Columnas

21 de enero de de 2022

En días recientes, el periódico digital argentino La Nación, publica un artículo bajo el el título Malvinas: cuatro expresidentes españoles exhortaron a Reino Unido a que dialogue con la Argentina. Indica la noticia que Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, dos expresidentes de gobierno bajo el Partido Socialdemócrata Obrero Español (PSOE) y dos expresidentes de gobierno bajo el Partido Popular (PP) “emitieron un comunicado en el que señalan la importancia de que se reactive el diálogo entre el gobierno británico y el argentino para solucionar la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.” Indican los exfuncionarios del gobierno español que reafirman la necesidad, a la mayor brevedad, de que ambos gobierno reinicien las negociaciones “tendientes a encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espaciones marítimos colindantes.

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14 de enero de 2022

La República de Kazajistán se encuentra localizada en Asia Central. Tiene una superficie de 2,724,900 kilómetros cuadrados, lo que equivale a ser el noveno país más grande en el mundo. Representa básicamente el tamaño de Europa Occidental. El país es aproximadamente a 299.30 veces el tamaño de Puerto Rico. Colinda por el norte y una porción del oeste con la Federación Rusa; al sur con las repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán; al oeste con el Mar Caspio y La Federación Rusa; y al este, con la República Popular China.

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4 de enero  de 2022

En Puerto Rico, el día 6 de enero se celebra en Puerto Rico como el Día de los Reyes Magos. La celebración forma parte de la tradición que como pueblo latinoamericano y caribeño, nos llega del pasado colonial bajo España. La fecha forma parte del conjunto de festividades de la Navidad, teniendo gran arraigo en nuestro pueblo. Para los Estados Unidos esta fecha, particularmente aquel 6 de enero de 2021, tiene otro significado. Se trata del primer aniversario de la intentona golpista de un presidente que se negó a reconocer su derrota en las elecciones y pretendió imponer su voluntad a través de la convocatoria a sus seguidores para la toma por asalto de la sede del Congreso Federal, el Capitolio de los Estados Unidos.

Aquel 6 de enero de 2021 uno de los grupos partidarios del Donald Trump, bajo la consiga “Save America”, desde los predios cercanos a la Casa Blanca en el parque La Elipse, marcharon a través de la Avenida Pennsylvania hasta el Capitolio de los Estados Unidos. Otros manifestantes lo hicieron desde otras localidades también cercanas al edificio. Al llegar al área del Capitolio, violando los dispositivos de seguridad, interrumpieron una sesión conjunta de la Cámara y el Senado de los Estados Unidos. En ella se discutía el recuento del voto del colegio electoral y la posibilidad de certificar como ganador en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 al candidato demócrata Joe Biden. Frente a los predios del Capitolio, los manifestantes provocaron un enfrentamiento con los guardias de seguridad del complejo. En él, tanto algunos de los manifestantes como guardias de seguridad, hicieron uso de armas de fuego. El resultado fue cinco personas fallecidas y daños estimados en $1.5 millones. En el área fueron encontrados escondidos varios artefactos explosivos.

Enardecidos por la retórica de un presidente saliente, que incluso acusó a su vicepresidente de no haber hecho lo que debía para proteger al país y su constitución rechazando la confirmación de Joseph Biden, los manifestantes cruzaron la línea que separa el derecho a la expresión reconocido por la propia Constitución de los Estados Unidos en su Primera Enmienda, con una conducta sediciosa e insurreccional, definida claramente bajo las propias leyes estadounidenses, de terrorismo interno.

Se indica que las acciones de los manifestantes ese 6 de enero de 2021 fueron el primer asalto al Capitolio estadounidense desde que en 1814 los ingleses, durante la guerra de 1812, quemaran la estructura. Se indica, además, que para algunos observadores aliados de los Estados Unidos e integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), los hechos constituyeron un intento de Golpe de Estado, fraguado por Donald Trump con el posible apoyo de organismos de seguridad de los Estados Unidos.

