Hace poco más de nueve años, poco tiempo después de la muerte de Lolita Lebrón, presenté en Cuba esta ponencia en la Misión de Puerto Rico en Cuba. La misma contiene datos obtenidos de manos del Gobierno de Puerto Rico como resultado de una demanda llevada por el historiador Pedro Aponte y nuestra recordada Doña Isabel Rosado para que el ELA entregara todas la documentación y objetos incautados al nacionalismo como resultado de los procesos llevados cabo a partir del 30 de octubre de 1950, incluyendo los registros efectuados y la documentación en poder de la Administración de Corrección. El resultado del pleito fue la entrega de decenas  de cajas de "evidencia" incautada, objetos y récords. Como parte de la documentación, se tuvo acceso a dos (de tres informes), enviados al gobernador de Puerto Rico como documento  secreto o confidencial, de donde surge la información que su hermano, Gonzalo Lebrón, expresidente de la Junta Nacionalista de Chicago, ofreciera a las autoridades sobre las acciones del nacionalismo a partir de 1950 y hasta la operación de la cual participa como dirigente Lolita en el Ataque al Congreso. Gonzalo fue testigo de cargos contra su propia hermana.

El escrito que presentamos aquí, ofrece aspectos importantes de la historia que deben ser conocidos como tributo a Lolita, los nacionalistas que participaron del Ataque al Congreso y de todos aquellos que desde el anonimato aportaron a nuestra lucha emancipadora en tan difícil coyuntura.

El pasado 1ro. de agosto de 2010 falleció Lolita Lebrón, símbolo vivo de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Se nos ha invitado a hacer una reflexión política sobre esta singular mujer de la cual podríamos decir múltiples cosas. ¿Quién no la conoce en suelo patrio o aquí en Cuba, donde se le respeta y venera como si fuera una patriota mambisa en la causa libertaria de este pueblo hermano?  Se trata de aquella heroína de la lucha por la independencia de Puerto Rico del Siglo XX que sintetiza en su ideario la máxima albizuista de “la Patria es valor y sacrificio.”

Nos reseña Ramón Medina Ramírez en su obra El Movimiento Libertador en la Historia de Puerto Rico, que un cable fechado en Washington el día 2 de marzo de 1954 indica que en la cartera de esa mujer que penetró dentro del Congreso de Estados Unidos el día anterior a proclamar ante el poder invasor el reclamo de la libertad e independencia de pueblo puertorriqueño, fue ocupada una nota a manuscrito que en parte leía de la siguiente manera:

“Me hago responsable de todo. Ante Dios y el mundo mi sangre clama por la independencia de Puerto Rico. Mi vida doy por la libertad de mi Patria...”

Mediante este acto de desprendimiento político y personal, Lolita asumía total responsabilidad por los actos protagonizados junto a sus compañeros en una de las más atrevidas acciones, que al igual que la llevada a cabo el 1 de noviembre de 1950 por Oscar Collazo y Griselio Torresola, atestiguaron ante el pueblo estadounidense y ante la comunidad internacional el caso colonial de Puerto Rico. Ese mensaje, libre de toda vacilación, dejaba claro el precio que estaba dispuesto a pagar el patriotismo puertorriqueño por la libertad de Puerto Rico. Es esa experiencia al cierre de un siglo la que sigue presente en el recuerdo de nuestros opresores y en la memoria histórica de nuestros luchadores.

Pero Lolita es, además, otro símbolo en nuestra historia. No solo es la mujer puertorriqueña que por mayor número de años permaneció encarcelada en prisiones estadounidenses como consecuencia de sus acciones en favor de la independencia de Puerto Rico, sino que su sacrificio,  ha sido también fuente de inspiración para otros revolucionarios en otros países.

Tenía razón Albizu Campos cuando decía al referirse a esta mujer y sus compañeros de jornada, apenas transcurridos dos días desde el ataque al Congreso de Estados Unidos, que juntos habían “avisado a los Estados Unidos...que el deber los obliga a respetar la independencia de todas las naciones; a respetar la independencia de Puerto Rico, y que los puertorriqueños harán respetar ese derecho sagrado de la Patria.”

