Históricamente hablando, mediante la Resolución 181 (II), aprobada el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se expresó en torno al tema del “Futuro Gobierno de Palestina”. Para viabilizar el proceso de partición del territorio palestino, con antelación a esta fecha, la ONU había creado el “Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina (CENUP)”. Componían el Comité Especial representantes de once países, excluyendo las grandes potencias que resultaron victoriosas en la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento la ONU, distinto ahora que la integran más de 192 países, se encontraba conformada por 57 países. La referida Resolución 181 (II) fue aprobada con 33 votos a favor, 13 votos en contra y 10 abstenciones.

Esta Resolución no dispuso expresamente la manera en que se llevaría a cabo la creación de los dos Estados en el territorio de Palestina el cual se encontraba bajo el mandato internacional establecido por la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial al Reino Unido de la Gran Bretaña. No obstante, la Asamblea General de la ONU había solicitado del Comité Especial se investigara “todas las cuestiones y asuntos pertinentes al problema de Palestina” y que formulara “propuestas para la solución del problema.” A tales efectos el Comité Especial elaboró el “Plan de Partición con Unión Económica” del territorio palestino al que se hacía referencia en la Resolución 181 (II), que además recomienda en su texto que el Reino Unido de la Gran Bretaña, como “Potencia Mandataria de Palestina; y al resto de la comunidad internacional “la aprobación y aplicación respecto del futuro gobierno de Palestina.”

El Plan se dividía en cuatro temas: (a) la Constitución y Gobierno futuro de Palestina, el cual estipulaba la terminación del Mandato del Reino Unido sobre el territorio, la partición de éste mediante la creación de un Estado árabe, un Estado judío y el Régimen Internacional de Administración para la ciudad de Jerusalén y la independencia de cada Estado; (b) fronteras del Estado árabe, fronteras del Estado judío y división territorial de la ciudad de Jerusalén; (c) el régimen de Administración para la ciudad de Jerusalén y (d) un apartado final titulado “Capitulaciones”, relacionado con los privilegios e inmunidades previamente concedidos a los extranjeros en el territorio.

El 15 de mayo de 1948 el Reino Unido de la Gran Bretaña renunció oficialmente su Mandato en Palestina. El día anterior, 14 de mayo, había sido proclamada unilateralmente la independencia de Israel y en consecuencia, la creación de un nuevo Estado político. Mediante la Resolución 271 (III) del año siguiente, Israel fue admitido como nuevo Estado miembro en el seno de las Naciones Unidas. Al momento de la terminación del Mandato británico la población judía en Palestina apenas ascendía al 8% de la población del territorio. Al momento de la fundación del Estado de Israel, si embargo, las Naciones Unidas le reconoció a Israel el control del 54% del territorio a pesar de contar con una población inferior a la población árabe palestina.

Durante la pasada semana fue anunciado en conferencia de prensa por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, la propuesta elaborada por ambos gobiernos para una nueva partición del territorio entre Israel y Palestina. El acuerdo anunciado, del cual una de las partes concernida, Palestina, no tuvo participación alguna, fue denominado el “Acuerdo del Siglo”. Con él se propone que donde previamente a 1947 se localizaba bajo el mandato británico Palestina, es establezcan nuevas fronteras para dos Estados, uno de los cuales, Israel, controlaría el 85% de la superficie del territorio y un segundo Estado, con demarcaciones discontinuas, en el cual los palestinos ocuparían el 15% del territorio.

El propuesto Plan fue elaborado por Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y uno se sus asesores en Casa Blanca, junto al embajador estadounidense en Israel, David Friedman y el Enviado Especial de Casa Blanca a Israel, Jason Greenblatt.

Para el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, se trata de la “Bofetada del Siglo”. A su rechazo al mismo, también se han sumado otras entidades palestinas, incluyendo a Hamas, que gobierna en el territorio conocido como la Franja de Gaza. A tales efectos, el Primer Ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohammad Shtayyeh, expresó lo siguiente:

“Este plan, que no proporciona el territorio ocupado a su pueblo, ni reconoce las fronteras de 1967, ni reconoce que Jerusalén es un territorio ocupado como capital por Israel, y cuyos creadores lanzan una guerra financiera contra nosotros en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo, y cierra la oficina de Palestina en Washington, y deja sin recursos financieros a la Autoridad Palestina, no es más que un plan para liquidar el problema palestino y lo rechazamos”.

La propuesta presentada por Estados Unidos e Israel lleva cuajándose cerca de dos años. En la misma países árabes aliados de Estados Unidos en la región han hecho presión para que los palestinos acuerden el mismo. Contrario a lo que es la posición de las Naciones Unidas, la cual sólo reconoce como fronteras entre Israel y Palestina aquellas demarcadas con anterioridad a la Guerra de los Seis Días desarrollada en 1967, la nueva propuesta modifica tales fronteras anexando formalmente la zona ocupada por Israel a Siria en las Alturas del Golán, la anexión de parte de Cisjordania; declara a Jerusalén como “capital indivisible” o “íntegra” del Estado de Israel y permite a Israel ocupar zonas al oeste del Río Jordán, las cuales Israel considera esenciales para su seguridad nacional y que hoy son una zona de exclusión, la cual representa el 30% del territorio de Cisjordania. En el caso del Estado Palestino, indica el Plan, la capital sería “en la sección de Jerusalén Oriental localizada en áreas al Este y al Norte de la actual barrera de seguridad, incluyendo Kafr Aqab, la parte oriental de Shafat y Abu Dis, y que podría llamare Al Quds u otro nombre determinado por el Estado de Palestina”, que son barrios ocupados por palestinos en las afueras de la ciudad.