Desde 3 de noviembre  de 2020, fecha de las  pasadas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, Donald Trump había catalogado de fraudulento el proceso electoral. Cuestionando su resultado,  llamó a sus seguidores a movilizarse y protestar el proceso de recuento de votos del colegio electoral. Días antes de los sucesos circulaban en  las redes sociales diferentes mensajes que apuntaban a la planificación por parte de los defensores del Trump de los actos que más adelante se desatan el día 6 de enero.

Conociendo de antemano la convocatoria a las protestas, la alcaldesa del Distrito de Columbia solicitó el 31 de diciembre la movilización de la Guardia Nacional. Ante su solicitud de 1,100 efectivos, si bien la petición fue aprobada por el Secretario de la Defensa interino, sólo fueron desplegados 340 soldados.

Como resultado de los sucesos desatados en el Capitolio, más de 700 personas fueron acusadas de distintos delitos asociados con la destrucción de propiedad pública, agresión a funcionarios del gobierno y entrada ilegal o no autorizada a áreas restringidas de la estructura.

Uno de los acusados de agredir a guardias de seguridad, lanzando una tabla de madera, rociándolos con un extintor y luego de agotar su contenido lanzándolo contra uno de ellos, fue condenado a 5 años  y tres meses de prisión. En una carta escrita a la jueza que le sentenció, Robert Palmer indicó que se sentía traicionado por Trump y sus aliados. Se quejó de que en un contexto en el que él era severamente castigado, sus líderes no estuvieran también en prisión.

Además de las investigaciones de las llamadas agencias de “ley y orden” de los Estados Unidos por los sucesos del 6 de enero, la Cámara de Representantes lleva también a cabo su propia investigación. Para esto designó un Panel bipartita compuesto por nueve miembros aunque con una clara mayoría demócrata. Si bien la Cámara no tiene facultades para sancionar penalmente a ninguna persona, sí tiene el derecho de iniciar, por conducto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, procesos de desacato contra aquellas personas citadas que se nieguen a declarar. Al presente, tres pasados asesores de Donald Trump, su ex jefe de campaña; su ex jefe de gabinete y el ex ayudante del Fiscal General, han sido encontrados incursos en desacato.

En el proceso investigativo, la Cámara ha entrevistado más de 300 testigos y recogido cerca de 35 mil páginas de documentos. Se espera que en los primeros meses del año 2022 haga público el resultado de la investigación.

Hay quienes temen que los hallazgos y recomendaciones del Panel, por el carácter político del proceso, en el marco de elecciones de medio término puedan favorecer al Partido Republicano. De ocurrir lo anterior, con toda seguridad, su efecto también tendría impacto en las expectativas de Donald Trump de una candidatura a la presidencia de los Estados Unidos  de cara a las elecciones de 2024.

Sin embargo, sobre los sucesos del 6 de enero de 2021, no hay una postura monolítica en la representación republicana en el Congreso. De acuerdo con la congresista republicana por Wyoming, Liz Cheney, vicepresidenta del Panel investigador nombrado por la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, e hija del ex vicepresidente de los Estados Unidos Dick Cheny, “[E]l panorama completo saldrá a la luz, a pesar de las labores actuales del presidente Trump por ocultarlos.”

Kevin MaCarthy, por su parte, líder republicano en el Congreso,  aunque también ha coincidido con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en que Trump, actuando como presidente, “incitó a la insurrección”; en lugar de un proceso de residencia, solicitó que la acción congresional se limitara a la aprobación de un voto de censura.

A Donald Trump le corresponde el deshonor de ser el primer presidente en la historia de los Estados Unidos contra el cual, bajo la Constitución federal, se ha iniciado un segundo proceso de residencia. El primer intento, ocurrió el 10 de diciembre de 2019 con la radicación por parte de Jerry Nalder, presidente del Comité Judicial de Congreso, de cargos donde se le imputó abuso de poder y obstrucción a las labores del Congreso. Se indicó en ellos que Trump había procurado del presidente de Ucrania, Vlodimir Zelenski, información para perjudicar a Hunter Biden, hijo de Joseph Biden, entonces su contendiente a la presidencia de los Estados Unidos.

