organización ha utilizado para enfrentar sus enemigos: las operaciones militares guerrilleras; los ataques contra objetivos militares en los cuales se capturan fuerzas de la policía y del ejército, los cuales se retienen en calidad de prisioneros y las cuales el Estado denomina ‘‘operaciones para la toma de rehenes’’; secuestros de figuras vinculadas con el gobierno o los latifundistas; el uso de minas terrestres; la colocación de coches bombas contra objetivos en los centros urbanos teniendo como resultado colateral la afectación de civiles; la imposición de impuestos a los terratenientes y latifundistas, algunos de los cuales, incluso el propio gobierno, vincula con el narcotráfico; etc. Por su parte, las FARC acusa al gobierno de retener como delincuentes comunes a cientos de sus combatientes presos en cárceles colombianas; de violaciones de derechos humanos y represión contra los campesinos e indígenas; a la vez que acusan a sectores vinculados con el gobierno y las fuerzas armadas con el narcotráfico y lavado de dinero.

Sobre los métodos de lucha utilizados por las FARC frente al inmenso y poderoso aparato financiado por Estados Unidos a través de su intervención en el país mediante el Plan Colombia y los métodos utilizados por el Estado para combatir dicha organización y contra la población en las zonas donde las FARC operan, podemos sostener una larga discusión en la cual, claro está, podemos coincidir o discrepar en todos o algunos de sus componentes operativos. En lo que no deberíamos discrepar, sin embargo, es en que esta organización, al igual que otros agrupamientos guerrilleros en Colombia, como es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tiene su origen y desarrollo en la desigualdad social y económica en Colombia; en los abusos sobre las poblaciones campesinas por parte del Estado colombiano y la clase social que lo sostiene, sus elementos oligárquicos; en la ausencia de libertades políticas reales a través de las cuales los sectores sociales sin voz, particularmente obreros y campesinos, puedan impulsar sus demandas reivindicativas en un verdadero espacio democrático y donde se atiendan adecuadamente, entre otras, las necesidades de trabajo, salud y educación de las amplias masas colombianas para las cuales esas conquistas son inexistentes.

Nadie debería ser lo suficientemente ingenuo como para pensar que en un proceso revolucionario armado de tan larga duración e intensidad no se hayan dado desviaciones por parte de algunos de las fuerzas combatientes revolucionarias que participan del mismo. Lo importante a la hora de pasar un balance histórico, sin embargo, es no generalizar los elementos negativos que hayan surgido imputándolos como representativos de la totalidad del quehacer político y militar de esta organización; sino evaluar los mismos, desde una justa perspectiva, tomando en consideración la totalidad de los factores involucrados.

Cierto es que existen al menos una treintena de países que consideran a las FARC como ‘‘organización terrorista’’. La pregunta que deberíamos hacernos al escuchar los voceros de tales gobiernos, sin embargo, es qué tipo de lecciones puede darnos sobre el particular países como Estados Unidos y la Unión Europea, que juntos forman parte de la OTAN, cuando su práctica precisamente es una que promueve el terrorismo de Estado. De cuáles derechos humanos puede hablarnos un país que legitima el uso de la tortura y aprueba en sus más altas esferas la eliminación sumaria de sus propios ciudadanos en países extranjeros; o que mantienen cárceles secretas en terceros países, reteniendo indefinidamente personas sin ser acusadas o llevadas a juicio. Por eso, a la hora de juzgar a las organizaciones que luchan mediante la lucha armada, el problema es mucho más complejo que sencillamente hacer generalizaciones y a base de ellas, terminar fortaleciendo las posiciones intervencionistas, imperialistas y oligárquicas en nuestros países.

En el año 2008 y en años siguientes la dirección de las FARC ha sido duramente golpeada. Primero fue el fallecimiento de su fundador Manuel Marulanda, conocido como Tiro Fijo, el día 28 de marzo. Previamente, el día 7 de marzo, uno de los miembros de su Secretariado, Iván Ríos, fue asesinado por elementos de su seguridad personal. El 1 de marzo, se produjo la muerte de su responsable de relaciones internacionales, Luis Edgar Devia Silva, conocido como Raúl Reyes, en un ataque por aire perpetrado por la fuerza aérea de Colombia con el apoyo logístico de Estados Unidos contra su campamento localizado en la zona fronteriza de Ecuador con Colombia. El 23 de septiembre de 2010 fue abatido en el departamento de Meta su Jefe Militar Víctor Julio Suárez, conocido como Jorge Briceño o como el Mono Jojoy, en un bombardeo efectuado por las fuerzas armadas; mientras que como ya indicamos, el 9 de abril, se produjo la muerte de Alfonso Cano, quien había sucedido a su muerte al fundador de la organización Manuel Marulanda.

