Los sucesos en torno a la hermana República Bolivariana de Venezuela se desarrollan a un ritmo que en ocasiones es difícil poder seguirlos a la velocidad que la situación amerita. La tarea se torna aún más compleja si tomamos en consideración, que no siempre se cuenta con el mejor manejo de datos; a lo que se añade que, en múltiples sectores de nuestra población, encontramos que aún no han tenido la oportunidad de sensibilizarse en torno a ciertos conceptos; conocen las determinadas estructuras de poder y decisión; y carecen de elementos concretos en torno a la identificación de varios organismos que, a nivel internacional, ciertamente pueden jugar un papel determinante en la búsqueda de una salida política a la presente amenaza de intervención militar imperialista sobre Venezuela.

Me decía recientemente una persona a raíz de la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, que no entendía el por qué la sutileza e insistencia del representante de la Federación Rusa durante la sesión del pasado martes, 26 de febrero en dicho Consejo, a los efectos que lo que debería estar en discusión no era la situación “en” Venezuela, sino la situación “alrededor de” Venezuela.

No se trata de un mero cambio de palabras o una mera expresión idiomática. En materia de alta diplomacia, como también en ciertos asuntos cotidianos, los términos tienen sus particulares significados, connotaciones y efectos. En el caso que mencionamos sobre las expresiones del diplomático ruso, la diferencia estriba en que Estados Unidos y una serie de países, en su propósito de deslegitimar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro Moros, han planteado la necesidad de intervenir “en” Venezuela, ello a partir de su alegada situación interna; lo que no es lo mismo que discutir los elementos internos o exteriores “alrededor de Venezuela”, que es lo que permite un análisis integral de lo que realmente provoca, en gran medida, la actual situación interna en Venezuela.

Dicho lo anterior, en otras palabras, no se puede discutir si hay o no hay una situación de crisis humanitaria en Venezuela que justifique la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sin discutir el congelamiento de decenas de miles de millones de dólares propiedad del gobierno venezolano, actualmente confiscados, incautados y embargados por Estados Unidos, el Reino Unido de la Gran Bretaña y otros países de la Unión Europea. Tales acciones se han llevado a cabo precisamente para impedir o limitar sustancialmente la capacidad del gobierno venezolano para comprar en los mercados internacionales aquellas mercancías y productos necesarios para atender adecuadamente las necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de su pueblo.

De la misma manera, no puede discutirse el asunto de los llamados 3.2 millones de venezolanos que han emigrado del país como justificante para la intervención en Venezuela; sin tomar en consideración los casi 5 millones de colombianos que, en los pasados años, se han refugiado precisamente en Venezuela producto de las persecuciones, represión e inseguridad ciudadana que sufren en Colombia, su país de origen.

Tampoco es posible discutir lo acontecido en las elecciones efectuadas en mayo de 2018 en Venezuela y su resultado, sin discutir también la participación de otros partidos opositores en dichos comicios, el resultado de los votos obtenidos por cada partido o agrupación política que concurrió a las elecciones, frente a las motivaciones de un sector de la oposición que se abstuvo de participar en tales elecciones a pesar de que había ya, en un proceso de mediación entre las partes auspiciado por el gobierno de la República Dominicana, se había alcanzado un preacuerdo, que posteriormente fuera rechazado por dicha oposición.

De la misma manera no puede hablarse de actos de violencia en la frontera entre Colombia y Venezuela, sin discutir antes de parte de quién provino la violencia generada; sin asumir una postura de denuncia ante la falta de acciones afirmativas por parte de las autoridades de Colombia para impedir que, desde su territorio, se atacara el personal desplegado por Venezuela en la frontera con Colombia. Tampoco puede dejarse de considerar en torno a dichos incidentes, la impunidad con que el Gobierno colombiano manejó la situación generada desde su territorio nacional; o los llamados de parte de funcionarios y presidentes de países como, Colombia y Chile, que en abierta postura injerencista, apoyaron desde el lado colombiano y estimularon la entrada ilegal de personas armadas con bombas molotov y otros instrumentos en el paso fronterizo hacia territorio venezolano.

Finalmente, también es necesario incorporar en el análisis, la denuncia a las actuaciones de ciertos funcionarios, que a título de ser directivos de organismos internacionales como es el caso del Secretario General de la OEA, o de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que han llevado a cabo actos dirigidos a desestabilizar Venezuela y promover una escalada en el manejo de la situación del conflicto, incluyendo el visto bueno a la intervención militar en suelo venezolano. Por eso tiene razón el funcionario ruso de que lo que debe discutirse en esta coyuntura ante el Consejo de Seguridad, no es lo que sucede “en” Venezuela, sino discutir lo que sucede “alrededor de” Venezuela.

