Columnas

8 de abril de 2022

El 30 de abril del pasado año, en una reflexión que hiciéramos sobre si se perfilaba o no un cambio de rumbo en Perú, apostábamos a un triunfo del candidato de la organización política “Perú Libre”, Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral frente a la candidata de la organización política de derecha “Fuerza Popular”, Keiko Fujimori. Si bien la proyección se cumplió, el resultado de las elecciones arrojó un margen tan pequeño de votos, 44,058 votos (0.25%) en ese universo de 18.7 millones de votantes, que todo anticipaba lo difícil que sería gobernar.

Previamente, el 11 de abril se había llevado a cabo la primera vuelta en las elecciones donde entre los dos candidatos más votados, de los diez que participaron aspirando a la presidencia de Perú, entre ellos, en conjunto, Castillo y Fujimori, apenas alcanzaron el 33% del total de los votos emitidos. Concurrieron entonces a la urnas el 70.5% de los electores habilitados para votar. Perú cuenta con una población que sobrepasa los 33 millones de habitantes.

En estas elecciones también se votó por 130 congresistas, logrando la derecha política alcanzar el triunfo de 85 candidatos, mientras los sectores del centro/izquierda alcanzaron 45 candidatos electos. En ese sentido, la derecha quedó en el control de la rama legislativa, mientras la izquierda, con Pedro Castillo, obtuvo por exiguo margen la presidencia de la república.

La campaña en las elecciones por la presidencia de Perú tomó el giro del discurso de la Guerra Fría. En él, la derecha intentó vincular a Castillo con la guerrilla maoísta desarrollada por Sendero Luminoso en tiempos de la presidencia del dictador Alberto Fujimori, al presente aún preso pendiente de la revisión de su caso por un tribunal internacional tras una condena de 25 años de prisión; con el argumento de que de triunfar Castillo en las elecciones y ser elegido presidente de la República, convertiría a Perú en una segunda Venezuela; que un voto contra Castillo era un voto contra el comunismo, etc.

Por su parte, el programa político al cual respondía Castillo, un maestro de escuela rural que se atrevió a desafiar la oligarquía peruana, los sectores de la burguesía neoliberal y otros componentes de la derecha peruana, se pronunciaba con propuestas de gobierno socialdemócrata; contra corrupción  y el autoritarismo; por una reforma a la Constitución mediante la convocatoria a una asamblea constituyente que reestructurara el Estado peruano y sustituyera la Constitución vigente, heredada de la época del gobierno de Fujimori; la nacionalización de sectores estratégicos de la economía; el incremento  en los recursos  destinados por el Estado a la educación pública y a la salud, incluyendo un plan universal de salud gratuito y de calidad para el pueblo; y finalmente, elevar el nivel de las pensiones de los jubilados.

A pesar de tan loables objetivos en su propuesta de gobierno, la fragilidad en el margen por el cual Pedro Castillo triunfó en las elecciones y el control del Congreso por la derecha del Congreso, se anticipaba que el cambio no sería uno fácil en el camino hacia la transformación de Perú.

La Constitución del Perú fue aprobada en 1993 y entró en vigor en 1994. Además de ser, como indicamos, una Constitución aprobada durante el gobierno de Alberto Fujimori, en ella, la rama legislativa tiene importantes poderes políticos frente a la rama ejecutiva. Esta contrasta con la Constitución de 1979, predicada en reformas sociales que incluyeron la Reforma Agraria, la Ley de las Comunidades Nativas, la enseñanza del quechua añadiéndolo junto al español como idiomas oficiales y el voto a personas analfabetas, entre otros.

La Constitución de 1993 representa su reverso. Se trata de una Constitución que refleja en su contenido la derrota de los movimientos populares y la consolidación de un programa de derecha neoliberal y antidemocrática. Como ha indicado Vicente Otta R.,  la Constitución de 1993 consagró en Perú la desigualdad extrema; sembró y cosechó la corrupción; y vinculó en una trinidad los grandes empresarios mafiosos, con los militares y el sistema judicial.

Tras varios intentos fallidos por parte del Congreso para desbancar al presidente Castillo, inhabilitándolo para ejercer su mandato, en días recientes el presidente está enfrentando una de las pruebas más agudas en su breve presidencia.

Como resultado de un alza en el precio del combustible y los alimentos, miles de transportistas iniciaron en la capital, Lima, y en otras ciudades de la provincia de Callao, protestas que poco a poco se extendieron también a otras regiones del país. En las protestas ya se contabilizan decenas de heridos y varias muertes entre la población y las fuerzas de seguridad. En efecto, este descontento social que en lo inmediato impactó a 10 millones de peruanos, se ha ido ampliando. Ante la situación, el presidente Castillo respondió estableciendo el “toque de queda” que impedía la continuación de las protestas bajo la premisa de evitar la ampliación de los desordenes en las ciudades del país y los enfrentamientos de manifestantes con las fuerzas del  orden público. Se indica que la decisión fue una determinación unilateral del presidente sin la intervención de su gabinete.

Sin embargo, como parte de los reclamos de los manifestantes por el impacto económico del alza, se encuentra la demanda política de que el presidente Castillo renuncie a la presidencia. Se trata de cómo, ante el fracaso de los anteriores intentos por inhabilitar al presidente Castillo y promover su renuncia al cargo, lo que se intentó en vano el Congreso en dos ocasiones, se persigue en estos momentos por la derecha su salida de la presidencia bajo la presión de la movilización social. Ya se habla de la puesta en marcha en Perú de un “golpe blando”.