El proceso de residencia  a Trump se desarrolló a partir de la votación en el Congreso de 232 votos a favor con 196 votos en contra, donde se determinó el comienzo de las vistas para residenciar al presidente a partir del 1 de noviembre de 2019. La solicitud, una vez aprobada por la Cámara, pasó a manos del Senado. Allí, luego de iniciado el proceso de residencia, con 52 a 48 votos en la primera acusación; y de 53 a 47 votos en la segunda acusación, quedó colgado el proceso contra Donald Trump.

El segundo proceso de residencia se inició bajo el liderato de Al Green luego de los sucesos acaecidos el 6 de enero de 2021. Este es el cuarto proceso de residencia iniciado contra un presidente de los Estados Unidos en la historia de este país. En este segundo intento de juicio político contra Donald Trump, la Cámara de Representantes votó una resolución para iniciar el proceso de residencia. Esta contó con 232 votos a favor y 197 votos en contra. En esta ocasión los cargos a Trump le imputan haber incitado a la insurrección o sedición ese día 6 de enero de 2021.

De acuerdo con la página electrónica de la redacción de BBC News Mundo del 13 de enero de 2021, la resolución aprobada por el Congreso imputa de manera específica a Donald Trump los siguientes cargos: (a) repetir “falsamente que los resultados de las elecciones presidenciales fueron fraudulentos y que no deberían ser aceptados por el pueblo estadounidense ni certificados por las autoridades estatales y federales”; (b) haber reiterado “las falsas alegaciones ante una multitud cerca de la Casa Blanca e, intencionadamente, hizo declaraciones a la muchedumbre que fomentaron, y previsiblemente resultaron en, acciones ilegales en el Capitolio”; (c) que integrantes “de la multitud, incitados por el presidente Trump, irrumpieron ilegalmente y cometieron actos vandálicos en el Capitolio, se involucraron en otros actos violentos, destructivos y sediciosos, incluida la muerte de un agente de las fuerzas de seguridad”; (d) que la “conducta del presidente Trump siguió a sus previos esfuerzos por subvertir o obstruir la certificación de la elección presidencial”; y (e) haber puesto “en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno, amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió con el traspaso pacífico del poder y puso en peligro a una rama de gobierno equivalente.”

La resolución concluía, que el presidente Trump debía ser juzgado políticamente; que debía ser retirado de su cargo; y que debía ser descualificado para ostentar un cargo político futuro. De hecho, una de las consecuencias que establece la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos en su Sección 3, es que quien participe de actos que conlleven insurrección o rebelión, o haya prestado ayuda o proporcionado protección a los enemigos de los Estados Unidos, no podrá ser senador, representante en el Congreso, ni compromisario para elegir al Presidente y Vicepresidente, ni desempeñar cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de los Estados Unidos o cualquier estado de la Unión.

La respuesta al inicio del procedimiento político de residencia por parte del Congreso con mayoría demócrata fue descrito por Trump como una “cacería de brujas”.

El proceso de residencia no corrió con la celeridad que el momento imponía. Ya para el 20 de enero de 2021, desde el punto de vista de su ejercicio como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump era sencillamente historia. Ese día, su sucesor Joseph Biden juraría como nuevo presidente de los Estados Unidos.

Este factor, sin embargo, no anula en sí mismo un proceso de residencia, aunque presenta algunas dificultades. Si bien el proceso contra Trump por los sucesos del 6 de enero puede seguir desarrollando su curso más allá de la terminación de su mandato, lo que de lograrse los votos requeridos le impediría aspirar a cualquier cargo público en el gobierno de los Estados Unidos para las elecciones de 2024; se encuentra el factor político. Nos referimos a la realidad de un Senado donde apenas con el voto de la Vicepresidenta de los Estados Unidos como presidenta del Senado, se rompe el empate entre demócratas y republicanos. La Constitución requiere, para residenciar en este caso a Trump, al menos dos terceras partes de los votos de los integrantes del cuerpo. Esto significaría que al menos 17 senadores republicanos tendrían que cruzar la línea partidista para los demócratas conseguir el número de votos necesarios.