En efecto, el pasado martes 26 del mes en curso, se debatió al interior del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un proyecto de Resolución impulsado por Estados Unidos a través de su representante Elliot Abrams. Este funcionario, colocado por Donald Trump para dirigir los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, es el mismo que jugó un rol clave en la intervención de Estados Unidos en Afganistán e Iraq. El propósito de la Resolución estadounidense era exigir la entrada al territorio de Venezuela de alegada “ayuda humanitaria extranjera”. Conforme indicó el gobierno de Estados Unidos, la llamada “crisis humanitaria” y el “éxodo de venezolanos hacia otros países de la región”, compromete la paz.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un organismo adscrito a esta organización mundial, el cual es responsable de determinar cuándo y dónde se ha de desplegar una operación de mantenimiento de paz. En la toma de decisiones, el organismo debe tomar en consideración factores tales como si bajo un escenario de previa beligerancia, se ha decretado o no un cese al fuego; si las partes involucradas en tal escenario han acordado entre sí aceptar la supervisión o intervención de las Naciones Unidas en un esfuerzo conjunto para alcanzar la paz; si existe un fin político claro que se refleje en el mandato que recibirá las Naciones Unidas para su intervención; y ciertamente, si existen o no condiciones para asumir que la presencia de efectivos de las Naciones Unidas en determinada región, tendrían una garantía razonable en torno a su seguridad personal una vez asuman la ejecución del mandato.

El Consejo de Seguridad actual tiene sus antecedentes históricos en la conferencia realizada, previo al final de la Segunda Guerra Mundial en Washington. En ella participaron China, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña y Estados Unidos de América. Más adelante, algunos de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial realizaron otra reunión en 1945 en Yalta en 1945; y luego, también en 1945, otra conocida como la “Conferencia de San Francisco”, donde se aprueba lo que hoy conocemos como la “Carta de las Naciones Unidas”.

La Carta de la ONU contiene un Capítulo V, en el cual se dispuso a través de los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31 y 32p lo relacionado con la creación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En dicho Capítulo se encuentran, todos ellos relativos al Consejo de Seguridad. En particular, el Artículo 24 indica que los suscribientes de la Carta “confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad de mantener la paz y seguridad internacional y reconocen que el Consejo de Seguridad actuará a nombre de ellos al desempeñar las funciones que supone aquella responsabilidad.” Por su parte, el Artículo 25, dispone que los “miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta.”

El Consejo de Seguridad está conformado actualmente por 15 países. De estos, cinco son miembros permanentes y los otros diez son elegidos por términos de dos años. Las decisiones del Consejo de Seguridad se toman por una mayoría de 9 de sus integrantes. No obstante, si uno de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad veta una decisión adoptada por la mayoría del Consejo de Seguridad, la misma no es ejecutable para las Naciones Unidas. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son: Estados Unidos de América, Francia, el Reino Unido de la Gran Bretaña, la República Popular China y la Federación Rusa. Los actuales diez integrantes adicionales del Consejo de Seguridad son: Alemania, Bélgica, Polonia, Indonesia, República Dominicana, Perú, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil y Kuwait.

En el año 1971, la representación como miembro permanente de la República de China pasó a manos de la República Popular China; mientras que la representación de la Unión Soviética, en 1991, pasó a la Federación Rusa. Hasta el año 2012, según informa la página electrónica Wikipedia, el ejercicio del poder de veto se había dado en 269 instancias, siendo Estados Unidos y la Federación Rusa (lo que incluye la vieja URSS) los estados que más veces han ejercido el mismo, con 89 y 128 vetos respectivamente.

Además del mantenimiento de la paz y la seguridad mundial, el Consejo de Seguridad debe recomendar acuerdos por medios pacíficos, está facultado para imponer sanciones económicas y autorizar el uso de la fuerza.

En las reuniones del Consejo de Seguridad, cualquier país miembro de las Naciones Unidas tiene derecho a estar presente y ejercer el derecho a la expresión, sin embargo, sólo los integrantes plenos del Consejo tienen el derecho al voto.

La reciente discusión en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU relacionada al tema de Venezuela, es la segunda vez en años recientes que se produce. Contó con la intervención de más de cuarenta países, entre los cuales surgieron expresiones favorables a la propuesta de Resolución presentada por Estados Unidos, como también, en contra de la misma. A pesar de lo anterior, el consenso mayoritario de las intervenciones fue a los efectos de que la manera de solucionar la situación relacionada con Venezuela, fuera la vía diplomática y no la intervención armada.

Valga la pena destacar que países que antes se habían movido en una dirección favorable a una intervención, incluso una de carácter militar; luego de los incidentes del pasado 23 de febrero en la frontera con Colombia, donde quedó evidenciada la solidez y el apoyo al gobierno del presidente Maduro, así como la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en torno al mismo han ido desplazando sus voces hacia la búsqueda de una salida que no conlleve la intervención militar contra Venezuela.

