La renuncia de la expresidenta de la UPR, Dra. Nivia Fernández y de tres miembros de la Junta de Gobierno, incluyendo su presidente, Carlos Pérez Díaz y al vicepresidente, Carlos H. Del Río, ha dejado acéfala a la administración de la Universidad. Raudo y veloz, el gobernador Rosselló nombró a dos de los suyos para plantar bandera antes de tomar control absoluto—como sucederá dentro de poco-- de la Junta y de la Universidad. La Dra. Fernández se salvó de ir a la cárcel. La huelga continúa. Reuniones y asambleas vienen en camino. Habrá que ver qué sucede.

Pero, cuidado. No nos confundamos.

Todo cuanto ha acontecido en la Universidad de Puerto Rico durante los pasados dos meses no es causa sino consecuencia.

Nadie en la Universidad tenía la intención de interrumpir el semestre académico, ni de organizar paros o convocar a huelgas. Nadie anticipaba renuncias fulminantes de funcionarios. En todo caso, comenzamos nuestra labor en enero con la lógica inquietud de un cambio de administración en el gobierno colonial y ya entonces, con la preocupación de lo que nos traería la imposición de una Junta de Control Fiscal imperial.

¿Quién es el verdadero responsable del creciente desasosiego que han enfrentado la Universidad y el País durante los pasados meses? No son los estudiantes universitarios ni sus profesores, no son los sindicatos ni las organizaciones de la sociedad civil.

Es la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos para llevarse hasta los clavos de la cruz y satisfacer la avaricia de Wall Street, los bonistas y los fondos buitre.

Fue la Junta de Control Fiscal la que anunció, sin inmutarse, que le quitarían quinientos millones de dólares ($500,000,000) a la Universidad de Puerto Rico; a sabiendas de que ello implicaría el virtual desmantelamiento de la UPR, la eliminación de cursos e investigaciones, la inminente privatización de recintos, el alza dramática en el costo de la matrícula, la virtual descomposición de nuestro principal centro docente. No fueron los estudiantes, ni los profesores, ni los trabajadores no docentes, que siempre han dado cara por su institución. Fue la Junta.

La renunciante expresidenta interina Dra. Nivia Fernández y los también renunciantes miembros de la Junta de Síndicos, terminan siendo chivos expiatorios que amenazan con lanzar una cortina de humo que encubra el problema verdadero.

Cuidado.

A la presidenta interina le sustituirá uno de los incondicionales que impongan Rosselló y el PNP. Y a los tres renunciantes de la Junta de Gobierno también. Y asimismo, las vacantes que hay en la Junta serán cubiertas por penepés bonafide. Todo esta fríamente calculado. Así es la cosa: la Junta de Gobierno es un fotuto del partido-gobierno, y el presidente es un sello de goma de la Junta. Así está  “consagrado” en la ley de 1966.  El resto, es decir, profesores, estudiantes, trabajadores—la gran mayoría—no cuentan “ni pa’ pul ni pa’ banca”. Así es la democracia en la UPR.

El Gobernador, que se llena la boca hablando de autonomía universitaria, sabe bien que ello es una ficción. Que la Ley de la Universidad es la estaca donde amarran la antidemocracia. Que la UPR  es botín de guerra de quien controla Fortaleza. Ya se aprestan a apoderarse de ella, en dócil e indeseable complicidad con la Junta.

¡Y todavía se pretende que quienes constituimos la verdadera Universidad nos quedemos cruzados de brazos!

(El Nuevo Día, 23 de mayo de 2017)