Perú es uno de los países con gran extensión territorial en América del Sur. Cuenta con una superficie de 1,285,216 Kms.2. Si lo comparamos con la superficie de Puerto Rico, Perú es 141 veces el tamaño de nuestro archipiélago. Colinda al norte con Ecuador y Colombia; al sur con Chile; al este con Brasil y Bolivia y al oeste con el Océano Pacífico. Desde su orígenes como nación independiente, Perú se ha visto sujeta a múltiples crisis políticas, las cuales se han reflejado en la inestabilidad de algunos de sus gobiernos.

La historia política de Perú desde la independencia de España ha sido una plagada de presidentes de los cuales una gran parte han sido militares. Así por ejemplo, desde la independencia en 1823 al presente, Perú ha tenido 65 presidentes a lo que se suman dos personas juramentadas como presidentes que nunca llegaron a ocupar el cargo. Si examinamos el período comprendido entre 1990 y 2021 el número de presidentes ha sido 10. Si se computa los habidos entre 2011 y 2021, es decir en la última década, el número asciende a seis presidentes.

La determinación de Castillo de imponer el toque de queda y en apenas unas horas suspender unilateralmente la medida ha sido criticada como muestra de la improvisación en su gobierno.  Ciertamente, de ser cierta tal premisa, se proyecta como una toma de decisión en la cual no ha tenido participación su gabinete y colaboradores más cercanos. El resultado, de levantar el toque de queda, contrario a lo que el presidente esperaba, aún con su compromiso de amortiguar el incremento del precio en al combustible y los alimentos, ha sido que en lugar de apaciguar la protesta social, la decisión ha sido utilizada por la derecha política para alentar y  generalizar en todo el país mayores movilizaciones exigiendo su renuncia.

Es interesante que para 2017 Castillo era precisamente uno de los dirigentes políticos en el país que mayor poder de convocatoria exhibía en el llamado a marchas y movilizaciones contra el entonces gobierno de derecha y neoliberal en Perú. Se trata del mismo gobierno que pretendió aislar la revolución bolivariana en Venezuela, sumándose a las políticas injerencistas de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), respaldando a Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela; y desarrollando y promoviendo el bloqueo y políticas injerencistas contra este hermano país a través del autodenominado “Grupo de Lima”.

Hay quienes indican que en Perú hay dos países en un solo Estado nacional. De un lado hay un Perú donde están los sectores oligárquicos, la burguesía nacional y los sectores económicos dominantes de ascendencia europea; y el otro Perú, formado quienes integran la base social que respaldó a Pedro Castillo, que es la población pobre en el interior, donde hay mayor presencia de personas que pertenecen a las poblaciones originarias y los llamados mestizos, junto con los sectores obreros y campesinos.

En el caso de Keiko Fujimori, ésta agrupa al sector empresarial, a los sectores políticos anti comunistas y neoliberales, así como también a amplios sectores oligárquicos, ubicados mayormente en las ciudades más pobladas como son Lima y Callao.

El presidente Castillo ha confrontado problemas con mantener unidos a los diferentes sectores que le apoyaron en la contienda electoral. Aparentemente hay profundas diferencias en torno al qué hacer en Perú en las presentes circunstancias. A lo anterior se suma declaraciones desgraciadas y polarizantes de algunos de los integrantes de su gobierno, como las del jefe del gabinete presidencial Aníbal Torres, quien para describir la necesidad de una mayor interconexión vial en Perú, tomó como modelo el desarrollo de autopistas y aeropuertos desarrollado por Hitler en la Alemania nazi; el continuo cambio de ministros y asesores de la presidencia; hasta la semana pasada de dos intentos fallidos en el parlamento por la oposición en ocho meses para destituirle; y la falta de comunicación entre el gobierno y la oposición.

Mientras se fractura la alianza que lleva a la presidencia del país a Castillo, la derecha se percibe unida, anteponiendo su proyecto neoliberal frente al presidente Pedro Castillo.

Ejemplo de lo previamente indicado ha sido la votación alcanzada en el Congreso el pasado 6 de abril, promovida por la congresista Rosselli Amurz del partido Avanza País, en la cual se exhorta al presidente Castillo a renunciar a su cargo. En la resolución aprobada con 61 votos a favor, 43 votos en contra y un abstenido, se le imputa a Castillo “falta de capacidad para diferenciar el bien con el mal”, así como la designación de ministros y funcionarios en el gobierno “afines al terrorismo.”

Jonathan Castro Capahuanca, en una publicación en la sección digital del Washington Post titulada “Post Opina”, de fecha 6 de abril de 2022, señala lo siguiente:

“El problema es que no hay ningún motivo para creer que el oficialismo y la oposición, juntos o separados, puedan enrumbar al país hacia algún mejor futuro. No hay ni agenda mínima común ni mucho menos pacto para una transición a un nuevo gobierno.”

La expectativa en lo inmediato es que las movilizaciones contra el presidente peruano continuarán por lo que dependerá en gran medida de cómo logre rearticular una respuesta unida de la fuerzas que le llevaron al gobierno en la búsqueda de la solución de la crisis. De lo contrario, Castillo será como un ave de paso, como lo fueron otros, en la presidencia del Perú.