En el caso de la postura de países de la Unión Europea, observamos que también se han distanciado un tanto de la alternativa de considerar como opción un movimiento de intervención militar en Venezuela.

Información hecha pública tanto por funcionarios militares de la Federación Rusa, por el gobierno de la República de Cuba y ciertamente por el gobierno de Venezuela, no obstante, siguen señalando el peligro, ante el desplazamiento de medios militares estadounidenses hacia la cercanía de Venezuela dirigidas a una intervención directa de Estados Unidos. Son reveladoras las noticias sobre el desplazamiento de unidades de fuerzas especiales de Estados Unidos hacia Puerto Rico y hacia Colombia, a lo cual debe sumarse informes anteriores sobre el desplazamiento hacia la zona aledaña a Venezuela y Colombia, por el Océano Atlántico y el Pacífico, de medios navales de Estados Unidos y de unidades de la Infantería de Marina. Se informa además, la decisión del gobierno de Paraguay de también autorizar el uso de su territorio por parte de tropas de Estados Unidos.

A pesar de que el gobierno norteamericano no admite públicamente su reforzamiento de cara a una intervención militar en Puerto Rico, no debe olvidarse que hace apenas unos meses la prensa en Puerto Rico anunció la creación por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos de un nuevo comando en Puerto Rico denominado “Comando del Caribe de la Reserva del Ejército de Estados Unidos” (“1st Mission Support Command”), el cual comprende tanto el territorio de Puerto Rico como el de las Islas Vírgenes estadounidenses, cuyas estructuras de mando principales estarían ubicadas en el Fuerte Buchanan, localizado en el Área Metropolitana de San Juan, donde, en el pasado estuvo localizada la Guarnición del Comando Sur (Ejército Sur).

Al presente, al menos en el plano diplomático, los planes desestabilizadores de Estados Unidos siguen su curso, aunque cada vez más Venezuela se perfila en una mejor posición ante la inmensa mayoría de los países del mundo. Venezuela tiene, además a su favor, que al interior de esos países donde sus gobiernos empujan la agresión contra Venezuela, se sigue cuajando, lenta pero ininterrumpidamente, un fuerte movimiento social contrario a la intervención y la injerencia imperialista, y a la vez, favorable al gobierno constitucional de Nicolás Maduro Moros. En definitiva, las políticas que impulsan tales gobiernos también son objeto rechazo y de resistencia por parte de sus propios pueblos, lo que debe servir de mensaje subliminal de lo que podría ocurrir, si se desata una intervención militar contra Venezuela.

De acuerdo con una nota de AFT publicada en el periódico peruano El Comercio, en su edición del 28 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU estaría votando sobre dos proyectos de resolución, uno promovido por Estados Unidos y el otro por la Federación Rusa. Señalando haber obtenido acceso anticipado a los proyectos de resolución mencionados, indica que la resolución de Estados Unidos hace un llamado urgente a que se celebren elecciones “libres, justas y creíbles” en Venezuela. Indica, además, que las elecciones efectuadas en mayo de 2018 no fueron libres ni justas; y hace también un llamado a la restauración “pacífica de la democracia y del Estado de Derecho” en dicho país. Por su parte, el proyecto de resolución impulsado por la Federación Rusa, plantea la inquietud que genera la situación ante “las amenazas del uso de la fuerza” y los intentos de intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela, haciendo el llamado a una “solución política y pacífica” en este país latinoamericano; e insistiendo en que quien tiene la autoridad delegada para convocar a soluciones en Venezuela, es el presidente Nicolás Maduro.

Este medio de comunicación anticipaba lo que en efecto ocurrió, que si bien la resolución estadounidense podría obtener los 9 votos necesarios para conformar una mayoría en el Consejo de Seguridad; los vetos de la Federación Rusa y de la República Popular China a la resolución presentada por Estados Unidos, convertirían en inoficioso su resultado, ya que no sería vinculante ni autoejecutable para los integrantes del organismo internacional.

Los pueblos latinoamericanos están conscientes de que en Venezuela también se juega el futuro de la soberanía de cada uno de ellos. Para la inmensa mayoría de los Estados soberanos, miembros plenos de las Naciones Unidas, también existe un claro rechazo al intervencionismo promovido por Estados Unidos en Venezuela. Estos países conocen claramente cómo, detrás del argumento del derecho humanitario invocado, detrás del llamado a imponer nuevas elecciones en Venezuela, y del apoyo dado al usurpador Juan Guaidó, se esconde la agenda norteamericana por el control de la riqueza venezolana y sus inmensos recursos naturales. Es por ello que, en la solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela; en el rechazo a la intervención imperialista contra este hermano pueblo; en la defensa de su soberanía nacional y la autodeterminación, es que está hoy afirmada la voluntad del resto de los pueblos de nuestro hemisferio en un claro rechazo a una intervención imperialista.