Pretender, sin embargo, explicar el significado y la vigencia histórica del ataque al Congreso de los Estados Unidos el día 1ro. de marzo de 1954 por los combatientes nacionalistas Lolita Lebrón Soto, Rafael Cancel Miranda, Irvin Flores Rodríguez y Andrés Figueroa Cordero, impone sobre nuestros hombros una gran responsabilidad.  Se trata de someter a reflexión histórica un acto político de guerra del cual durante muco tiempo hemos tenido la noción de un témpano de hielo del cual tan solo se manifiesta a nuestros sentidos una pequeña parte.

También a su vez es la historia de un proceso en el cual decenas de hombres y mujeres comprometieron sus esfuerzos y sus vidas asumiendo entonces riesgos que aún hoy nos obligan a mantener una prudente discreción en torno a algunos de sus niveles de participación en dichos sucesos.

Pero la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros es aún mayor si tomamos en consideración el hecho de que cuando nos remitimos al concepto vigencia, lo hacemos en el convencimiento de lo que dicha palabra significa para los que consideramos como algo actual y no del pasado la necesidad de nuestro pueblo de organizarse para ejercer su derecho a la libertad e independencia.

Por eso hablar de Lolita Lebrón y de la vigencia histórica del ataque al Congreso en 1954, es hablar del derecho del pueblo puertorriqueño, y en particular de sus sectores desposeídos, a valerse de todos los medios de lucha que históricamente se han reservado los pueblos coloniales en su ruta hacia su verdadera autodeterminación. De ahí que si bien reconocemos como un principio correcto la expresión marxista de que la violencia revolucionaria, y como parte de ella la lucha armada, es la partera de la historia, también coincidimos con la afirmación albizuista de que la lucha armada y la violencia revolucionaria en los pueblos coloniales, es el principio de las nacionalidades. La síntesis de estos principios son los mismos que inspiraron el accionar político de Filiberto Ojeda Ríos a quien siempre recordaremos como uno de los grandes luchadores antiimperialistas de nuestro tiempo.

Para Albizu Campos, tan temprano como la década de 1930, era ya una verdad indiscutible aquello que Franz Fanon describiría a la altura de los años sesenta en sus escritos cuando afirmaba que, "la descolonización es siempre un fenómeno violento."

Para aproximarnos a un entendimiento teórico de la concepción de lucha desarrollada y articulada por el nacionalismo, forzosamente tenemos que recurrir a examinar su participación organizada en el accionar político militar a partir del año 1935.

A raíz de los sucesos que desembocan durante dicho año en el asesinato a mansalva de cuatro nacionalistas por parte de la Policía de Puerto Rico en Río Piedras y en los cuales otro nacionalista quedara gravemente herido, se planteó para el nacionalismo la necesidad de preparar el camino de la lucha armada. Sin descuidar el desarrollo y fortalecimiento de una organización que tuviera la capacidad de articular aquellas luchas cívicas necesarias para el adelanto de la independencia, resultaba además necesario el desarrollo de una estructura organizativa de carácter militar que permitiera a un movimiento libertador anti-imperialista asumir las tareas militares que dicha lucha demandaba.

La concepción de "guerra, guerra, guerra contra los yanquis" lanzada como consigna por el Partido Nacionalista en ese momento, lejos de ser un llamado retórico, era una declaración de guerra que el nacionalismo asumía frente al poder imperialista de los Estados Unidos. Dicha concepción, ya a la altura del 23 de febrero de 1936, tomaba cuerpo en el ajusticiamiento llevado a cabo por los nacionalistas Hiram Rosado y Elías Beauchamp del Coronel Elisha Francis Riggs, entonces Jefe de la Policía de Puerto Rico, así como en el inicio del reclutamiento para organizar el Cuerpo de Cadetes de la República como Ejército Libertador.

La respuesta del gobierno norteamericano al desafío nacionalista condujo al encarcelamiento y enjuiciamiento de su liderato. Luego de un segundo juicio ante la Corte Federal tras la falta de un veredicto condenatorio durante un primer proceso, el liderato del Partido Nacionalista fue condenado a largas penas de cárcel por conspiración sediciosa para derrocar el Gobierno de Estados Unidos. Las condenas recibieron una reacción inmediata de parte del nacionalismo cuando al día siguiente del traslado de Albizu y sus compañeros a la prisión federal de Atlanta, el auto en que viajaba el Juez Cooper quien les sentenciara, fuera tiroteado a la altura del Puente Dos Hermanos en la entrada a la Isleta de San Juan por otro comando nacionalista.

A partir de este momento el Gobierno norteamericano desataría en el país una intensa campaña represiva la cual tendría su más significativo momento en la Masacre del Domingo de Ramos en Ponce donde 19 personas perderían la vida y más de 150 resultarían heridas.

