En su Moral Social, Eugenio María de Hostos, al referirse al derecho, menciona tres aproximaciones distintas al término, aunque a la vez entrelazadas: el derecho como expresión a través del cual se le confiere a cada individuo lo que es suyo; el derecho como una expresión de justicia en su sentido más estricto; y el derecho como “conjunto de condiciones necesarias y naturales que ligan al hombre individual con el hombre colectivo, o lo que es lo mismo, al individuo con la sociedad”. Para Hostos, el derecho y el deber constituyen “inseparables resplandores de la conciencia”.

Al analizar los eventos que llevan hace 175 años a la fundación de lo que es hoy el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, encontramos integrados como valores supremos el compromiso institucional con sus afiliados y la responsabilidad social de cada profesional del derecho que lo integra con su país.

Nos dice el profesor Carmelo Delgado Cintrón en su obra Historia del Colegio de Abogados, Tomo I, que allá para el 27 de junio de 1840 un grupo de abogados puertorriqueños, junto a los cuales se encontraban un dominicano y un venezolano, fundaron nuestra ilustre institución. En su primera reunión, aquellos padres fundadores que marcaron la agenda futura consignaron la responsabilidad de la recién fundada institución “con el progreso intelectual y social del País”. Fue precisamente uno de los pilares sobre los cuales se fundamentó la razón de ser de nuestro Colegio, extender su brazo institucional en auxilio de los sectores más menesterosos de la nación. Así las cosas, aquellos que iniciaron la ruta que hemos transitado desde entonces se distribuyeron entre ellos en ese acto fundacional “los pleitos y causas de los ciudadanos pobres y desvalidos”.

Señala Delgado Cintrón que el servicio al pueblo fue desde el primer momento la vocación esencial de la institución. Al hacerlo, el Colegio no vaciló en oponerse a decisiones gubernamentales que consideraba injustas y opresivas, reivindicando así sus derechos. Han sido múltiples las situaciones en que, aun a riesgo de su propia supervivencia, el Colegio ha respondido con igual entereza y dignidad frente a los más descarnados atropellos contra nuestro pueblo.

Culminada mi carrera de derecho en mayo de 1976, aprobada la reválida y jurado como abogado a finales de ese año, en los primeros días de 1977 me integré como colegiado a la institución. Para entonces no había cuestionamiento sobre la colegiación compulsoria. Ser colegiado constituyó para mí uno de los eventos más emocionantes, significativos y gratificantes de mi juventud.

Con los años, he participado desde diferentes comisiones de trabajo, encomiendas especiales y labor voluntaria en el quehacer de mi Colegio. Me siento profundamente orgulloso en formar parte de una institución que le ha servido bien a sus afiliados y afiliadas y, además, le ha servido bien a Puerto Rico.

En el camino recorrido, las piedras lanzadas al Colegio por quienes históricamente han rechazado su voz firme, valiente y solidaria son aquellas con las cuales, pese a las dificultades, hemos construido nuestras atalayas.

Cuando celebramos el 175 aniversario de la fundación del Colegio, se impone la necesidad de fortalecer nuestra institución. Vivimos tiempos difíciles en los cuales las dificultades que afronta el País también repercuten en nosotros.

Creo en la función social, patriótica y educativa del Colegio. Creo en un Colegio presente en la defensa de los derechos ciudadanos, de los derechos económicos de las clases trabajadoras; en la búsqueda de oportunidades que brinden posibilidades de desarrollo y mejoramiento social y económico a la juventud; en la defensa de los derechos de la mujer puertorriqueña; así como también, en el ámbito más amplio, en la educación cívica desde una perspectiva de género.

Se trata de valores que también forman parte de este Colegio que defiendo. Por eso aspiro, más allá de lo que pueda haber resuelto la mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico o los tribunales federales sobre la colegiación compulsoria de nuestra profesión, en un llamado a la conciencia de quienes ejercemos la profesión legal en Puerto Rico a asumir un verdadero espíritu de unidad como gremio; integrándonos y fortaleciendo la institución que verdaderamente nos ha representado y sigue representándonos.

Por eso afirmo: ¡Ser colegiado y colegiada es un honor!

(Tomado de El Nuevo Día)