En materia de cartografía, el modelo propuesto de un Estado palestino discontinuo, se estarían uniendo mediante un túnel a ser construido, las porciones palestinas en Cisjordania con la Franja de Gaza.

La propuesta incluye el establecimiento de dos zonas, localizadas también de forma discontinuas en la Península de Sinaí, la cual pertenece a Egipto, donde se establecería un polo de desarrollo industrial y otro agrícola. Sobre el particular, a pesar de que Egipto ha expresado en el pasado su rechazo a la cesión de territorios en el Sinaí, junto a Arabia Saudita hizo el llamado a los palestinos a considerar la propuesta hecha en el Plan. Otros países como el Reino Unido de la Gran Bretaña y España han reaccionado con cautela a la propuesta del Plan sin aprobarlo ni rechazarlo. Sin embargo países como la República Islámica de Irán, Turquía, la República Bolivariana de Venezuela y Siria, en lo inmediato, han expresado su rechazo.

En cuanto a cómo quedaría la distribución del territorio entre los dos Estados, con la anuencia de Israel, se ha dibujado un mapa que evidencia las condiciones en las cuales quedaría demarcado el futuro Estado palestino. Destaca en el mismo, además de la condición discontinua del territorio, ampliamente fragmentado, que se validan los asentamientos israelíes en territorio palestino que serían anexados a Israel, los cuales pasarían a quedar conectados con Israel a través de corredores que parten de su demarcación territorial. A cambio de ello, Israel se comprometería a no llevar a cabo demoliciones de las llamadas “construcciones ilegales”, ni de aquellas que se alegue representan un “riesgo a su seguridad”, con excepción de aquellas que Israel determine en forma unilateral, son necesarias demolerlas como castigo por acciones que también Israel identifique y defina como “terroristas”.

Sobre este particular, en el caso de la Franja de Gaza, donde está al frente en gobernanza Hamás, a la que Israel considera “organización terrorista”, la soberanía sobre su litoral costero permanecería en manos de Israel, a la vez que condena la Franja a que no haya “mejoras significativas” si no se logra la desmilitarización total y absoluta y un gobierno con garantías para la comunidad internacional.

En materia de seguridad, el Estado de Israel mantendría predominantemente la “responsabilidad” en el territorio que pasaría a conformar el Estado de Palestina en materia de seguridad interna, lucha antiterrorista, seguridad fronteriza, control del espacio aéreo y respuesta ante desastres. También les estaría vedado al nuevo Estado palestino llevar a cabo acuerdos de naturaleza militar, en materia de inteligencia o seguridad con otros Estados u organizaciones, si a juicio de Israel representa un efecto adverso en su seguridad. El acuerdo impide, además, que Palestina desarrolle capacidades militares que puedan “amenazar” a Israel, dándole a este último el derecho a destruir o desmantelar instalaciones construidas con tal propósito.

Bajo el Plan, las autoridades palestinas tendrían que retirar todas las demandas presentadas contra Israel, los Estados Unidos o contra ciudadanos de estos países ante organismos judiciales internacionales, ni podrían unirse a otras organizaciones internacionales sin el consentimiento de Israel.

A cambio de que se decrete un alto al fuego contra Israel, la modificación de sus estructuras de gobierno actuales palestinos y la desmilitarización de la Franja de Gaza, el gobierno de Estados Unidos se compromete a una inversión de $50 mil millones, a duplicar el PIB de Palestina y crear un millón de empleos.

A pesar de lo que establece la Resolución 194 (III) de la ONU de 11 de diciembre de 1948 en su apartado 11, donde se crea una “Comisión de Conciliación” y se estipulaba el derecho de los refugiados palestinos “a regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos” y a que se paguen “indemnizaciones a título de compensación … por todo bien perdido o dañado”, el Plan indica que “no habrá retorno o absorción de ningún refugiado palestino en Israel. Para ellos la opciones serían ser acogidos por el nuevo Estado palestino, su integración a los países que le han dado acogida o su reasentamiento en países miembros de la Organización de Cooperación Islámica que les acepten.

Como puede notarse, este “Plan del Siglo” no es otra cosa que pretender imponer al pueblo palestino mayores exigencias en cuanto a la entrega de su patria a cambios de meras migajas económicas donde la pérdida definitiva de su derecho a la libre determinación, soberanía sobre su propio ser y su propio territorio desaparecería del todo. Para el pueblo palestino se trata de una nueva e inaceptable afrenta. Quienes somos solidarios con el pueblo palestino y su heroica lucha por ejercer su derecho a existir como nacionalidad, a conformar su Estado nacional y su derecho al rescate de su soberanía nacional, debemos sumar nuestras voces de rechazo a este Plan y reafirmar el derecho del pueblo palestino a constituir, dentro de las fronteras existentes en 1967, su único y legítimo Estado nacional.