En los años que transcurrirían durante el destierro de Albizu, el nacionalismo concentró su actividad en la gestión organizativa y en la búsqueda de solidaridad internacional de parte de las repúblicas latinoamericanas con la independencia de Puerto Rico. Igualmente, desarrollaría una campaña en oposición al servicio militar obligatorio impuesto a los puertorriqueños dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Fue durante este período que el Gobierno de Estados Unidos desarrolló una estrategia dirigida a debilitar el apoyo a la independencia en Puerto Rico.  En un primer momento hicieron acercamientos con Albizu, a través de un enviado del Departamento de Estado de origen puertorriqueño, ofreciéndole a éste su libertad y el respaldo al Partido Nacionalista como fuerza política electoral dirigente bajo una autonomía tan amplia que sería equivalente "a una independencia sin bandera."  A cambio de esto, el Partido Nacionalista presentaría su renuncia al reclamo de la independencia y podría fin a su enfrentamiento al poder imperialista de Estados Unidos en Puerto Rico.

El rechazo de Albizu a tal pretensión colocó en la agenda de los Estados Unidos a Muñoz Marín y su Partido Popular Democrático fundado en 1938 el cual, en su origen, agrupaba tanto a independentistas como autonomistas. Fue a través del PPD y dentro del marco de una estrategia timoneada por la Inteligencia Naval de la Marina de Guerra estadounidense como se desarrollaría el movimiento político de Estados Unidos para legitimar un nuevo modelo de estatus colonial en Puerto Rico.

Extinguida su condena, Albizu regresa a Puerto Rico el 15 de diciembre de 1947 para darse a la tarea conspirativa iniciada diez años antes. Su llegada a Puerto Rico, sin embargo, se produce dentro de un contexto diferente: ya el imperialismo había echado a caminar sus planes con su nueva carta, Muñoz Marín; existía un nuevo orden mundial producto de los cambios en la correlación de fuerzas surgida entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el periodo de posguerra; el desarrollo de las luchas descolonizadoras en Asia y Africa; y finalmente, el avance de nuevos movimientos sociales en América Latina.

La aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos en el año 1950 de la Ley 600 y sus implicaciones le plantearon al nacionalismo la necesidad de incrementar sus esfuerzos si era que pretendía abortar dicho proceso.  La constante persecución y hostigamiento de parte del Gobierno sobre los nacionalistas cerraba aún más el cerco sobre éstos teniendo como resultado que se precipitaran los planes organizativos que venían desarrollándose para una insurrección en el año 1952 previo a las elecciones.

Es dentro del desarrollo de los planes insurreccionales que venían llevándose a cabo que se incorpora al arsenal teórico de la lucha de liberación nacional puertorriqueña llevar las acciones de guerra a la retaguardia del enemigo.  Con el propósito de captar la atención internacional de la comunidad mundial hacia el caso de Puerto Rico y con el propósito de evidenciar el hecho de que no se trataba de una lucha entre puertorriqueños, a la par que se desarrolla el levantamiento de octubre de 1950 en Puerto Rico, un 1ro. de noviembre de 1950 un comando nacionalista integrado por Oscar Collazo y Griselio Torresola ataca la Casa Blair, residencia provisional del Presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman.

A partir de esta experiencia insurreccional la represión se volcó contra el Partido Nacionalista nuevamente. Decenas de dirigentes nacionales y locales al igual que múltiples combatientes fueron encarcelados.  Mientras el Partido Popular asumía las riendas de la represión en el país, se avanzaba resueltamente por parte de los Estados Unidos a la creación de lo que vendría a llamarse el "estado libre asociado." Mientras el nacionalismo era estigmatizado y los participantes en la Revolución de 1950 extinguían largas condenas, en silencio, comenzaba a rearticularse el Partido Nacionalista para continuar adelante su proyecto histórico.

Es importante compartir con ustedes una reflexión particular. Para muchos de nosotros partíamos, aún a la altura de los años setenta y ochenta, partíamos del supuesto de que las estructuras organizativas y operativas del Partido Nacionalista luego de 1950, había quedado virtualmente desmanteladas.  Más aún, el Ataque al Congreso en el año 1954 efectuado por el comando nacionalista bajo la dirección de Lolita Lebrón, lo veíamos como una acción desvinculada de los sucesos del año 1950. No veíamos en estas acciones una continuación histórica y orgánica de dichos sucesos.  De ahí que en no pocas ocasiones dentro de los debates teóricos de entonces escucháramos planteamientos dirigidos a caracterizar dicho acto como una acción "espontaneísta", "desvinculado de una lucha de masas", " un acto de terrorismo individual", etc.