Colombia hoy día es quizás uno de los países más militarizados de América Latina, sino el más. En dicho país, Estados Unidos ha desplegado bajo el llamado “Plan Colombia”, con la participación de cientos de efectivos militares que a título de “asesores” se encuentran en este país. Desde el uso que le ha facilitado Colombia a Estados Unidos de sus instalaciones militares, se ha ido configurando una potente fuerza militar cuya capacidad hoy excede propósitos estrictamente defensivos. En efecto, las Fuerzas Armadas colombianas tienen hoy, al menos teóricamente, como fuerzas de tierra, aire y mar, junto con unidades de infantería de marina, la capacidad militar para incluso agredir países vecinos. En su confección y desarrollo, Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares como parte del Plan Colombia.  

La versión original de este Plan surgió en 1998 precisamente bajo la presidencia de Andrés Pastrana, el mismo presidente con el cual se desarrollaron conversaciones de paz. Se indica que este Plan militar aspiraba a ser una especie de Plan Marshall para Colombia, que permitiera desarrollar grandes inversiones sociales en un país crucificado por un conflicto armado que ya entonces llevaba cerca de tres décadas. Uno de los componentes del Plan era ofrecer al campesinado una opción económica alternativa viable a la producción de la hoja de la coca; el fortalecimiento militar entre Colombia y Estados Unidos; y atender el problema de la viabilidad del Estado colombiano, fragmentado básicamente entre los narcotraficantes, el gobierno central, las FARC-EP y las organizaciones paramilitares. El Plan Colombia, además, se ideó como un contra balance a los esfuerzos desarrollados por el Gobierno de Pastrana entre 1999 y 2000 por llegar a acuerdos de paz que impidieran una salida irreversible al conflicto político en Colombia donde las fuerzas populares rompieran el impasse entre las partes en conflicto con el desarrollo de un proyecto social popular que desbancara los privilegios de los sectores oligárquicos. En su desarrollo, además, el Plan Colombia, particularmente bajo el gobierno de Álvaro Uribe, representó el fortalecimiento de la estructura militar de dicho país como contrapeso al desarrollo de la Revolución Bolivariana en Venezuela y la Revolución Cívico–Ciudadana en Ecuador.

El 4 de septiembre de 2012 el presidente colombiano Juan Manuel Santos, hizo público el hecho de que discretamente, estas conversaciones de paz, próximas a comenzar en Oslo en octubre de dicho año, habían sido precedidas de importantes conversaciones exploratorias desarrolladas por las partes seis meses antes, lo que había permitido desarrollar una ‘‘hoja de ruta’’ basada en cinco puntos básicos: (a) el problema de la tierra; (b) el abandono de las armas; (c) la inserción de los combatientes desmovilizados en la vida política; (d) la solución al problema del narcotráfico; (e) las reparaciones a las víctimas del conflicto. También reconoció la importancia de la participación y aportaciones del presidente venezolano Hugo Chávez Frías, particularmente luego del restablecimiento de las relaciones políticas entre ambos gobiernos en 2010. Luego de una primera ronda de negociaciones, las partes acordaron continuar las mismas en La Habana, Cuba, lugar donde al presente, desde el 15 de noviembre de 2012, se desarrollan las conversaciones de paz.

A pesar de la negativa del gobierno colombiano para decretar un cese de fuego y suspensión de las operaciones militares, en un comunicado hecho por las FARC el 19 de noviembre, éstas decretaron un cese unilateral al fuego el cual se extendería hasta el 20 de enero de 2013. El gobierno colombiano, además, se ha negado a negociar con las FARC una zona de despeje o zona desmilitarizada como la creada en las negociaciones de 1998. Tampoco progresó la demanda inicial de las FARC a los fines de que pudieran participar de las negociaciones dirigentes que fueran extraditados a Estados Unidos donde permanecen en prisión.

A finales del mes de noviembre de 2012 se anunció el primer acuerdo alcanzado por las partes. Este consistió en la creación de un foro de participación ciudadana relacionada con el proceso de paz a celebrarse en Bogotá durante los días 17 al 19 de diciembre de 2012 bajo el título de ‘‘Política de Desarrollo Agrario Integral’’. Sus acuerdos serían presentados en las negociaciones celebradas en La Habana a partir del 8 de enero de 2013.

Si bien existe una gran expectativa por el desarrollo y resultado exitoso de estas conversaciones de paz, no faltan también elementos que desearían ver descarrilados una vez más los mismos. Tales deseos florecen en ambos lados de la contienda. La seriedad de las conversaciones, sin embargo, parecería caminar en una dirección opuesta a los deseos de estos vividores de las crisis. Lo anterior, sin embargo, no supone asumir que el proceso no fructificará en un acuerdo final, como resultó de las negociaciones que condujeron a los Acuerdos de Chapultepec mediante los cuales se alcanzó el fin de la guerra civil en El Salvador hace ya dos décadas. Quizás por eso, países como Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, como también del Movimiento de Países No Alineados (NOAL) y el inmenso abanico de visiones que se expresan a través de los diferentes gobiernos latinoamericanos y caribeños, aun dentro de su diversidad y diferencias, han respaldado esta nueva iniciativa de diálogo. El tiempo dirá. Vamos a ver qué pasa.