El pasado 28 de abril de 2019 se efectuaron en España las elecciones generales. En ellas, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo la elección de 123 diputados, mientras el Partido Popular obtuvo 66 diputados, Ciudadanos obtuvo 57 diputados; la agrupación Vox obtuvo 24 diputados, Unidas Podemos 42 diputados, Esquerra Republicana 15 y otras agrupaciones obtuvieron diputados en un número inferior a una decena cada una. Durante meses, a la luz de las características que asume el proceso electoral español, se hicieron esfuerzos por los dos partidos mayoritarios para, mediante alianzas, lograr formar un gobierno representativo de la mayoría de las Cortes españolas, las cuales se integran por 350 diputados.

Producto de no lograrse formar gobierno, al vencer el plazo para lograrlo, el Rey Felipe VI disolvió el gobierno y ordenó la celebración de nuevas elecciones las cuales se llevaron a cabo el pasado 10 de noviembre de 2019 donde participaron el 69.87% de los electores españoles, un total de 24, 365,851 votantes. En ellas hubo ciertas variaciones en la cantidad de diputados electos por las distintas agrupaciones donde mientras el PSOE obtuvo 120 diputados, en este evento perdió 3; en el caso del Partido Popular, obtuvo 88 diputados, ganando 22 escaños; en el caso de Vox, obtuvo 52 diputados, ganando 28; Unidas Podemos obtuvo 35 diputados, perdiendo 7; Esquerra Republicana obtuvo 13 diputados, perdiendo 11; Ciudadanos obtuvo 10 perdiendo 47; mientras al igual que en las elecciones de abril, hubo varias agrupaciones políticas que obtuvieron un número inferior de 10 diputados en cada caso.

De acuerdo con el Artículo 101 de la Constitución española, ante la realidad de no haber un gobierno que cuente con la mayoría absoluta de sus diputados, es decir, al menos 176 diputados como organización o mediante una coalición de organizaciones, “el gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno.” Bajo esta premisa, el gobierno del PSOE continuaba al frente como gobierno en funciones en España. Mediante la Ley Núm. 50-1997, se dispone que, salvo situaciones de emergencia, el gobierno en funciones se limitará a atender sólo asuntos públicos ordinarios.

Luis Aguiar, Profesor Adjunto de Derecho Político de la Universidad Complutense, en su ensayo titulado La estructura del proceso de formación del gobierno, el caso español en el marco del derecho comparado (1980), aporta unos elementos importantes que nos deben servir de referente a la hora de conceptualizar, para aquellos que no participamos de un sistema de gobierno tipo parlamentario, sino más bien tipo presidencial, el proceso que vivieron en los pasados meses los españoles. Si bien a primera vista la percepción que tenemos es que el proceso es uno dirigido meramente a establecer cuantitativamente el número de escaños, para obteniendo una mayoría formar gobierno, el proceso es realmente es más complejo.

Indica Aguiar que “la existencia de un gobierno cesante se produce, según el artículo 101, por la convocatoria a elecciones generales, la pérdida de la confianza parlamentaria o la dimisión o fallecimiento del presidente de gobierno.” Señala que en tales casos, corresponde al rey iniciar formalmente un procedimiento, “que se traducirá en la apertura de un período de consultas; si la existencia de un gobierno cesante es debido a la celebración de elecciones generales, tales consultas se llevarán a cabo tras la renovación del Congreso, y en los demás supuestos, tras aceptar el rey la dimisión.” Señala que la intervención del rey en las primeras etapas del proceso no puede ser “interpretada como una intervención personal y discrecional, sino limitada por el fin de lograr, esto es, encontrar el candidato que arrastre tras de sí la confianza de una mayoría parlamentaria.” En el proceso de consultas, si bien no será necesario la elaboración de un nuevo programa de gobierno, supone para quien pretenda dirigir la formación de un nuevo gobierno, “una declaración de intenciones, cuyo contenido y valor esté supeditado a su posición parlamentaria”.

Culminado el proceso para la selección del presidente del gobierno, corresponderá entonces otro proceso que no está desvinculado del primero, que es el de escoger las demás carteras ministeriales. En el proceso, si bien el rey no decide quiénes serán los ministros, sus sugerencias o recomendaciones pueden ser tomadas en consideración a manera de “consejo”. Indica Aguiar en su ensayo, al citar a M. Satrústegui en su escrito Ante la formación del próximo gobierno (1979), que si bien las sugerencias del rey pueden ejercer “una influencia no desdeñable en la formación del equipo ministerial”, pudiendo incluso por consideraciones jurídicas bloquear o descarrilar un nombramiento, tal intervención por parte del rey “no puede en ningún caso interpretarse” como un poder de veto por parte del monarca.

A partir de estas coordenadas Pedro Sánchez, dirigente máximo del Partido Socialista Obrero Español se dio a la tarea de buscar alianzas y compromisos en un esfuerzo por formar un gobierno donde la derecha no regresara al control del parlamento español. Luego de múltiples consultas y negociaciones, Sánchez logró sumar a su favor el voto de Unidas Podemos, con sus diputados electos totalizando entre estas dos formaciones un total de 155 diputados, que si bien no forman entre ellas dos el control absoluto del parlamento, lograron conformar un gobierno de minoría donde por ejemplo, el Partido Popular a pesar de sus 88 diputados, Vox con sus 52 diputados y Ciudadanos con sus 10 diputados, que conforman un bloque de 150 diputados, no lograron superar el bloque de PSOE y UP, ni lograron que otras agrupaciones se sumaran a ellos para construir una mayoría superior que impidiera al binomio PSOE-UP formar gobierno. En el proceso Esquerra Republicana no se sumó al bloque PSOE-UP a pesar de ser una organización de izquierda, optando por una vía independiente y no comprometida con el programa que lleve a cabo el actual gobierno. De haberlo hecho, el Bloque encabezado por Sánchez hubiera llegado a 168 diputados.

