Al solicitar la intervención de la Policía de Puerto Rico para que se abran los portones del Recinto de Río Piedras, la Presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dra. Nivia Fernández Hernández, ha cometido un acto de insensatez inadmisible, que pone en riesgo la seguridad y la vida de miles de estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad.

Su desatinada petición es peor aún, justo cuando se anuncian importantes avances en la negociación que realizan diversos sectores de la comunidad universitaria, para reanudar las clases.

Ese comportamiento tan desacertado descalifica a la Dra. Fernández Hernández como pretendida candidata a ocupar dicho puesto en propiedad. Es, asimismo, un patético acto de cobardía, ante la amenaza de la corte de meterla presa si no reabre el recinto. Con esa petición desgraciada, la Dra. Fernández se ha convertido promotora de la violencia del Estado contra nuestro principal centro docente. Ello la hace responsable de lo que pueda suceder en el recinto de Rio Piedras de la UPR, luego de pedir la intervención de la policía.

Hay otras formas de resolver los conflictos. Los negociadores lo están demostrando. Claro que todos queremos que se reanuden las clases; pero de una manera digna y respetuosa de los reclamos justos de la comunidad universitaria. No a la trágala.

Es nefasto el historial de las intervenciones policiacas en la Universidad.

Durante la huelga universitaria de 2010, la administración Fortuño-PNP lanzó a la Fuerza de Choque contra la UPR, provocando el caos y el desasosiego.

El 11 de marzo de 1971 el entonces rector Pedro José Rivera abrió los portones a la Policía. Hubo tres muertos y decenas de heridos.

El 4 de marzo de 1970 el entonces presidente de la UPR, Jaime Benítez, invitó a la policía a penetrar el Recinto. Fue asesinada la estudiante Antonia Martínez Lagares.

No tenemos porqué repetir experiencias indeseables que solo conducen al agravamiento de la situación vigente. No hay por qué echarle más leña al fuego.  

Si la Superintendente de la Policía, Michelle Hernández, rechazó la solicitud hecha por la Dra. Fernández, fue siguiendo órdenes de La Fortaleza. Ganas no le faltan al gobierno PNP-Rosselló de caerle a macanazos a los huelguistas de la UPR, que se han convertido en la punta de lanza de la lucha contra los desmanes que la Junta de Control Fiscal se trae entre manos. Pero ellos saben el desmadre que se formaría en la UPR y en el País. No quieren mover un dedo, al menos hasta el 11 de junio, fecha de la farsa plebiscitaria en la que los anexionistas participan solos.

Es el abusivo recorte de casi 500 millones de dólares a la UPR anunciado por la Junta, lo que llevaría al cierre permanente de recintos, a disminuir la oferta académica, a eliminar servicios que ofrece la Universidad al País y a destruir esta querida institución.

En todo caso es contra la Junta, no contra los estudiantes, que habría que pedir la intervención policiaca.

(El Nuevo Día / 19 de mayo, 2017)