El celo y discreción con el cual múltiples compañeros y compañeras nacionalistas resistieron la tentación de entrar en la polémica en torno a dichos sucesos y aportar información distinta encuentra su explicación.

Durante el año 1988 me tocó el honor como abogado de llevar un recurso legal ante el Tribunal de Primera Instancia en Puerto Rico a nombre del historiador Pedro Aponte y de la heroína nacionalista, aún viva hoy a sus 102 años, Doña Isabel Rosado. Mediante este recurso legal requerimos del Gobierno de Puerto Rico, en particular su Departamento de Justicia y la Administración de Corrección, la entrega de toda la documentación en su poder incautada o generada como consecuencia de los procesos judiciales llevados a cabo contra el Partido Nacionalista y sus dirigentes y su entrega al Archivo Histórico de Puerto Rico. Para nosotros era una manera de rescatar parte de una historia escamoteada a las generaciones actuales como parte de la conspiración del silencio que pretende despojarnos de nuestro pasado de lucha. Habiéndose dictado Sentencia por el Tribunal en favor del pedimento de los demandantes, decenas de cajas conteniendo evidencia y documentación relacionada con las incautaciones y procesos judiciales fueron entregados al Archivo Histórico. Entre los cientos o miles de documentos entregados se tuvo acceso a dos importantes documentos de un total de tres que fueron generados, donde se recogen los resúmenes de  los testimonios prestados a la Policía de Puerto Rico por el traidor Gonzalo Lebrón Sotomayor, hermano de Lolita Lebrón, quien fuera el Delegado del Partido Nacionalista en la ciudad de Chicago y parte de la estructura conspirativa dirigida por el liderato nacionalista que no se encontraba encarcelado y bajo cuya responsabilidad se encontraba la organización de un segundo levantamiento insurreccional nacionalista programado para ser llevado a cabo en 1952 en Puerto Rico y más adelante modificado por la realización de acciones político-militares contra objetivos dentro de Estados Unidos.

Fue gracias a la férrea disciplina de la militancia nacionalista como pudimos percatarnos de la manera en que el nacionalismo supo proteger la identidad de múltiples combatientes a los cuales el enemigo no logró tener acceso gracias a su silencio. Más aún fue tal discreción el elemento garantizador de la continuidad del trabajo conspirativo y clandestino en aquel momento. Para aquellos heroes anónimos nuestra más seria excusa y nuestra mayor admiración.

De los dos Informes a los que hemos hecho referencia, redactados durante los días 22 de noviembre de 1954 y 2 de diciembre de 1954 por el entonces Jefe de la Policía Salvador T. Roig y enviados con carácter confidencial a Muñoz Marín basados en el testimonio de este traidor y delator, surgen elementos importantes para comprender el alcance de las acciones del nacionalismo.

Originalmente, desde el año 1949, el liderato nacionalista venía planificando una revolución que se llevaría a cabo en Puerto Rico durante el año 1952, precisamente antes de las elecciones. En la misma se contemplaba la participación de nacionalistas residentes en Estados Unidos en las acciones que se habrían de llevar a cabo en Puerto Rico para lo cual se estructuró un plan de traslado de efectivos y armamento. Indican los informes que los sucesos acaecidos durante los días que precedieron al 30 de octubre de 1950, cuando la Policía intervino con nacionalistas en distintas partes del país y llevó a cabo allanamientos de residencias y locales ocupando armamento y artefactos explosivos, llevaron a la dirección nacionalista a impartir las órdenes de atacar precipitadamente, adelantando la fecha. Surge además de dichos documentos que habiendo sido arrestado el liderato nacionalista y extinguiendo largas sentencias de cárcel algunos de sus miembros, clandestinamente afiliados del Partido Nacionalista que no fungían públicamente como miembros de dicha organización, pero que a su vez mantenían comunicación continua con Albizu, bajo sus instrucciones, procedían a reorganizar las estructuras políticas y militares del Partido Nacionalista, gestionando además recursos económicos y el armamento necesario para llevar adelante los planes de una revolución durante el año 1952.  Dentro de dichos planes las Juntas Nacionalistas de Nueva York y Chicago jugaban un papel importante procurando la adquisición de armas de fuego, fondos económicos, realizando trabajo internacional en la ONU, preparando combatientes para participar en las acciones que habrían de llevarse a cabo en Puerto Rico, elaborando planes de acción concretos para el desarrollo de acciones armadas contra centros de poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico tales como el Pentágono, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Casa Blanca y otras acciones análogas.  Se informa además en dichos documentos de la existencia de un Jefe Militar, que afortunadamente no logra identificarse por el delator, bajo cuya responsabilidad estaba el desarrollo de los planes insurreccionales en Puerto Rico. Los informes revelan también cómo se analizaron algunos de los errores cometidos durante el levantamiento de 1950 por los nacionalistas, así como las expectativas de la incorporación de un nutrido número de nacionalistas militantes del Partido Independentista Puertorriqueño, así como detalles específicos del plan de insurreccional a llevarse a cabo.