Entre los anuncios hechos por Sánchez como presidente ejecutivo, se delegó en María Jesús Montero la posición de portavoz del bloque de gobierno y el Ministerio de Finanzas; a Carmen Calvo la Vice presidencia y el Ministerio de Competencias Políticas; a Nadia Calvino, proveniente de Unidas Podemos, la Vicepresidencia y el Ministerio de Economía; a Pablo Iglesias, líder de UP la Vicepresidencia y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; y a Teresa Ribera, la Vicepresidencia y el Ministerio de Transición Ecológica y Cambio Climático. En el caso de UP, a las dos vicepresidencias mencionadas, se suma la participación de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad; Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo y Manuel Castells, Ministro de Universidades.

A nuestro entender, visto desde la distancia que impone una búsqueda de entendimiento sobre un desarrollo político dentro de un sistema tan de gobierno tan distinto como el del Estado español y Puerto Rico, nos parece que hay al menos tres áreas de posible confrontación política dentro del propio bloque PSOE-UP que pudiera llevar a la ruptura entre ambas fuerzas políticas. El primero sería la postura de UP, ahora como parte del gobierno, con los compromisos que hasta el presente ha asumido España con la OTAN, principalmente con Estados Unidos y sus intervenciones militares en Asia Central y Medio Oriente, así como su posicionamiento frente a la Federación Rusa en dichas regiones. En segundo lugar, la eventual dependencia o independencia de los ministerios que asumen directivos y dirigentes de UP en las carteras de gobierno que les han dio asignadas, frente a las políticas de choque y medidas de carácter neoliberal que han sido impulsadas al interior del Estado español. Finalmente, pero no por ello menos importante, el curso futuro a seguir, precisamente del Estado español ante los reclamos independentistas o de ampliación de las actuales competencias que ejerce el gobierno de Catalunya, que incluyen el reclamo un cambio radical a la actual relación política entre ambas partes.

Ciertamente, luego de ocho meses en funciones de parte de Pedro Sánchez y el PSOE, por primera vez desde la aprobación de la Constitución de 1978 una coalición minoritaria, asume las riendas del gobierno español. Veremos cuánto tiempo sobrevive este gobierno.

Mientras lo anterior ocurre en España, en la Federación Rusa, cuyo gobierno está formado por el presidente del gobierno, también llamado Primer Ministro y nombrado por el presidente del país, más los vicepresidentes y los ministros federales nombrados por el presidente de la Federación Rusa a propuesta del presidente del gobierno, tanto el presidente del gobierno, Dimitri Medvedev como el resto de los funcionarios de su gabinete han anunciado su renuncia. Motiva la misma el anuncio hecho por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, de promover cambios a la Constitución de la Federación dirigidos a modificar la estructura del poder político. Medvedev ocupaba su cargo como primer ministro desde 2012. Antes, había ocupado por un término la presidencia de la Federación Rusa, posición a la que accedió luego de Putin haber ocupado la presidencia por dos términos consecutivos. El actual término de Putin en la presidencia vence en 2024.

En su discurso anual sobre el estado del país ante las dos cámaras legislativas, Putin señaló su intención de proponer tales cambios. De acuerdo con Medvedev, se trata no solo “cambios significativos…en varios artículos de la Constitución, sino también en el equilibrio del poder, Ejecutivo, Legislativo y autoridades judiciales”. Señaló que con su renuncia, persigue “brindarle al presidente de nuestro país la oportunidad de tomar todas las decisiones necesarias” en el marco del orden constitucional.

De acuerdo con Putin, su interés es que Medvedev se haga cargo de la Vicepresidencia del Consejo de Seguridad del cual Putin es presidente. Este Consejo es un órgano consultivo que tiene como tarea orientar al presidente del país en torno a las estrategias de desarrollo y aspectos de seguridad nacional. En sustitución de Medvedev como primer ministro, fue designado Mijaíl Mishustin, quien hasta entonces se desempeñaba como Ministro del Servicio Federal de Impuestos.

Mientras algunos señalan que con esta decisión Putin persigue atrincherarse en el poder, lo cierto es que en los cambios que propone a la Constitución se encuentran dotar al poder legislativo con mayores competencias y limitar a sólo dos mandatos los términos a los que puede estar el Jefe de Estado. Bajo la propuesta de cambios que impulsa Putin, correspondería al poder legislativo y no a la presidencia de la Federación, la designación del primer ministro y del resto de los miembros del gabinete, sin que el presidente tenga poder de veto sobre tales funcionarios.

Lo cierto es que hasta el presente, en el proceso que ha vivido la Federación Rusa en los pasados años, donde ha vuelto a jugar un papel fundamental en el contrabalanceo de poderes a escala global, el binomio Putin-Medvedev ha sido decisivo en la vida del pueblo ruso y sus instituciones. Hoy, se dice, Rusia se ha levantado asumiendo cada día un rol más decisivo en las decisiones que a escala mundial se toman. Aquel vacío creado con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los planos políticos, diplomáticos y militares han comenzado a llenarse. Falta, claro está, la búsqueda de la reconstrucción de aquel espíritu y aquella mística que fue capaz de impulsar no solo el triunfo de la primera revolución socialista victoriosa, sino el peso histórico en la derrota del fascismo durante los duros años de la Segunda Guerra Mundial.