Por esta dificultad es que suponemos, la Cámara de Representantes tomó otra iniciativa, la de un Informe que políticamente rinda el fruto necesario para descartar una futura candidatura del Donald Trump a un puesto electivo.

Un escrito publicado por la página electrónica The Globe and Mail el 2 de enero de 2022, bajo la firma de Thomas Homer Dixon, titulada The American polity is cracked, and might collapse. Canada must prepare, comienza señalando que “para 2025 la democracia americana podría colapsar, causando una inestabilidad política doméstica, incluyendo el esparcimiento de la violencia civil. Para 2030, si no antes, el país podría ser gobernado por una dictadura del ala derecha.”

Entre los datos que resalta el autor se encuentran: (a) que los Estados Unidos se torna cada vez más ingobernable, por lo que expertos creen que podría llegar a una guerra civil; (b) la polarización ideológica entre sectores de derecha e izquierda; (c) la existencia de un culto a la personalidad de Donald Trump, donde éste se proyecta como verdadero patriota y como la persona capaz de defender los valores estadounidenses contra los traidores demócratas; (d) el hecho de que el 70% de los republicanos consideran que les robaron las elecciones de 2020, lo que incluye según las encuestas entre 20 y 30 millones de estadounidenses; (e) el movimiento de los electores considerados “independientes” en las próximas elecciones de medio término al voto por los candidatos republicanos, lo que permitiría a dicho partido el control de la Cámara de Representantes y el Senado; (f) alcanzar en 2022 dicho control, será el punto de partida para el regreso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2024.

Como parte del esquema de la derecha política en los Estados Unidos se encuentra, además, el esfuerzo de los sectores conservadores, supremacistas blancos, fundamentalistas religiosos y partidarios de las políticas anti inmigrantes, ubicados mayormente en el Partido Republicano, dirigidos a obtener el control de los gobiernos y legislaturas estatales.

Indica Homer-Dixon que un segundo término de Trump en la presidencia de los Estados Unidos, llevaría a marginar el liberalismo en los Estados Unidos y a colocar en un plano superior las corrientes de extrema derecha de grupos religiosos, vigilantes y paramilitares. En un país donde hay más de 400 millones de armas de fuego en poder de sus ciudadanos, y donde se propaga la “doctrina de línea dura en materia de seguridad”, se fortalecería el autoritarismo en la sociedad.

Como indicamos, el próximo mes de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de medio término en los Estados Unidos. En ellas todas las posiciones al Congreso estarán sujetas a votación, como también una tercera parte de los integrantes del Senado. Existen serias dudas de si los demócratas retendrán la mayoría en el Congreso  o los escaños que actualmente tienen en el Senado. De lo anterior de deduce que el resultado de esta elección de medio término nos dirá algo en relación al posicionamiento de Donald Trump y el Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024.

De ocurrir, como indica el autor citado, la llamada “democracia americana podría colapsar” y el país podría ser arropado por una dictadura de derecha.

18 de diciembre de 2020

El día 22 de diciembre se cumplirá el 125 Aniversario de la adopción de la bandera de Puerto Rico por la Sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. Los puertorriqueños solemos mencionar, al referirnos a las banderas de Puerto Rico, a dos banderas: la bandera del Grito de Lares y la bandera que hoy conocemos y a la cual nos referimos como la “bonita bandera”, aquella que el trovador Flor Morales Ramos (Ramito) describe en su cantar diciendo “azul, blanca y colorada y en el medio tiene una estrella”. Ambas responden históricamente hablando al reclamo y a la lucha de nuestro pueblo por su libertad e independencia. Tales banderas, sin embargo, aparentan no ser las únicas que nos han representado como pueblo.

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