Dentro de los objetivos insurreccionales que fueron analizados en el contexto de la nueva insurrección, se encontraban los siguientes: (a) iniciar acciones de distracción pegándole fuego a los cañaverales y estaciones de gasolina cercanos a las entradas y salidas de los pueblos donde se atacaría en los días previos al levantamiento para atraer allí las labores de los bomberos y policías; (b) la toma de rehenes entre funcionarios claves del Gobierno; (c ) un plan de repliegue hacia las áreas montañosas en caso de una contraofensiva del gobierno para desde allí continuar desarrollando la lucha armada; (d) el trabajo de coordinación con las repúblicas latinoamericanas amigas de la independencia de Puerto Rico para obtener el reconocimiento de los insurgentes; (e) la realización de juicios por traición a los principales implicados en la represión al nacionalismo que incluían el ajusticiamiento; (f) el ataque a las bases militares de Estados Unidos en Puerto Rico; (g) el ataque al Presidio y otras cárceles donde hubiera nacionalistas encarcelados; (h) el ataque a instalaciones donde pudieran recuperarse armamento; (i) la sincronización de la hora de ataque adecuada a los cuarteles policíacos; (j) la adquisición de medios logísticos tales como armamento, explosivos, radio-comunicadores, etc.

Surge de tales informes que si bien la insurrección no se llevó a cabo en el año 1952, durante el año siguiente se le dio seguimiento a dichos planes. La variante examinada fue la de  prestarle un mayor énfasis al desarrollo de "un plan de ataque a posiciones importantes en Estados Unidos."  Para entonces Albizu que se encontraba muy afectado de salud como consecuencia de la exposición a la radiación a cual se le había sometido mientras permanecía encarcelado. Si este moría en prisión la orden impartida por la Dirección Nacional del Partido Nacionalista era la de llevar a cabo múltiples acciones armadas en represalia contra el Gobierno de Puerto Rico y particularmente dentro de Estados Unidos.

El temor de que Albizu falleciera en prisión junto a la presión internacional ejercida sobre el Gobierno de Estados Unidos llevaron a Muñoz Marín a indultar a Albizu el 30 de septiembre de 1953. Inmediatamente Albizu es excarcelado se pronuncia en el sentido de que "nadie, amparado por la fuerza, pueda impedir el ejercicio de soberanía y libre determinación de un pueblo, porque ello sería una burla a la historia."

En efecto, la burla histórica se encontraba en camino.  El día 27 de noviembre de 1953 el Gobierno de los Estados Unidos consigue de la Asamblea General de la ONU la aprobación de la Resolución 748 (VIII).   Mediante ésta Puerto Rico quedaba excluido del listado de territorios coloniales sobre los cuales las potencias administradoras tenían que rendir cuentas a la Asamblea General.

Ante este cuadro, Albizu modificó los planes originalmente trazados para que desde Estados Unidos la Juntas Nacionalistas enviaran combatientes nacionalistas a Puerto Rico y en su lugar impartió órdenes específicas a las Juntas Nacionalistas de Nueva York y Chicago para que utilizaran los recursos disponibles para llevar a cabo acciones político- militares contra blancos en los Estados Unidos.

De dichos informes surgen elementos que indican que entre la Junta de Nueva York y la de Chicago, principalmente a nivel de su dirección, habían surgido discrepancias.  La primera se manifestaba partidaria de que se acataran las órdenes impartidas y se procedería de conformidad a éstas a desarrollar acciones contra objetivos dentro de Estados Unidos; la segunda, bajo la influencia del delator, objetaba, obstaculizaba y saboteaba dichas órdenes. En octubre de 1953 se transmiten personalmente y por escrito instrucciones a las Junta de Nueva York y Chicago de parte de la Dirección Nacional del Partido Nacionalista. Las mismas consistían en cesar el envío de nacionalistas a Puerto Rico y dar inicio al desarrollo de acciones en Estados Unidos. Las instrucciones fueron claras y tajantes. A partir de estas, sin embargo, el traidor Gonzalo Lebrón Sotomayor se dedicó a descarrilar las órdenes impartidas por Albizu Campos.

Hacia febrero de 1954 Lolita Lebrón, quien según declara su hermano a la Policía de Puerto Rico había sido nombrada Delegada General del Partido Nacionalista en Estados Unidos, viajó desde Nueva York a Chicago, le impartió personalmente las órdenes comunicadas desde Puerto Rico regresando a Nueva York. Según cita el traidor, su hermana le indicó que “las órdenes que tenía del partido eran terminantes.”

Días antes del ataque Rafael Cancel Miranda hizo un recorrido exploratorio del lugar donde unos días más tarde se llevaría a cabo el operativo con el propósito de conocer el terreno, identificar rutas, examinar la localización del lugar desde donde se llevaría a cabo la acción, así como otros pormenores propios de una tarea de esa naturaleza.

El día 1ro. de marzo de 1954, en el mismo lugar donde reside la soberanía de nuestro pueblo en virtud del Tratado de París de 1898, se escucharía la voz indoblegable de nuestro pueblo, expresada a través de la pólvora de la libertad regada por las armas de nuestros patriotas en el Congreso norteamericano.

Si alguna duda teníamos de la importancia y corrección del mensaje llevado en esa ocasión al Congreso, la respuesta a la misma nos la daría uno de los Comités fundamentales creados por la propia Organización de las Naciones Unidas, el Comité de Descolonización, cuando en el año 1978 demandaba del Gobierno de los Estados Unidos la excarcelación incondicional de los presos nacionalistas en cárceles norteamericanas.

La muerte de Lolita el 1 de agosto de 2010, aunque esperada por los que la amamos, no por eso deja de golpearnos en la piel y en el alma. Una de las últimas jornadas en las cuales tuvimos la oportunidad de estar junto a ella, de las tantas en que coincidimos una vez fuera excarcelada, fue en una protesta de trabajadores de acueductos a los cuales desde el año 2004 el Estado, que es su patrono, no solo les despojó de su convenio colectivo, sino que en forma festinada les había despedido sin un proceso justo e imparcial a través del cual pudieran establecer sus defensas contra sus despidos ilegales. Allí estuvo ella junto a estos trabajadores mientras pernoctaron durante varias semanas frente a las puertas del Departamento del Trabajo reclamando justicia. Lo hizo, como lo hizo antes en Vieques junto al pueblo en la lucha contra los bombardeos en los polígonos de tiro utilizados por la Marina de Guerra de Estados Unidos en la Isla Nena; lo hizo como lo hizo antes cuando enfrentó una comisión congresional y senatorial de Estados Unidos que vino a Puerto Rico a escuchar los planteamientos del pueblo en torno a nuestro estatus político colonial y uno de los procónsules yanquis pretendió limitarle o suprimirle el derecho a expresarse libremente en su propio país. En aquella ocasión, recordamos, con firmeza Lolita le replicó que en su patria ningún funcionario federal podía abrogarse el derecho a mandar a silenciar su voz.

Así también Lolita se comportó durante las jornadas de oposición al establecimiento en Puerto Rico de las antenas transmisión de la Voz de América; o sencillamente, en múltiples expresiones de solidaridad y lucha política, social y comunitaria. Quizás por eso el cantautor puertorriqueño Noel Hernández, ya desde aquellos años de prisión en cárceles federales, lanzaba en su canción el grito inspirador de “Lolita Lebrón nuestra madre, Don Pedro nuestro Maestro.”

El ejemplo que nos legara Lolita sigue siendo hoy, como fue ayer y continuará siendo mañana, el rocío refrescante que en la bruma mañanera nos da el aliento necesario para continuar la lucha libertaria y emancipadora del pueblo puertorriqueño.

Muchas gracias.

(Rev. 13 de septiembre de 2010)